Cataluña – Análisis de datos estadísticos de 2016 sobre violencia de género del CGPJ

Análisis de datos estadísticos de 2016 sobre violencia de género del CGPJ en Cataluña
Análisis de datos estadísticos de 2016 sobre violencia de género del CGPJ en Cataluña

María del Mar Daza Bonachela

Diseño: Francisco Gatica

Feminicidio.net – 2017


1. Introducción

A nivel estatal hemos realizado un Análisis de datos estadísticos de 2015 sobre violencia de género del CGPJ donde examinamos la actuación de la justicia en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 (Daza-Feminicidio.net, 2017). Allí presentamos con mapas y gráficos una panorámica detallada de lo que ocurrió en cada territorio del Estado español –por Comunidades Autónomas, provincias y, en varios apartados, por partidos judiciales– con las denuncias de las víctimas, sus demandas de protección y, en definitiva, con los procesos penales: el sentido de la sentencia, condenatoria o absolutoria, y cómo actuó la justicia frente al incumplimiento de penas y medidas de protección.

El Avance de Informe sobre los datos de 2016 analiza estos siguiendo la misma estructura, aunque sin descender al detalle del partido judicial, del análisis de datos del CGPJ de 2015. Con estos estudios pretendemos proporcionar una herramienta que facilite en cada territorio del Estado español detectar los aciertos pero especialmente los principales fallos, que los hay y muy graves, en el tratamiento de la violencia de género por parte de la justicia.

El presente informe centra el estudio en los datos sobre el tratamiento judicial de la violencia de género en Cataluña en 2016, atendiendo a su evolución interanual (2010-2016) y, para entenderlos, contextualizados con los datos de los análisis de los datos del Estado español mencionados en el párrafo anterior.

2. Denuncias por violencia de género y cifra negra

Para valorar los datos sobre denuncias los relacionamos con la población. El número de denuncias por cada 10.000 mujeres habitantes nos aporta una proporción útil por ser comparable a lo largo del tiempo y entre distintos territorios.

En el informe de 2015 indicamos que los datos allí considerados sobre la evolución de la tasa de denuncias, desde 2002, “muestran que, coincidiendo con la visibilización de la violencia contra las mujeres en la relación de pareja y la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, se produjo un importante incremento en la tasa de denuncias aflorando una parte de la cifra negra de criminalidad en este ámbito”. Gran cifra negra de criminalidad que atestigua el elevado número de casos de víctimas de feminicidio íntimo que nunca habían denunciado (el 73,77% de media, entre 2010 y 2016, a nivel estatal) a pesar de que el feminicidio es el extremo letal de un continuum de violencia (Kelly, 1988; Russell y Radford, 2006; Muñoz Cabrera, 2011; ONU Mujeres-OACNUDH, 2014; Castellanos y Ranea, 2014; Atencio, 2015; Gimeno, 2015; Salas Ramírez, 2016; y otras). Al menos una porción de dicha afloración fue debida a la propia Ley Integral y las reformas penales y procesales que la precedieron -en particular el reconocimiento legal expreso de la posibilidad de adoptar medidas cautelares penales para la protección de las víctimas en 1999 y la regulación de la Orden de Protección en 2003-. Esas reformas legales dotaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Justicia de nuevas herramientas para acabar con la anterior inacción que con frecuencia encontraba una mujer cuando acudía a denunciar a su marido o compañero por maltrato. El año con mayor tasa de denuncias a nivel estatal fue 2008, iniciándose en 2009 un descenso que coincide en el tiempo con la amplia difusión del discurso de las denuncias falsas, y otros retrocesos (como el supuesto SAP), debidos a la reacción patriarcal frente a aquéllos avances en la lucha contra la violencia de género (Daza, 2011).

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2.1. Denuncias en Cataluña

Este informe abarca el período 2010 a 2016. Durante el mismo la tasa de denuncias por violencia de género en Cataluña disminuyó desde 2010 (con 49,81 denuncias por cada 10.000 mujeres habitantes) a 2013 en que alcanzó el mínimo del período (44,79), lo que también sucedió en el Estado español. En 2014 se inició un cambio de tendencia, comenzó a subir la tasa hasta alcanzar, en 2016, las 51,10 denuncias por cada 10.000 mujeres habitantes. Esta tasa se ha mantenido todos estos años varios puntos -desde casi 6 a más de 9- por debajo de la media estatal española (que subió de 54,43 denuncias por 10.000 mujeres habitantes en 2015 a 60,24 en 2016).

Por provincias la tasa de denuncias más elevada es la de Tarragona, que hasta 2015 fue superior a las medias estatales. Le siguen Girona y Barcelona, con tasas inferiores a las medias estatales y catalanas todos los años.
En la provincia de Lleida es donde menos denuncias por 10.000 mujeres habitantes se formularon estos años, excepto en 2012, que fue en Barcelona donde menos hubo menos denuncias.

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La evolución hacia un aumento en la tasa de denuncia es un dato que cabe valorar positivamente, por indicar menor resistencia o temor a denunciar y un incremento en la confianza hacia la justicia. Y al contrario, la tendencia a la disminución de las denuncias, puede estar relacionada a un temor y pérdida de confianza en la justicia.

El otro factor que afecta al aumento en la tasa de denuncias en un territorio también responde a que existe un mayor nivel de violencia en el mismo.

2.2. Prevalencia de denuncias en el Estado español

– Si observamos la situación del Estado español por CCAA, la tasa de denuncias de Cataluña en 2016 está entre los valores medio-bajos. Los índices más altos de denuncias se dieron en la Ciudad Autónoma de Melilla (97,26 denuncias por cada 10.000 mujeres habitantes) y en las CCAA de Baleares (94,66), Murcia (86,18), Canarias (82,73) y Comunidad Valenciana (77,11); y los más bajos en Castilla y León (37,34), Galicia (40,34), Ceuta (41,75) y Euskadi (42,41).

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Por provincias, Barcelona, Tarragona y Girona se encuentran en la parte baja del tramo de valores medios, y Lleida en la alta de los medio-bajos.

A nivel estatal los valores mínimos se dan en Salamanca (18,16), Soria (24,30), Huesca (26,21), Teruel (28,31) y Ávila (29,80 denuncias por cada 10.000 mujeres); y los más altos, además de las mencionadas Ciudad Autónoma y CCAA uniprovinciales, en Las Palmas (87,35), Granada (83,64), Málaga (81,12), Alicante (81,01) y Valencia (79,59).

2.3. ¿Quién denuncia?

  • Intervención policial directa: la proporción de asuntos iniciados debido a la intervención policial directa tuvo su mínimo en Cataluña en 2014, y ha ascendido en los últimos dos años en detrimento de las denuncias formuladas por las víctimas. En 2016 fue la vía de inicio de un 17,59% de los casos (más de un punto por encima de la ratio estatal, de 16,53% de denuncias incoadas por la Policía).
  •  Víctima: en Cataluña el porcentaje de denuncias directamente formuladas por las víctimas se mantuvo estable entre 2010 y 2014 en algo más del 76%. En 2015 y 2016 se ha reducido, hasta el 69,47% (a nivel español en 2016 las víctimas formularon el 69,14% de las denuncias, porcentaje que varía muy poco respecto del año anterior; el máximo a nivel del Estado español fue el 73,02% en 2010).
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  • Familiares: La implicación de las familias a la hora de denunciar las situaciones de violencia es reducida pero se ha incrementado ligeramente cada año, desde el 1% de 2010 al 2,77% de 2016 (porcentaje superior al de implicación de familiares en la media del Estado español en 2016, 1,44%).
  • Servicios asistenciales y terceros: Igualmente, la implicación de servicios asistenciales y terceros en la denuncia de situaciones de violencia de género es muy reducida, pero muy lentamente va ocupando un pequeño espacio entre el total de las denuncias formuladas. En 2016 es del 1,60% (1,14 puntos porcentuales por debajo de la media del Estado español).
  • Parte de lesiones: La proporción de asuntos iniciados por parte de lesiones de los servicios sanitarios al Juzgado también va ascendiendo muy ligeramente desde 2010 a 2015, y baja en 2016. A nivel estatal estuvo en torno al 11% hasta 2015, y también bajó en 2016 al 10,15%.
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– Por provincias vemos que donde menos denuncias formulan las víctimas en proporción al total de denuncias es en Barcelona, 67,87%, mientras que en Lleida es donde proporcionalmente lo hacen más (80,15%) –aunque en proporción a las mujeres habitantes en cada provincia vimos en el primer gráfico que denuncian más mujeres en Tarragona y Girona que en Barcelona y Lleida–.

La proporción de denuncias incoadas por intervención policial directa es mayor en Girona (21,82%) y Barcelona (18,69%) que en Tarragona (9,77%) y Lleida (9,73%).

En Barcelona (9,32%) y Tarragona (9,05%) es también donde proporcionalmente más procesos se inician por partes de lesiones al Juzgado en 2016.

La implicación familiar a la hora de denunciar es mayor en Lleida, 6,39% de las denuncias, y prácticamente inexistente en Girona, 0,05% de las denuncias (a nivel estatal es del 1,44%).

3. Renuncias al proceso

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El porcentaje de renuncias al proceso por parte de las víctimas en 2016 en Cataluña fue del 12,58%, y en 2015 del 13,17%; con valores más elevados en el último bienio que durante los dos años anteriores (9,91% en 2014 y 10,51% en 2013).

El porcentaje de renuncias es bastante más elevado en Tarragona (18%) y Girona (17,08%) que en Lleida (12,60%) y Barcelona (11,15%).

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3.1. Renuncias en el resto del estado español

En los dos últimos años, 2015 y 2016, los porcentajes de renuncias en Cataluña están más de un punto por encima de la media estatal española (esta se mantuvo bastante estable, cerca del 12%, entre 2010 y 2015, si bien aumentó de 2012 a 2014, y bajó en los dos años siguientes más de medio punto cada año, llegando en 2016 al 11,28%).

– A nivel estatal las CCAA con menos renuncias de la víctima al proceso en 2016 fueron Extremadura (3,80% de las denuncias), Baleares (5,14%) y Galicia (5,53%). Y el territorio con mayor porcentaje de renuncias en 2016 es Melilla, con una proporción de renuncias elevadísima (47,93%). Las CCAA donde más víctimas renunciaron a continuar en el proceso en 2016 fueron Asturias (16,96%), La Rioja (16,09%), Comunidad Valenciana (14,19%) y Madrid (13,88%), seguidas de Cataluña y Castilla y León (ambas con el 12,58%).

– Por provincias los porcentajes de renuncias más bajos se dieron en Palencia (0%), Araba/Álava (1,36%), Cáceres (2,96%) y Granada (3,94%). Las provincias donde más renuncias de las víctimas se registraron en 2016 fueron Castellón (23,96%), Salamanca (21,73%), Burgos (20,71%), Soria (19,44%), Tarragona (18%), Girona (17,08%), Bizkaia (16,91%) y la Rioja (16,09%).

3.2. Sobrerrepresentación de mujeres extranjeras en las renuncias

Con este título nos referimos a la diferencia en cada territorio entre el porcentaje de mujeres extranjeras que renuncian a continuar en el proceso y el porcentaje de mujeres extranjeras entre la población de mujeres registrada por el INE.

La sobrerrepresentación media de las renunciantes extranjeras (en relación con la población de mujeres) en 2016 es del 27,01% en Cataluña, y a nivel estatal del 25,71% (en 2015 fue más elevada: el 28,35% de sobrerrepresentación de mujeres extranjeras entre las renunciantes en Cataluña, y el 27,77% a nivel estatal).

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– Los índices de sobrerrepresentación más elevados de mujeres extranjeras entre las renunciantes en 2016 se produjeron en las Ciudades Autónomas de Ceuta (70,41%) y Melilla (47,85%), y en las CCAA de La Rioja (40,25%), Euskadi (37,24%) y Navarra (32,55%).

Cataluña si prescindiéramos de los elevados valores de las Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla, se encontraría en este concepto en la parte alta de la tabla tras La Rioja, Euskadi, Aragón, Navarra y Madrid.

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– Las provincias con mayor sobrerrepresentación fueron Araba/Álava (50,84%), Soria (44,85%), Huesca (42,07%), La Rioja (40,25%) y Bizkaia (39,52%). Dentro de Cataluña la provincia que presenta un valor menor es Tarragona.

Los porcentajes de sobrerrepresentación elevados de mujeres extranjeras entre las que renuncian a continuar con el proceso pueden ser reflejo, entre otras razones, de una especial desatención a las mujeres víctimas de violencia de género extranjeras en los territorios donde se producen.

4. Denuncias archivadas

El porcentaje de denuncias archivadas en Cataluña en 2016 fue del 46,98%, más de seis puntos por encima de la media estatal española (40,80%).

En todo caso las cifras de archivo son tremendas: casi el 41% de las víctimas que formulan denuncia, a nivel estatal, y el 47% en Cataluña, encuentran la negación como respuesta a su denuncia de la situación de violencia de género que viven.

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En Cataluña se sobreseyeron en 2016, es decir, se archivaron, 9.182 casos de un total de 19.546 denuncias. De ellas 8.011 (el 87,25%), se archivaron por “no resultar justificada la perpetración del delito”. A nivel estatal una cifra bastante cercana, el 86,42% de los archivos, se debió a la mencionada causa que, en definitiva tiene mucho que ver con no creer a las víctimas, porcentaje similar al de 2015 (86,19% de los archivos).

Ceuta (27,01% de las denuncias) y La Rioja (33,91%) fueron los territorios donde menos denuncias se archivaron en 2016. En el extremo opuesto, en Melilla se archivaron el 69,83% de las denuncias y en Galicia el 56,68%. Cataluña está en la zona media en este indicador.

En otras ocho CCAA la justicia archiva más del 40% de las denuncias: Cataluña (como hemos señalado, casi el 47%), Baleares, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra y Madrid.
Por provincias, en Cataluña es especialmente preocupante la situación en Girona, donde se archivan el 58,37% de las denuncias.

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En un análisis más pormenorizado, por partidos judiciales (PJ), en Cataluña hay 30 que sobrepasan la media catalana en archivos.

3 PJ: El Vendrell, Solsona y Cerdanyola del Vallès, archivan más denuncias de las que incoan (esto es posible porque archivan casos atrasados de años anteriores). Otros 14 PJ archivan las denuncias de violencia de género por encima del 60%, todos ellos de las provincias de Barcelona y Girona, y entre ellos la capital Girona y varias ciudades importantes, que constan en el cuadro, con sus porcentajes de archivo.

5. Órdenes y medidas de protección

Para obtener una imagen completa de la situación de protección o desprotección de las víctimas en los distintos territorios hay que atender, en primer lugar, a cuántas solicitudes se realizan, tanto de órdenes de protección (OP, art. 544 ter LECr.), como de medidas penales (vía art. 544 bis LECr.), o la suma de unas y otras, y a cuántas se adoptan (positivo) o, por el contrario, cuántas se inadmiten y deniegan (negativo).

A nivel estatal en 2016 se incoaron 28.000 órdenes de protección, es decir, se solicitaron en el 19,60% de las denuncias (en 2015 fue en el 28,09%); también se solicitaron medidas por la vía del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en otros 9.946 casos. En total se solicitó medida u OP en 37.946 casos (el 26,55% de las denuncias). Como en el resto de datos, también en cuanto a la solicitud de OP hay importantes variaciones por territorios: los mínimos se dieron en Baleares (11,85%), Melilla (12,41%) y Comunidad Valenciana (12,95%) y los máximos en Ceuta (75,29%), Castilla-La Mancha (30,59%) y Asturias (27,30%).

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En Cataluña durante el año 2016, entre las 19.546 denuncias formuladas, se solicitaron órdenes o medidas de protección en 5.406 casos (en el 27,66% de las denuncias); fueron 4.887 OP (90,4% de las solicitudes), y 519 medidas penales (9,6% de las solicitudes). Se inadmitieron 180 solicitudes (3,33%), se denegaron 2.922 (54,05%) y se acordaron solamente 2.304 (42,62%).

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5.1. Evolución en Cataluña por provincias

En Cataluña existe un fuerte contraste entre provincias en estos datos, que son muy relevantes para determinar cómo está tratando la Justicia a las víctimas y en qué medida las protege –cosa que sucede con más frecuencia en Lleida– o, por el contrario, las desprotege –como ocurre en la mayor parte de los casos en Barcelona, Girona y Tarragona–.

• Barcelona
En Barcelona se acordaron en 2016 únicamente el 34,90% de las órdenes y medidas de protección solicitadas. Dicho de otro modo: en 2016 la Justicia en la provincia de Barcelona desprotegió al 65,1% de las víctimas que solicitaron protección. En los años anteriores la situación era aún peor (solo un 31,15% de protección acordada en 2015, y 26,78% en 2014).

Considerando la media del período 2010-2016 en Barcelona se dio protección únicamente al 33,74% de las víctimas que la solicitaron, podemos concluir por tanto que en Barcelona se desprotege a la inmensa mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género.

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• Girona
En Girona se acordaron en 2016 únicamente el 43,18% de las órdenes y medidas de protección solicitadas. En 2016 la Justicia en la provincia de Girona desprotegió al 56,82% de las víctimas que solicitaron protección. En los años anteriores la situación era peor (solo un 38,80% de protección acordada en 2015, y 31,87% en 2014).

Considerando la media del período 2010-2016 en Girona se dio protección únicamente al 40,04% de las víctimas que la solicitaron. En Girona también se desprotege a la gran mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género.

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• Lleida
En Lleida se acordaron en 2016 el 89,51% de las órdenes y medidas de protección solicitadas. Como el resto de indicadores, el relativo a las órdenes de protección revela que las mujeres víctimas de violencia de género reciben, en general, mucho mejor trato en la provincia de Lleida que en el resto de Cataluña.

Incluso en Lleida es perceptible la presión de la reacción patriarcal, en el descenso entre los años 2013 y 2015 de la proporción de órdenes y medidas de protección acordadas, si bien allí los datos revelan que funciona mejor la Justicia y la reacción machista ha tenido un efecto mucho más leve que en el resto de Cataluña.

Considerando la media del período 2010-2016 en Lleida se dio protección al 84,83% de las víctimas que la solicitaron. Allí se protege a la mayoría de las mujeres víctimas de violencia.

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• Tarragona
En Tarragona se acordaron en 2016 únicamente el 40,15% de las órdenes y medidas de protección solicitadas. Por tanto, en 2016 la Justicia en la provincia de Tarragona desprotegió al 59,85% de las víctimas que solicitaron protección. En Tarragona la situación fue bastante peor al final de la década anterior y en los primeros años de esta, de 2009 a 2013; los porcentajes de protección acordada fueron: 23,96% en 2009; 25,32% en 2010; 29,34% en 2011; 29,50% en 2012 y 35,37% en 2013. En 2014 y 2015 hay un avance importante, hasta superar el 46% las órdenes y medidas de protección acordadas, que se revierte en parte en 2016.

Considerando la media del período 2010-2016, en Tarragona se dio protección únicamente al 35,99% de las víctimas que la solicitaron. Como en Barcelona y Girona, en Tarragona se desprotege a la gran mayoría -64,01% en dicho período- de las mujeres víctimas de violencia.

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En toda Cataluña, excepto en Lleida, la situación de partida no era buena –en Tarragona era muy mala– y la reacción patriarcal contra los avances en la lucha frente a la violencia de género han hecho mella obstaculizando la correcta aplicación de la legislación vigente para atajar la violencia contra las mujeres en el ámbito de la relación de pareja/expareja.

Del mismo modo que sucedía con los archivos, si miramos con detenimiento a los partidos judiciales que menos OP acuerdan en 2016, a las peores cifras, encontramos que 18 PJ tienen porcentajes de OP no acordadas por encima de la media catalana. Están todos en las provincias de Barcelona y Girona, entre ellos se encuentran los de ambas capitales, y 13 PJ (el de Girona, junto a Berga, La Bisbal D’Empordà, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Martorell, Mataró, Rubí, Sant Feliu de Guixols, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Farners, Terrassa y Tortosa) son también de los que más denuncias archivan. Constan en el cuadro, junto a los porcentajes de víctimas que desprotegen.

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6. Sentencias

En 2016 a nivel estatal la cantidad de hombres enjuiciados entre Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) y Juzgados de lo Penal (JP) supone el 32,87% de las denuncias. De media estatal, el 13,51% fueron enjuiciados en los JVM y el 19,36% en los JP.

Atender al porcentaje de condenados en función del número de denuncias por CCAA y por provincias nos indica los territorios (en los que además se repiten datos problemáticos en distintos indicadores), donde peor se trata la violencia de género, que los mapas nos muestran en rojo, de forma muy clara.

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Si sumamos las condenas en las Audiencias Provinciales (AP), en el 21,85% del total de denuncias hubo sentencia condenatoria: el 11,07% las dictaron los JVM; el 10,62% fueron de JP, y el 0,16% las dictaron AP.

En Cataluña en 2016 los JVM enjuiciaron proporcionalmente a menos hombres denunciados por violencia de género (solo al 9%), y condenaron nada más que al 6,87% en relación con el total de denuncias. Los Juzgados de lo Penal y las AP enjuiciaron proporcionalmente más casos que en el resto del Estado, y en relación con los casos enjuiciados condenaron menos. Se entiende más claramente con ayuda de la tabla.

En el conjunto del Estado español, los JVM condenaron en el 81,95% de los casos que enjuiciaron; los JP condenaron en el 54,87% de los casos que enjuiciaron, y las AP condenaron al 80,90% de los enjuiciados en ellas. En Cataluña los porcentajes de condena respecto de los enjuiciados son bastante más reducidos que en el Estado español en los tres ámbitos.

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A nivel estatal los porcentajes más bajos de condena en 2016 se dan, junto a la Ciudad Autónoma de Melilla, en las CCAA de Madrid y Cataluña. En ellas entre JVM y JP condenan solo al 14,14%, y el 18,59%, respectivamente, respecto del total de denuncias.

Por provincias dentro de Cataluña, al igual que el resto de indicadores, son muy grandes las diferencias. Los datos de condena en Barcelona (donde las condenas suponen el 16,90% de las denuncias) y Girona (17,08%) están muy por debajo de los de Lleida (37,12%); y Tarragona se encuentra en posición intermedia (22,50% de condenados respecto del total de denuncias).

7. Quebrantamientos de medidas de alejamiento y prohibición de comunicación

En Cataluña se registraron en 2016 un total de 3.047 delitos de quebrantamiento (mucho más del doble -256%- que el año anterior, que fueron 1.190). Estos delitos guardan una proporción con el total de denuncias registradas del 19,42%. En 2015 el dato fue del 8,66%, con una diferencia muy considerable entre las distintas provincias: Lleida, con 14,38%, tenía cerca del triple que Barcelona y Girona (5,58% y 5,14% respectivamente) y Tarragona se encontraba en posición intermedia (9,54%). La cifra de quebrantamientos registrados por cada 10.000 mujeres habitantes en 2016 es de 7,97 (en 2015 fueron 3,12).

Un cambio muy similar sucede a nivel estatal. En 2016 se han registrado 20.469 delitos de quebrantamiento (más del doble que el año anterior, que fueron 8.733). Estos delitos guardan una proporción con el total de denuncias registradas del 14,32% (en 2015 el dato fue de un 6,76%).

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Este incremento de 2015 a 2016 de los quebrantamientos puede indicar tanto una mejora en la persecución de este delito y en el interés judicial en la protección de las víctimas, como también, en algunos territorios, en su registro (además de que puedan existir variaciones territoriales, de momento difíciles de determinar, en la comisión del quebrantamiento pues, como sucede con la violencia de género, también en los quebrantamientos hay una cifra negra muy considerable). Territorios como la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Ceuta o la provincia de Sevilla, que en 2015 presentaban tasas bajísimas en quebrantamiento, en 2016 parecen haber trabajado para corregir la situación de subregistro y/o falta de persecución de este delito.

Por CCAA los mayores porcentajes de quebrantamientos en proporción a las denuncias, se registraron en Cantabria (34,70%), Ceuta (22,99%), Asturias (20,75%) y Euskadi (19,90%).

Cataluña, con el mencionado 19,42%, está en la parte alta del tramo medio. Barcelona, con un 13,43% de quebrantamientos respecto del total de denuncias, es la provincia catalana en la que menos se persigue este delito.

8. Conclusiones

Como conclusión general, a lo largo del informe hemos constatado que los datos de Cataluña reflejan un tratamiento judicial de la violencia de género muy deficiente, excepto en la provincia de Lleida donde las víctimas reciben un trato mucho más adecuado a la realidad y necesidades de las víctimas..

Denuncias
Computamos la tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres habitantes y su evolución interanual. La tasa media en Cataluña es más reducida que la media estatal: 51,10 denuncias por cada 10.000 mujeres, un poco menor en Lleida (48,94) que en el resto de provincias.

A nivel estatal la tasa máxima de denuncias desde 2002 se produjo en el año 2008, con 60,97. De 2008 a 2013 se redujo hasta alcanzar un mínimo de 52,18; en 2014 empezó a cambiar la tendencia, y en 2016 la subida es más clara y alcanza las 60,24 denuncias por cada 10.000 mujeres.

Renuncias
La tasa de renuncias en Cataluña ha sido del 12,58%, más de un punto por encima de la media estatal.

A nivel estatal el porcentaje de renuncias de la víctima, que en años anteriores se mantenía alrededor del 12%, por segundo año consecutivo se reduce más de medio punto: desde el 11,86% de 2015 y baja al 11,28% en 2016. También en Cataluña ha bajado más de medio punto, desde el 13,17% de 2015 al 12,58% de 2016..

Archivos
En Cataluña se archivaron en 2016 el 46,98% de las denuncias, más de seis puntos por encima de la media estatal, y casi un punto por debajo del porcentaje de 2015 en Cataluña (47,89%). A nivel estatal se archivaron en 2016 el 40,80% de las denuncias, empeorando la cifra del año anterior (40,07%). El porcentaje de archivo de Lleida está por debajo de la media estatal, y las otras tres provincias por encima, dando Girona las peores cifras (58,37% de denuncias archivadas).

Órdenes y medidas de protección
En Cataluña se solicitaron durante el año 2016 un total de 5.406 solicitudes de órdenes y medidas de protección, en el 27,66% de las denuncias. El 3,33% se inadmitieron, el 54,05% se denegaron y sólo se acordaron el 42,62%. Las peores cifras son las de Barcelona (34,90%) y Girona (43,18%), con Tarragona en posición intermedia (57,74%) pero menor a la media estatal (64,20%); y un porcentaje del 89,51% de OP y medidas de protección acordadas en Lleida, superior a la media estatal.

En 2016 en el conjunto del Estado se solicitaron órdenes o medidas de protección en 37.956 denuncias, el 26,57% (en 2015 se pidió en el 28,09%). En el 19,60% fueron OP (28.000) y en el 6,97% medidas penales por la vía del art. 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (9.956).

Con respecto al total de denuncias, en Cataluña se otorgó protección a las víctimas en el 11,79%. En el conjunto del Estado fue el 17,05% de los casos (11,67% OP y 5,38% medidas solo penales). Según los datos del CGPJ, en 2015 se aprobaron el 57,38% de las órdenes y medidas de protección, por lo que en 2016, con 64,20%, este aspecto ha mejorado.

Condenas
En Cataluña entre JVM, JP y AP dictaron sentencia condenatoria en el 18,83% de las denuncias. A nivel estatal recayó sentencia condenatoria en el 21,85% de las denuncias.

Según el desglose en unos juzgados y otros:
– En los JVM condenaron al 76,35% de los enjuiciados, cifra 5,6 puntos por debajo de la media estatal (81,95%). El 6,87% del total de denuncias (a nivel estatal el 11,07%).
– En los Juzgados de lo Penal condenaron al 45,04% de los enjuiciados de los sometidos a juicio, 9,83 puntos por debajo de la media estatal: 54,87% (11,72% respecto del total de denuncias).
– En las Audiencias Provinciales condenaron al 73,02% de los enjuiciados, 7,97 puntos por debajo de la media estatal (80,99%).

Quebrantamientos
Tanto en Cataluña como a nivel estatal en 2016 se registra un incremento espectacular en la cifra de delitos de quebrantamiento registrados, en todas las provincias, pero especialmente en las de Barcelona, Girona y Tarragona, que en 2015 prestaron muy poca atención a las situaciones de incumplimiento por los victimarios de las prohibiciones de acercamiento y de comunicación con las víctimas.

El análisis de los datos del Consejo General del Poder Judicial que hemos realizado sobre el tratamiento de la violencia de género en 2016 a nivel estatal señala una mejora limitada, en el seguimiento del quebrantamiento, y también en el resto de ítems analizados, que consideramos relacionada con la labor desempeñada por el movimiento feminista, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación comprometidos con la erradicación de las violencias machistas. Dichos seguimiento, vigilancia y pedagogía poco a poco va calando en la sociedad. Se trata de una labor de control externo, atención, sensibilización social y formación, en necesaria interacción con las instituciones, más fluida o complicada en función del compromiso político que estas asuman con la igualdad, pero en todo caso imprescindible, en la que debemos persistir y profundizar.

En Cataluña esas mejoras son perceptibles únicamente en Lleida, donde la norma es el buen trato a las víctimas, pero no en las demás provincias. Especialmente en Barcelona y Girona la Justicia está tratando muy mal a las mujeres víctimas de violencia de género.

Abreviaturas

AP – Audiencias Provinciales
CCAA – Comunidades Autónomas
CGPJ – Consejo General del Poder Judicial
DO – Datos oficiales
INE – Instituto Nacional de Estadísticas
JVM – Juzgados de Violencia sobre la Mujer
JP – Juzgados de lo Penal
OP – Órdenes de protección

Bibliografía

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Atencio, Graciela (Ed.), Messuti, Ana, Laporta, Elena, Gimeno, Beatriz, et al. (2015): Feminicidio. De la categoría político-jurídica a la Justicia Universal, Los libros de la Catarata, Madrid.

Carcedo, Ana y Sagot, Montserrat (2000): Feminicidio en Costa Rica 1990-1999. Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, Colección Teórica, San José, Costa Rica (1–84) http://mujeresdeguatemala.org/wp-content/uploads/2014/06/Femicidioen-Costa-Rica.pdf.

Castellanos Torres, Esther y Ranea Triviño, Beatriz (2014): “La perspectiva de género y de los derechos humanos en el análisis de la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Una aproximación desde la voz de las propias mujeres.” Dilemata, 16 (161–179). http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/333.

CGPJ: Datos estadísticos. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/
– (2017): “La violencia sobre la mujer en la estadística judicial: Anual 2016”
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial–Anual-2016
– Servicio de búsqueda online http://www6.poderjudicial.es/

Daza Bonachela, María del Mar (2011): “Violencia de género: Avances y retrocesos desde una perspectiva victimológica”, Artículos Científico-Técnicos, II Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres, DGVG-JA., 2011: 30-40. http://bit.ly/2mtz8Nj

Grupo de expertas y expertos en violencia doméstica y de género del CGPJ (2016): Guía Práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Observatorio contra la violencia doméstica y de género http://bit.ly/2hWbTb9

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Fichas de Víctimas Mortales por Violencia de Género, Mujeres. Portal Estadístico. http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm

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