La violencia contra las mujeres y niñas es un asunto olvidado para el gobierno de Daniel Ortega. En Nicaragua se registraron 89 feminicidios en 2010. La impunidad de los asesinatos es del 90 por ciento. Con el proceso revolucionario aumentó la brecha de desigualdad de las mujeres.
Agustina Daguerre – Fotos: Aurora Gonzalvez Conde
El triunfo de la revolución sandinista en 1978 trajo al pueblo nicaragüense la esperanza de vivir en un país independiente y ajeno a la dominación de una potencia extranjera, el caciquismo y la dictadura somocista. Sin embargo, como sucedió con otras revoluciones de izquierda, el programa político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) olvidó recoger las demandas de las mujeres que, al igual que sus compañeros de lucha, sacrificaron sus vidas en el intento de hacer realidad la utopía de una nación igualitaria y libre de opresiones.
Tras una década de colaboración con el Frente a través de instituciones como la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional (AMPRONAC), a finales de los ochenta se alzaron las primeras voces disidentes de mujeres militantes, encontraron en el feminismo un discurso de emancipación más congruente con sus demandas que el análisis marxista de clase. Los primeros movimientos de mujeres se articularon fuera de las filas del Frente y formularon su propia agenda construida sobre la decisión irrevocable de que la autonomía de su lucha no podía quedar absorbida bajo el paraguas ideológico del sandinismo.
UN PRESIDENTE MACHISTA
El triunfo de la derecha neoliberal encabezada por Victoria Chamorro en los noventa y la posición crítica de las feministas a la candidatura del Frente, relegó a estas mujeres ya constituidas como un movimiento amplio y diverso a un destierro político y se las acusó de traición a la causa sandinista. El creciente auge de la Iglesia en su versión más dura de Opus Dei durante el gobierno de Chamorro y luego de Arnoldo Alemán, limitó aún más las posibilidades de diálogo y de incidencia política en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos.
Más de treinta años después de la revolución el gobierno actual, encabezado por Daniel Ortega y líder del FSLN, sigue reforzando los mandatos de género con la pretensión de mantener intacta la división sexual del trabajo, la desigualdad y los aportes no monetarios de las mujeres a la economía del país.
El feminismo asiste a una clara criminalización desde que en noviembre de 2006 cientos de mujeres tomaran las calles reclamando la autonomía de sus cuerpos y el derecho a vivir una vida libre de violencia en protesta por la penalización del aborto terapéutico, legal en este país desde hace más de un siglo. La demanda interpuesta contra las 9 defensoras de derechos humanos que se enfrentaron a las instituciones gubernamentales y ayudaron a Rosa a practicarse un aborto -la niña nicaragüense de 9 años violada y embarazada por su agresor en Costa Rica-, puso en alerta a la opinión pública mundial sobre la guerra de baja intensidad iniciada por el gobierno contra las feministas.
Los casos de abuso a menores recientemente documentados en un informe de Amnistía Internacional(1) constituyen otra importante prueba de la violación flagrante de derechos que las mujeres sufrimos desde corta edad. El tabú social que implica la denuncia de los casos de abuso sexual, las coacciones y las amenazas de familiares y agresores pueden en ocasiones más que la voluntad de denunciar de las niñas abusadas, sus madres o abuelas, a sabiendas de que la mayoría de denuncias acaban archivadas por un poder judicial ineficiente, desbordado y con poco personal sensibilizado sobre la gravedad de este tipo de delitos.
Aunque normativamente la regulación en materia de violencia intrafamiliar y sexual ha avanzado mucho gracias a los diagnósticos, líneas de base y protocolos de actuación elaborados por organizaciones locales con la financiación de la cooperación extranjera, a efectos prácticos la violencia sigue siendo una forma común de resolución de conflictos, socialmente aceptada en el ámbito público y privado, y encuentra su máxima expresión en la figura del feminicidio. La fuerte presencia del feminicido en Nicaragua y en todo Centroamérica demuestra la vigencia del patriarcado y “su deseo de control y dominio del cuerpo, subjetividad, sexualidad y vida de las mujeres»(2). Las mujeres convertidas en el imaginario social en un objeto de propiedad, funcionan como válvula de escape a la frustración masculina y la violencia es el instrumento mediante el cual reafirman su posición de poder frente a la pareja subordinada.
“Lamentablemente los operadores de justicia en Nicaragua tipifican los asesinatos de mujeres no como feminicidio o femicidio sino como delitos de homicidio y parricidio”(3) que no contemplan el agravante por motivos de género.
Durante el año 2010 la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) registró el asesinato por motivos de género de 89 mujeres nicaragüenses, de las cuales 77 fueron asesinadas en su país y 12 en el extranjero. Esta cifra contrasta con los datos de la Dirección de la Policía Nacional que tan sólo contabilizó “39 mujeres muertas durante 2010”(4) en Nicaragua.
La fuerte contradicción existente entre las cifras oficiales, los datos recogidos por organizaciones de la sociedad civil y el lenguaje usado por ambos (asesinadas vs. muertas), nos dan pistas de la deficiencia y negligencia imperante a la hora de crear un registro de feminicidios. También nos alerta sobre la brecha existente entre el nivel discursivo de las instituciones y la omisión de su deber de salvaguarda de las mujeres como ciudadanas de pleno derecho.
LOS RASGOS DE LA IMPUNIDAD
La falta de atención a las demandas por violencia de género y de actuación coordinada para la protección de las vidas de las mujeres por parte de las instituciones públicas que conforman la ruta crítica -Policía, Instituto de Medicina Legal y Ministerio Público-, están directamente relacionadas con el aumento de los asesinatos de mujeres (8% más feminicidios que en 2009).
La RMCV ha reclamado al gobierno que es necesario garantizar que todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia, incluidas las mujeres pobres, de zonas rurales, indígenas y afrodescendientes, tengan acceso a instrumentos inmediatos de protección, apoyo, asistencia jurídica y reparación.
Estas demandas sobre un acceso igualitario a la justicia son especialmente relevantes si tenemos en cuenta los altos índices de pobreza y el abandono del poder central de la Región Autónoma del Atlántico Norte, territorio olvidado donde las mujeres mayoritariamente afrodescendientes corren un alto riesgo de caer en manos de redes de narcotráfico y trata. La debilidad de las instituciones de la Costa Caribe y la falta de voluntad política del gobierno central por reforzarlas, amparándose en el carácter autónomo de la región, no hace más que alimentar las condiciones necesarias para que la RAAN continúe ocupando el segundo puesto en las estadísticas de territorios con mayor índice de asesinatos contra mujeres (13%) después de Managua (30%).
En un análisis más detallado de los datos encontramos que de las 89 muertes reportadas, sólo 8 de los asesinos han sido condenados a pesar de que en el 75% de los casos el victimario era una persona conocida por la víctima. El ámbito de agresión por excelencia (58%) sigue siendo el propio hogar y el 48% fueron casos de feminicidio íntimo, el agresor tenía o había tenido una relación sentimental y/o familiar con la víctima.
A la luz de estas cifras, uno de los mayores obstáculos para obtener justicia no es la falta de datos o de pruebas. La forma y las circunstancias en las que tiene lugar el crimen propician que sea relativamente sencillo encontrar pruebas que inculpen a los perpetradores, pero como suceden en un ámbito privado y en el seno de la familia, los poderes del Estado tienden a considerar al crimen un delito menor. Las leves condenas a penas privativas de libertad (entre 6 y 12 años) en los pocos casos en los que se dictan sentencias no absolutorias también indican esta tendencia de la justicia a reforzar la impunidad de asesinos y agresores sexuales. Los victimarios no son desconocidos, locos, ni enfermos, drogadictos, psicópatas que asaltan a las mujeres en noches oscuras y callejones desolados, son hombres cercanos a las víctimas cuyo comportamiento es silenciado por otras y otros miembros de la familia o comunidad.
Uno de los datos más espeluznantes recogidos por el informe es que el 10% de las víctimas eran niñas con edades comprendidas entre 1 y 10 años. Fueron violadas, torturadas como forma de venganza y/ o castigo por el comportamiento de sus madres. Estos casos tienen repercusión en los medios de comunicación pero aparecen en la sección de “Sucesos” y en un tono de corte amarillista, se hace hincapié en la barbarie o monstruosidad del hecho, (ver por ejemplo “Depredador sexual machetea a menor»(5)) sin brindar una mínima reflexión sobre el problema de salud y seguridad pública que implica este tipo de violencia endémica hacia las mujeres.
LA IMPORTANCIA DE DOCUMENTAR
El fuerte componente de misoginia común a estos crímenes se pone de manifiesto en la crueldad y ensañamiento con la que se cometen los asesinatos producidos con armas cortopunzantes (34%), armas de fuego (29%) o mediante el uso de fuerza física, golpes, garrotazos (20%). La mujer es así reducida en el imaginario del maltratador a un cuerpo sin subjetividad para su uso y disfrute, susceptible de ser sometido a todo tipo de maltrato y vejaciones. Este componente de ensañamiento es uno de los rasgos definitorios del rito que suele acompañar a los casos de feminicidio y que lo diferencian del mero homicidio o asesinato, término preferido por el Estado y las instituciones públicas.
La documentación del feminicidio que la RDMV sistematiza desde el año 2004, es un ejemplo del poder de transformación que las mujeres tienen cuando autoproclamadas como sujetos políticos, articulan sus acciones políticas de manera coordinada, organizada y desde una perspectiva crítica. Su tarea consiste en visibilizar el poder patriarcal que esconde la apariencia de objetividad y neutralidad de las instituciones. Estos informes dan muestra de la importancia del trabajo en red, la defensa del derecho a la vida y la lucha contra la impunidad fomentada por un Estado negacionista, legitimador de la inequidad y cómplice del feminicidio.
(1) – www.amnesty.org
(2) – Red de mujeres contra la violencia
(3) – Ib idem
(4) – www.end.com.ni
(5) – www.elnuevodiario.com.ni