Análisis de datos estadísticos del CGPJ sobre violencia de género 2017

María del Mar Daza Bonachela

Diseño: Francisco Gatica


1. Introducción

Este es el tercer año que en Feminicidio.net analizamos los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial sobre el tratamiento judicial de la violencia de género en España(1).

En el Informe de 2015 analizamos los datos sobre feminicidios con denuncia previa, e hicimos una revisión exhaustiva de la actuación de la Justicia española en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004. Sistematizamos los datos para presentarlos de forma accesible, fácilmente inteligible, y expusimos una panorámica detallada de lo que ocurrió en el Estado y en cada territorio con las denuncias de las víctimas, sus demandas de protección, las sentencias y los incumplimientos de las penas y medidas de protección, con mapas y cuadros por Comunidades Autónomas, provincias y, en varios apartados, por partidos judiciales. Dicho análisis forma parte del Informe sobre Feminicidio en España 2015. Se presentó en Oviedo, Madrid, Sevilla y Málaga, se entregó por la directora del proyecto, Graciela Atencio, en su comparecencia ante la Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado contra la violencia de género; y Nerea Novo lo llevó a la reunión del Comité Académico de Naciones Unidas, ACUNS, celebrada en Viena en 2017(2). 

Estos trabajos sirven como herramienta para detectar las bondades, pero especialmente los fallos del sistema en distintos territorios, que los hay y muy graves. Y nuestra pretensión, o nuestro deseo, es que sean útiles también como acicate para corregirlos. 

El “Avance de informe 2016”(3), siguió la estructura del informe 2015, aunque no tuvimos tiempo para descender al nivel de partidos judiciales, y observó la evolución de datos interanuales. En el informe 2017 continúa la línea de los anteriores, pero se bifurca el análisis en dos capítulos: un estudio sobre los “Feminicidios con denuncia, o con noticia previa. Recursos y raseros”, pues la materia requiere desarrollo específico, y este análisis de los datos sobre el tratamiento judicial del conjunto de denuncias por violencia de género (en el sentido restringido de la LO 1/2004).

 

2. Denuncias por violencia de género

En 2017 los Juzgados de Violencia de Género españoles recibieron 166.260 denuncias. Denunciaron 158.217 mujeres (69,59% de ellas españolas y 31,41% extranjeras); ingresaron a estos Juzgados 163.132 delitos, de ellos 18.744 de violencia habitual.

Desde que hay cómputo, la mayor tasa media estatal de denuncias se había producido en 2008: 60,97 denuncias por cada 10.000 mujeres habitantes. Desde entonces, empezó a disminuir, y la tendencia a la baja continuó hasta 2013 (con un mínimo de 52,18). En 2014 cambió la tendencia, con un ligero ascenso, que se hizo más pronunciado en 2016, aproximándose a aquel anterior máximo de 2008. En 2017 se mantiene la tendencia al alza llegando a 70,04 denuncias por 10.000 mujeres habitantes.

El aumento en la tasa de denuncia no significa necesariamente que haya más violencia, sino que indica una disminución de la cifra negra de criminalidad que sabemos, entre otras razones por el elevado porcentaje de víctimas de feminicidio que no habían denunciado, que es muy elevada. 

2.1. ¿Quién denuncia?

• Intervención policial directa: la proporción de asuntos iniciados debido a la intervención policial directa estuvo en ascenso desde 2013 hasta 2016. En 2017 fue la vía de inicio de un 15,40% de los casos.

• Víctima: el porcentaje de denuncias formuladas por las víctimas se mantiene bastante estable durante los últimos años, por debajo del que había al principio de esta década. En 2017 ha sido del 69,13%, solo una centésima menos que el año anterior (su máximo fue el 73,02% en 2010).

• Familiares: El porcentaje de denuncias de familiares ascendió en 2017 al 2,05%. Sube 61 centésimas respecto del año anterior, manteniéndose por debajo del máximo hasta ahora, de 2,26% en 2015.

• Servicios asistenciales y terceros: En 2017 sube casi un punto el porcentaje de denuncias formuladas por servicios asistenciales y terceros. Ya en 2016 había subido 82 centésimas. Este dato refleja un aumento de la implicación social en la denuncia de las situaciones de violencia machista, posiblemente fruto de la movilización feminista.

• Parte de lesiones: La proporción de asuntos iniciados por parte de lesiones de los servicios sanitarios al Juzgado disminuye, en cambio, 41 centésimás en 2017 (tras hacerlo más de un punto en 2016), situándose en el 9,74%.

Siendo todos porcentajes del total de denuncias (las suma es 100%), el incremento de un apartado implica la disminución de otro/s.

2.2. Prevalencia de denuncias por territorios

• Por Comunidades Autónomas, en 2017 los índices más altos de denuncias se dan en Murcia (106,79 denuncias por cada 10.000 mujeres habitantes), y Ceuta (105,66), seguidas de Baleares (96,46), Comunidad Valenciana (90,72), Melilla (90,37) y Canarias (84,69).

Como en 2016, Andalucía (81.42) y Madrid (79,49) presentan valores medios.

Los valores más bajos por Comunidades Autónomas se dan en Castilla y León (43,96), La Rioja (45,47) y Galicia (45,84).

• Por provincias los mayores índices, además de las mencionadas Murcia, Ceuta y Baleares, se dan en Alicante (97,71), Almería (95,07) y Málaga (94,62).

Tienen menos denuncias Teruel (29,91), Soria (31,20), Zamora (34,49), Cuenca (35,69) Huesca (36,93) y Ávila (37,49 denuncias por cada 10.000 mujeres). Soria y Teruel repiten, como en 2015 y 2016, entre las provincias con tasas de denuncia más bajas.

3. Renuncias al proceso

Con renuncias al proceso nos referimos –al igual que el CGPJ en los datos estadísticos que analizamos, y como ya pusimos de manifiesto en los informes anteriores (CGPJ, 2018; Daza, 1017a: 140, 2017b: nota 3)– a los casos de no continuación del proceso por la víctima, en que esta se acoge a la dispensa de la obligación de declarar como testigo que le permite el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El porcentaje de renuncias de la víctima al proceso en los JVM se mantuvo en torno al 12%, entre 2010 y 2015, aunque aumentando de 2012 a 2014.

En 2015 cambió la tendencia, ese año se redujo más de medio punto (del 12,40% de 2014 al 11,86% en 2015), uno de los efectos de la gran movilización feminista del 7N; en 2016 volvió a reducirse más de medio punto (al 11,28%). En 2017 la tendencia a la baja de las renuncias de las víctimas se hace más fuerte, con una reducción en los JVM de más de un punto (-1,38) situándose por primera vez por debajo del 10% (9,90%).

En 2016 ese dato, que valoramos como positivo, se neutralizó por un incremento de los sobreseimientos mayor que la disminución de renuncias. En 2017 aumentan las denuncias, disminuyen las renuncias y (como veremos en el apartado 4) disminuyen también los archivos.

3.1. Renuncias por territorios

En 2017 las tres CCAA con menos renuncias de la víctima al proceso han sido Extremadura (3,59% de las denuncias), Galicia (6,25%) y Cantabria (6,66%). Extremadura y Galicia –que presentan también cifras bajas de denuncias– presentaron igualmente cifras bajas de renuncias en 2015 y 2016.

El territorio con mayor porcentaje de renuncias en 2017 es Melilla, como en 2015 y 2016, aunque con una proporción de renuncias, 19,79% menos disparatada que en años anteriores. El dato de Ceuta podría ser que falte, pues el que figura en las estadísticas del CGPJ es 0% (en 2016 fue del 7,47% de las denuncias, y en 2015 del 12,58%).

Las CCAA donde más víctimas renunciaron a continuar en el proceso en 2017 fueron Asturias (17,34%), Aragón (13,45%), Euskadi (12,81%) y la Comunidad Valenciana (12,04%).
La Rioja, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares tienen valores medio altos en renuncias.

• Por provincias los porcentajes de renuncias más bajos se dieron en Palencia (1,73%), Cáceres, Granada y Araba/Álava (2,57%). Los más altos en Burgos (22,72%), Albacete, Bizkaia y Girona (18,40%).

Tanto los gráficos como los mapas de este apartado recogen únicamente las renuncias ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

• Además, en los Juzgados de lo Penal se produjeron en 2017 otras 3.777 renuncias (12,44% de un total de 30.366 asuntos re­sueltos en dichos juzgados). El 63,67% de esas renuncias ante los JP fueron de mujeres españolas y el 36,32% de mujeres extranjeras; y se concentraron especialmente –esto es: la proporción de renuncias fue desproporcionadamente superior a la de mujeres víctimas– en las provincias de Burgos, Albacete, Bizkaia, Girona, así como en Asturias, Soria y Ourense y Zaragoza.

3.2. Sobrerrepresentación de mujeres extranjeras en las renuncias

La sobrerrepresentación media de las renunciantes extranjeras ante los JVM (lo que excede de su presencia en la población de mujeres) es del 28,42% en 2017; empeora el dato, mayor que los años anteriores (25,71% en 2016, y 27,77% en 2015).

Elevados niveles de sobrerrepresentación en las renuncias de mujeres extranjeras que denunciaron violencia de género pueden indicar una atención deficiente.

• Los índices más elevados en 2017 se produjeron en Melilla (57,96%), y en las CCAA de Navarra (43,36%), Euskadi (35,93%), Madrid (33,97%), La Rioja (32,03%). Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La-Mancha también están por encima de la media.

Las provincias con mayor sobrerrepresentación de mujeres extranjeras entre las renunciantes fueron Guadalajara (58,02%), Navarra (43,36%), Cuenca (40,47%), Segovia (39,46%), y Bizkaia (36,66%).

Los índices más reducidos se dieron en Ávila (2,51%), Zamora (7,78%), A Coruña (9,32%), Cádiz (10,96%), Santa Cruz de Tenerife (11,30%) y Huelva (11,83%).

• En los Juzgados de lo Penal la sobrerrepresentación media de mujeres extranjeras entre las que renunciaron en ellos es del 26,77%; dicha sobrerrepresentación fue mayor en las CCAA de Navarra, Euskadi, Asturias, Murcia y Madrid; y en las provincias de Soria, Zamora, Bizkaia y Jaén.

Del total de denuncias formuladas (166.260) se archivaron en los JVM 60.186: 4.969 sobreseimientos libres (2,99% de las denuncias) y 55.217 provisionales (33,21%). En suma, en 2017 fueron archivadas como mínimo el 36,20% de las denuncias, 4,6 puntos menos que el año anterior (40,80% en 2016)(4).
  • El 87,75% de los archivos de los JVM se debió a “no resultar justificada la perpetración del delito”, porcentaje mayor que el año anterior (en 2016 fue el 86,42% de los archivos); y el 3,57% por “no haber indicios racionales de la comisión del delito”.
  • Ceuta (10,84% de las denuncias) y Extremadura (26,37%) son los territorios donde menos denuncias han archivado en 2017.En el extremo opuesto, en Cantabria archivaron el 53,20% de las denuncias, en Baleares el 46,42% y en Murcia el 45,07%.También archivaron por encima del 40% en Melilla (44,53%), Navarra (42,92%) y Galicia (42,62%); y en otras cinco CCAA por encima del promedio: en Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid y Euskadi archivaron más del 37% de las denuncias.
  • Las provincias donde más denuncias archivaron en 2017, aparte de las Comunidades uniprovinciales citadas (Cantabria, Baleares, Murcia, Navarra), fueron Lugo (55,42%), Huelva (51,59%) y Pontevedra (51,51%). Otras ocho provincias –de mayor a menor porcentaje: Palencia, Girona, Ávila, Toledo, Teruel, Santa Cruz de Tenerife, Guadalajara y León– tienen porcentajes de archivo por encima del 40%.
Para obtener una imagen completa de la situación de protección o desprotección de las víctimas en los distintos territorios atendemos, en primer lugar, a cuántas solicitudes se realizan, tanto de órdenes de protección (OP), como de medidas penales vía art. 544 bis LECr., o la suma de unas y otras y, a continuación, a cuántas se adoptan (positivo) o, por el contrario, cuántas se inadmiten y deniegan (negativo).

5.1. Solicitudes

En 2017 se incoaron ante los JVM y estos resolvieron 38.501 solicitudes de órdenes y medidas de protección, es decir, se solicitaron en el 23,16% de las denuncias (3,39 puntos menos que en 2016, año en el que se solicitaron en el 26,55% de las denuncias).

Como en el resto de datos, también en cuanto a la petición de protección hay importantes variaciones por territorios: por CCAA los porcentajes más bajos se dieron en Cantabria (15,51%), Euskadi (16,80%), Baleares (16,74%), Murcia (19,84%), Navarra (19,88%) y Aragón (20,34%).

Los máximos se dieron en Ceuta (37,92%), La Rioja (33,43%) Castilla-La Mancha (31,22%) y Asturias (30,32%).

Por provincias, donde menos protección se pidió a los Juzgados fue en Araba/Álava (12,62%). Junto a las Comunidades uniprovinciales citadas con porcentajes bajos -Cantabria, Baleares, Murcia y Navarra-, están por debajo del 20% en solicitud de órdenes y medidas de protección Bizkaia (16,17%), Palencia (16,34%), Zaragoza (16,79%), Las Palmas (17,72%), Málaga (18,61%) y Segovia (19,39% de las denuncias).

El 70,75% de las medidas fueron solicitadas por mujeres españolas y el 29,25% por mujeres extranjeras; el 97,75% por adultas y el 2,25% por menores de edad.

5.2. Inadmitidas

Del total de solicitudes formuladas se inadmitieron el 2,08% (794).

  • Por territorios las inadmisiones se concentran en las CCAA de Murcia (16,27% de las solicitudes inadmitidas) y Euskadi (7,22%) –que las concentraban igualmente en 2016), y Cataluña (3,34%). Del resto del Estado, aún por debajo del promedio, destacan todavía Canarias (2,02%). Aragón (1,91%), Madrid (1,62%), y Comunidad Valenciana (1,56%). El resto de territorios tienen porcentajes de inadmisión por debajo de 1%.

En las CCAA de más de una provincia las tasas altas de inadmisión también se concentran en determinadas provincias: Bizkaia (13,11%), Las Palmas (4,89%), Sevilla (2,12%), Tarragona (5,47%) y Barcelona (3,99%), Huesca (7,69%)(5).

5.3. Denegadas

En 2017 se denegaron el 30,25% de las OP y medidas penales solicitadas (en 2016 la proporción media de denegación fue el 32,69% y en 2015 el 37,88%).

  • Por Comunidades las que más órdenes y medidas de protección denegaron fueron, como el año anterior, Cataluña (48,79%), Madrid (43,49%) y Euskadi (39,91%). Cantabria, Canarias, Navarra y Asturias, denegaron más del 30% de las solicitudes.
  • Las CCAA que menos órdenes y medidas de protección denegaron fueron La Rioja (11,11% de las solicitadas), Baleares (14,46%), Murcia (14,53%) y Comunidad Valenciana (14,90%).
  • Por provincias donde más órdenes y medidas de protección denegaron fue en Barcelona (54,98% de las solicitadas), Valladolid (54,39%), Girona (52,12%), y Sevilla (51,34%).

En Lugo y Pontevedra, Araba y Bizkaia, Madrid y Santa Cruz de Tenerife, al igual que en la ciudad autónoma de Ceuta denegaron por encima del 40% la protección solicitada.

La suma de OP inadmitidas y OP denegadas nos da una imagen en negativo, y la cifra de acordadas la misma imagen en positivo, a la que miramos a continuación.

5.4. Acordadas

De media, en 2017, los JVM se acordaron medidas para proteger a las víctimas (entre órdenes de protección y medidas penales vía art. 544 bis LECr.) en un 15,66% del total de denuncias.

Del total de solicitudes formuladas se acordaron en 2017 el 67,64% (3,44 puntos más que en 2016), se inadmitieron el 2,08% y se denegaron el 30,25%.

Teniendo en cuenta también las variaciones territoriales en la incoación de órdenes y medidas de protección, conviene mirar no solo a las medidas acordadas en proporción a las solicitudes, sino también a las adoptadas en proporción al total de denuncias formuladas en cada territorio.

Los territorios donde más medidas y órdenes de protección acordaron los JVM fueron La Rioja (88,07% de las solicitudes acordadas, en el 29,44% de las denuncias), Castilla-La Mancha (74,83% de solicitudes, en el 23,36% de las denuncias,), Extremadura (78,28% de solicitudes, 22,25% de denuncias), y Castilla León (74,26%-solicitudes, 21,92%-denuncias).

Las Comunidades cuyos Juzgados protegieron menos a las víctimas fueron Euskadi (8,88% de las denuncias, 52,87% de las solicitudes), Cantabria (10,12% de las denuncias, 65,20% de las solicitudes), Cataluña (11,38% de las denuncias, 47,87% de las solicitudes), Madrid (11,68% de las denuncias, 54,89% de las solicitudes), Murcia (13,73% de las denuncias, 69,20% de las solicitudes) y Navarra (13,34% de las denuncias, 67,12% de las solicitudes). Euskadi, Cataluña y Madrid repiten en los primeros puestos del ranking de desprotección.

• Por provincias, los mayores porcentajes de órdenes y medidas de protección acordadas se dieron en Soria (en el 58,33% de las denuncias), Ourense (en el 45,38%), Zamora (37,54%), Huesca (35,07%), Teruel (32,50%) y Cádiz (en el 30,49% de las denuncias).

Adoptaron menos órdenes y medidas de protección en proporción con las denuncias en las provincias de Araba/Álava (6,84%), Bizkaia (6,94%), Barcelona (9,55%), Sevilla (9,89%), Cantabria (10,12%), Girona (11,12%), Madrid (11,68%), Las Palmas (12,32%), Pontevedra (12,83%), Zaragoza (13,1%), Navarra (13,34%), Valladolid (13,41%,) y Murcia (13,73% de las denuncias).

La tabla recoge la proporción de OP acordadas de las solicitadas en 2016 y 2017 y la variación de un año a otro en las provincias con porcentajes más bajos, y en la ciudad autónoma de Ceuta, donde en 2017 se ha reducido de forma drástica el porcentaje de las solicitudes de protección acordadas.

Ocho provincias repiten en el ranking de las que menos protegen a las víctimas: Barcelona y Girona, Valladolid, Sevilla, Araba y Bizkaia, Madrid y Santa Cruz de Tenerife, seis de ellas por cuarto año consecutivo (ver Alemany, 2016; y Daza, 2017a y 2017b).

• Aparte de las anteriores, en los Juzgados de Guardia (los mapas y tabla no incluyen estos datos, que solo sabemos por Tribunales Superiores de Justicia, no por provincias) se resolvieron otras 5.605 solicitudes de OP (en un 3,37% del total de las denuncias). De ellas se acordaron 4.116 (2,48% del total de denuncias; sumando las acordadas por los JVM las víctimas recibieron alguna protegieron en el 18,14% de las denuncias formuladas en 2017).

Los territorios donde los Juzgados de Guardia que acordaron más solicitudes de OP en proporción al total de denuncias tramitadas fueron La Rioja (6,46%) e Illes Baleares (5,73%). Los que menos acordaron fueron los de Madrid (1,51%), Andalucía (1,89%), Comunidad Valenciana (2%) y Canarias (2,28%).

En 166.260 denuncias recibidas por los JVM en 2017, entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) y los Juzgados de lo Penal (JP) enjuiciaron 48.917 casos (que supone un 29,42% de las denuncias). En 32.876 casos hubo sentencias condenatorias (el 19,77% del total de denuncias).

6.1. Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Los JVM enjuiciaron a 19.991 hombres y 68 mujeres. Dictaron sentencia condenatoria en el 83,76% de los casos que enjuiciaron, que suponen un 10,07% de las denuncias (el porcentaje de condena respecto de los casos enjuiciados ha sido 1,81 puntos mayor que en 2016, pero un punto menor si miramos a la proporción entre condenas y denuncias).

  • Prácticamente el 75% de los hombres enjuiciados eran españoles y el 25% extranjeros. Fueron condenados el 81,79% de los españoles y el 89,65% de los extranjeros.
  • El 0,34% de las personas enjuiciadas eran mujeres, y fueron condenadas 51, el 75%.

Siete provincias concentran el 79,41% de las mujeres enjuiciadas: Araba, Alicante, A Coruña, Madrid, Asturias, Badajoz y Zaragoza (las cuatro primeras repiten en esta lista). Y solo dos: Araba/Álava y Alicante, acumulan el 54,41% de las enjuiciadas y el 64,7% de las condenadas; las mismas provincias que las concentraron en 2015 y 2016 (Daza, 2017a:155 y 2017b:18; CGPJ, 2018).

Al acercar el foco, vemos que concentran las condenas a mujeres, como cada año de los estudiados (2015 y 2016), los partidos judiciales de Vitoria-Gasteiz en Araba y Elche/Elx en Alicante (32 de un total de 51 en todo el Estado).

  • En cuanto a enjuiciados en general, por CCAA, Madrid (74,20% de los enjuiciados) y Melilla (70%) han sido en 2017, al igual que en 2015 y 2016, los territorios que menos han condenado, seguidos de Cataluña (76,89%), Galicia (77,35%) y Andalucía (78,91%).
  • Los JVM de Ceuta, Murcia, Baleares, La Rioja, Navarra, Asturias y Euskadi condenaron por encima del 90%.
  • Por provincias destacan por su bajo porcentaje de condena: Lugo (53,57% de los enjuiciados, 2,06% del total de denuncias), Sevilla (60,45% de enjuiciados, 4,77% de las denuncias), Ávila (61,11% de enjuiciados, 3,76% de las denuncias), Valladolid (63,08% de enjuiciados, 2,94% de las denuncias), Málaga (66,26% de enjuiciados, 4,80% de las denuncias), Salamanca (67.26% de enjuiciados, 11,41% de las denuncias), y Barcelona (68,33% de enjuiciados, 3,79% de las denuncias). Como en otros ítems examinados, varias provincias repiten: los JVM en Ávila, Valladolid, Málaga y Sevilla fueron los que menos condenaron también en 2016.
  • En 16 provincias, incluyendo las comunidades uniprovinciales y la ciudad autónoma citadas, los porcentajes de condena en los JVM están por encima del 90% de los enjuiciados, y respecto del total de denuncias: solo Teruel está por encima del 25%, y otras cinco provincias –Las Palmas, Araba, Lleida, Santa Cruz de Tenerife y Soria–, entre el 20 y el 25%.
  • Algunos territorios presentan altos porcentajes de condena en los JVM y reducidos porcentajes de elevación de asuntos a los JP. Esto sucede en las CCAA de Baleares y Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Canarias, y las provincias de Castellón, Badajoz, Granada, Sta. C. de Tenerife, Tarragona y Las Palmas. Esa combinación parece indicar que los altos porcentajes de condena pueden tener relación en esos territorios con un elevado número de sentencias de conformidad cuando se formula acusación únicamente por el último hecho violento puntual, obviando la habitualidad.

 

6.2. Juzgados de lo Penal

Los JP enjuiciaron en 2017 a 29.772 personas, de las cuales 28.926 (el 97,15%) fueron hombres y 846 (el 2,84%) mujeres. Condenaron en el 54,56% de los casos: al 55,77% de los hombres enjuiciados (15.781) y el 32,98% de las mujeres (279). En 2016 habían condenado al 54,87% de los hombres, y el 31,74% de las mujeres.

  • Las provincias de Madrid, Málaga y Barcelona concentran el 67,61% de las mujeres enjuiciadas –igual sucedió en 2015 y 2016, año en que concentraron el 69,08%–. Y las mismas provincias junto a Araba, Bizkaia y Jaén acumulan el 77,06% de las mujeres condenadas.
  • De los hombres enjuiciados el 71,36% eran españoles y el 28,64% extranjeros, proporción muy similar a la de 2016. Fueron condenados el 55,6% de los españoles y el 56,19% de los extranjeros (en 2016 hubo un punto más de condenados entre los nacionales).
  • Por CCAA las cifras de condena más elevadas en los JP se produjeron en Extremadura (79,23%), Navarra (72,81%), Baleares (70,09%), Galicia (69,08%), La Rioja (66,09%) y Euskadi (65,85%). No tenemos datos desglosados de Ceuta y Melilla.

Donde menos condenaron los JP fue en Cataluña (46,74%), Andalucía (48,73%), Castilla-La Mancha (51,17%), Canarias (54,47%) y Madrid (55,49%).

  • Por provincias, en 2017 los JP condenaron menos –como en 2016– en Tarragona (26,94%) y Girona (33%). Les siguen Córdoba (37,47%), Toledo (40,91%), Cuenca (42,37%, Almería (44,01%), Soria (44,44%), Guadalajara (45,69), Cádiz (47,42%) y Málaga (46,09%).

La mayor proporción de condenas por provincias se produjo en Palencia (93,51%), Cáceres (86,63%), A Coruña (77,70%), Zamora (76,56%) y Gipuzkoa (76,49%).

6.3. Condenados en relación con las denuncias

La proporción de condenas en todos los órganos judiciales en relación con el total de denuncias en
2017 es más reducida que en 2016. En 2017 la cifra de condenas es un 20,08% del total de denuncias (en 2016, las condenas entre JVM y JP fueron un 21,69%).

  • Atender a la relación entre la suma de condenas y el total de denuncias es otro indicador que señala los territorios donde la Justicia trata peor la la violencia de género. El mapa por provincias los muestra en rojo y naranja oscuro.
  • En las Audiencias Provinciales, que enjuician los delitos más graves, la media estatal de condenas ha sido del 81,11% de los enjuiciados (porcentaje muy similar al de 2016: 80,99%), y un 0,16% del total de denuncias. En once provincias no hubo ningún caso.

Solo en ocho CCAA el porcentaje de sentencias condenatorias de AP es inferior al 85%. El porcentaje de sentencias condenatorias en 21 provincias fue del 100%. En el otro extremo, los porcentajes más bajos de condena en Audiencias Provinciales en 2017 se dan en Jaén y La Rioja (0 condenas, con dos y un caso enjuiciados respectivamente); Albacete (33,33%), Valladolid y Tarragona (50%), Ciudad Real y Pontevedra (66,67%).

Los Juzgados de Menores hicieron 270 juicios por violencia de género, e impusieron medidas a 252 menores (93,33% de los enjuiciados, 0,15% respecto del total de denuncias).

  • En 2017 se registraron 24.983 delitos de quebrantamiento –el 122% de los registrados en 2016 y cerca del triple de los de 2015 (ese año fueron 8.733)–.
  • La proporción de quebrantamientos registrados con el total de denuncias es, de media estatal, del 15,03% (dos años antes el dato fue del 6,76% y en 2016 el 14,32%), y la tasa media en función de la población de mujeres es de 10,52 quebrantamientos por cada 10.000 mujeres habitantes.

Como ya señalamos en el informe sobre los datos de 2016 (2017b), el aumento indica tanto una mejora en la persecución del delito como en su registro (además de las variaciones territoriales que puedan existir propiamente en la comisión del delito de quebrantamiento), por lo que en este apartado, igual que sucede con las denuncias, los colores de los mapas no son significativos.

  • Por Comunidades y ciudades autónomas, la Ciudad de Melilla vuelve a ser en 2017, como en 2016, el territorio que registró menos quebrantamientos (3,91% en relación con las denuncias, con una tasa de 3,53 por cada 10.000 mujeres). Atendiendo a su porcentaje respecto de las denuncias, le siguen las CCAA de Castilla y León (8,38%), Ceuta (8,58%), Aragón (11,19%), Castilla-La Mancha (11,49%) y Canarias (11,83% de las denuncias).
  • Dada la variabilidad por territorios de las tasas de denuncias de violencia de género, miramos también a los quebrantamientos en función de las mujeres habitantes, por 10.000 mujeres, y apreciamos que, junto a las mencionadas, también registran pocos quebrantamientos las CCAA de Galicia (6,24 quebrantamientos por cada 10.000 mujeres), La Rioja (6,25), Castilla-La Mancha (6,67), Cataluña (7,73) y Euskadi (7,90).
  • Los mayores porcentajes de quebrantamiento en proporción a las denuncias, se registraron en Cantabria (30,61%), Murcia (25,95%), Extremadura (23,11%), Asturias (22,10%), Comunidad Valenciana (16,83%), Galicia (16,04%) y Navarra (16,01%). Atendiendo a la tasa de quebrantamientos por mujeres habitantes varía el orden, entran Baleares y Andalucía en la lista de CCAA con más quebrantamientos y sale Navarra.
  • Por provincias, además de las cuatro CCAA uniprovinciales mencionadas, se registran más delitos de quebrantamiento en proporción a las denuncias en Badajoz (28,56%), Ourense (24,63%), Gipuzkoa (24,12%), Málaga (20,79%) y Castellón (20,39%), seguidas de Zaragoza (18,11%), Cáceres (17,67%) y Valencia (17,50%). En función del número de mujeres habitantes, entran a la relación de provincias con más quebrantamientos otras como Almería, Castellón o Zaragoza.
  • Donde menos quebrantamientos se tramitaron en 2017, junto a Melilla, fue en Ávila (0%; probablemente no comunicó o no registró los datos a tiempo porque además de no ser creíble el dato tampoco incluyó desglose por delitos), Segovia (0,61%), Palencia (1,73%), Zamora (4,21%), Cuenca (6,23%), y Huesca (7,46%). Atendiendo a la tasa por 10.000 mujeres habitantes, vemos que, además de las anteriores, también han tramitado muy pocos procesos por este delito las provincias de Teruel, Córdoba, Burgos, Guadalajara, Albacete, Soria y A Coruña.
Remitimos a los informes de 2015 y 2016, parte de cuyas conclusiones generales siguen siendo válidas (ver Daza, 2017a: 160-162 y 2017b: 22-23), y nos fijamos en cómo evolucionan los datos.

A) En 2017, el apartado de los informes anteriores sobre feminicidios con denuncia previa se amplía a los casos sin denuncia pero con noticia previa, y va en capítulo independiente. Señalo no obstante aquí los datos relacionados con lo tratado en este capítulo:

  • A pesar de que la tasa de denuncias es la mayor de la historia, en 2017 aumenta el porcentaje de mujeres asesinadas sin denuncia previa, es decir, casos que eran cifra negra de violencia de género: 76,5% (en 2016 no habían denunciado el 63,6%, la cifra más baja desde que hay cómputo; y de media en los 10 años anteriores, el 73,84%).
  • El porcentaje de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas que, habiendo formulado denuncia previa, habían renunciado al proceso fue del 7,8% (en 2016 habían renunciado el 11,4%, y de media en la década anterior, 2006-2015, el 2,64%).

B) En el tratamiento judicial de las denuncias, aunque se han suavizado parte de las desviaciones que señalamos en los informes anteriores, aún existen fuertes diferencias entre territorios en varios indicadores, con algunos que arrojan datos preocupantes que señalan desprotección de las víctimas de violencia de género.

Los mapas por CCAA y por provincias muestran gráficamente la situación por territorios. En los mapas sobre prevalencia de denuncias y sobre quebrantamientos de medidas cautelares o condenas los colores no son significativos; sí en todos los demás. El color rojo oscuro en renuncias, archivos, órdenes de protección o condenas señala alguna disfunción. Cuando sucede en distintos indicadores en un territorio, especialmente en los indicadores más directamente relacionados con la protección de las víctimas (órdenes de protección otorgadas) y el resultado de los procesos (suma de condenas), hay serias razones para preocuparse. Donde eso ocurre hay elevados niveles de victimización secundaria: la justicia trata mal a las víctimas de violencia de género, las desprotege y, por tanto, favorece su revictimización.

Esto sucede en 2017 especialmente en Barcelona y Girona, Bizkaia, Valladolid, Sevilla, Lugo y Madrid.

  • No desarrollamos en este informe de 2017 un examen detallado de los datos por partidos judiciales, como sí hicimos en el Informe 2015. Pero los datos están disponibles y ya también el modelo de análisis: se pueden estudiar los indicadores en cada nivel territorial, su desviación de los valores medios y el sentido de la misma, y dicho análisis muestra en qué partidos judiciales se concentran los déficits de atención a las víctimas y, por tanto, dónde se debe incidir más seriamente para solucionarlos. Quienes trabajan en el foro en cada provincia y partido judicial conocen los focos de esos déficits, y pueden tener en estos estudios una herramienta útil, al conocer los efectos en conjunto de las actuaciones inadecuadas que ven cotidianamente en determinados Juzgados, más allá de los casos particulares que cada quien atiende. Mirar los datos de los principales indicadores (población, tasas de denuncias, de renuncias, OP acordadas y sentencias condenatorias, en proporción) y sus desviaciones de las medias en el partido judicial concreto puede servir para actuar ante el Consejo General del Poder Judicial, eventualmente de forma colectiva y organizada, en la búsqueda de soluciones a los problemas que una atención sistemáticamente inadecuada por la justicia genera a las víctimas afectadas y en la exigencia de la diligencia debida a los operadores responsables en cada caso.
  • Denuncias, renuncias y archivos

En 2017 los efectos de la continua movilización feminista, que condujeron a la aprobación parlamentaria en septiembre del Pacto de Estado contra la violencia de género, se reflejan en las estadísticas judiciales en un incremento significativo de las denuncias (166.260; su tasa pasa de 60,04 en 2016 a 70,04 por cada 10.000 mujeres habitantes), con disminución de las renuncias (16.464, del 11,28% de las denuncias en 2016, al 9,90% en 2017), y reducción de la tasa de archivos (60.186; del 40,80% en 2016 al 35,54% de las denuncias). Esto implica una disminución de la cifra negra de criminalidad en violencia de género y aumento del volumen de casos enjuiciados.

Pero esos efectos no se reflejan del mismo modo cuando avanza el trámite judicial de esos casos.

  • Órdenes y medidas de protección

Hay un pequeño incremento en el número absoluto de órdenes de protección acordadas: 26.044 en 2017 (en 2016 fueron 24.367), que no es proporcional al aumento de denuncias.

El porcentaje de solicitudes de OP en proporción a las denuncias disminuye (23,16% en 2017, versus 26,56% en 2016) y la tasa de solicitud de OP en proporción a las mujeres habitantes prácticamente se mantiene, con una variación mínima (16,22 OP solicitadas por cada 10.000 mujeres en 2017, versus 16,00 en 2016).

Se redujo ligeramente el porcentaje de medidas inadmitidas: del 2,20% de las solicitudes en 2016 al 2,08% en 2017, con una gran concentración de las inadmisiones en Murcia y Euskadi (Bizkaia), seguidas de Cataluña (especialmente Tarragona y Barcelona), Madrid y Comunidad Valenciana (especialmente Valencia). También presentan valores de inadmisión por encima de la media Huesca, Las Palmas y Sevilla.

Se aprobaron, a nivel estatal, el 67,64% de las solicitudes (en 2016 fue el 64,21%, y en 2015 el 57,38%). Con respecto al total de denuncias, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer acordaron dar protección a las víctimas en el 15,66% de los casos (en 2016 en el 17,05%), con una tasa de 10,97 OP acordadas por cada 10.000 mujeres habitantes.

Los puntos rojos (territorios que menos protegen a las víctimas) se concentran especialmente en Cataluña (Barcelona, Girona y Tarragona), Euskadi (Bizkaia y Araba), Madrid, Ceuta, y en las provincias de Valladolid, Sevilla, Lugo, Pontevedra y Santa Cruz de Tenerife.

  • Condenas

También se incrementa en 2017 en números absolutos la cifra de condenas: sumando JVM y JP condenaron en 32.876 casos en 2017, versus 30.998 en 2016. Pero se mantiene prácticamente invariable, con un incremento mínimo, el porcentaje de condenados entre los enjuiciados por JVM y JP: en 2016 fue del 66,01% (21,69% del total de denuncias, 13,07 condenados por cada 10.000 mujeres habitantes). Y en 2017 los JVM y JP condenaron al 66,26% de los enjuiciados, que suponen el 19,56% del total de denuncias, 13,70 condenados por cada 10.000 mujeres habitantes.

Desglosándolo en unos juzgados y otros:

– En los JVM condenaron al 83,76% de los enjuiciados, 10,07% del total de denuncias (en 2016 fueron el 81,95% de los enjuiciados, y en 2015 el 76,61%).
Los JVM que menos condenaron fueron los de Madrid, Cataluña (Barcelona, Girona y Tarragona), Aragón (Zaragoza), Galicia (Lugo, A Coruña, Pontevedra), Castilla y León (Valladolid, Ávila y Segovia) y Andalucía (Sevilla y Málaga).

– En los Juzgados de lo Penal condenaron al 54,24% de los enjuiciados, 9,49% del total de denuncias (en 2016 al 54,87%, 10,62% respecto del total de denuncias; y en 2015 al 49,20% de los enjuiciados).

Los JP que menos condenaron fueron los de Cataluña (Tarragona, Lleida –debido en su caso al mayor porcentaje de condena en los JVM– y Girona), Andalucía (Granada, Sevilla, Córdoba), Castilla-La Mancha (Toledo, Cuenca y Guadalajara), Canarias (Las Palmas), Madrid y Aragón (Teruel).

En conjunto, sumando JVM y JP, donde menos se condenó fue en las CCAA de Madrid, Cataluña (Tarragona, Barcelona y Girona) y Andalucía (Sevilla, Málaga); y en las provincias de Lugo, Valladolid, Zaragoza, Ávila y Valencia.

  • Quebrantamientos

La cifra de quebrantamientos de medidas cautelares y condenas registrada en 2017, 24.983 casos, supone el 122% respecto de 2016, 20.469 (en 2015 se habían registrado solo 8.733). La proporción a nivel estatal con el total de denuncias registradas es del 15,03% (en 2016 el 14,32%). Continúa por tanto visibilizándose el incumplimiento por los victimarios de las prohibiciones de acercamiento y de comunicación con las víctimas (parte del aumento de denuncias).

En el informe de 2016 hablamos de una mejora limitada en los indicadores, relacionada con la intensa labor del movimiento feminista, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación comprometidos con la erradicación de las violencias machistas, comprometidos en un seguimiento, vigilancia y pedagogía que van calando en la sociedad.

Podemos concluir que la intensa movilización feminista de los últimos años ha aumentado la esperanza de las mujeres en obtener ayuda de la Justicia, pero los efectos de la movilización no alcanzan a modificar el patrón de comportamiento de la Justicia a la hora de resolver el proceso, que es aún bastión y nudo gordiano de cultura patriarcal.

El equipo de Feminicidio.net somos parte activa en la imprescindible labor de control externo, sensibilización social, formación, e interacción con las instituciones, y tenemos la firme esperanza de que el compromiso político del nuevo gobierno español con la igualdad dé frutos en una profunda mejora en la educación social y en la formación de todos los operadores jurídicos, así como de los mecanismos de control del cumplimiento del deber de debida diligencia por todos los responsables en las actuaciones judiciales.

ACUNS – Academic Council on the United Nations System – Consejo Académico del Sistema de Naciones Unidas

AP – Audiencias Provinciales
CCAA – Comunidades Autónomas
CGPJ – Consejo General del Poder Judicial
INE – Instituto Nacional de Estadísticas
JVM – Juzgados de Violencia sobre la Mujer
JP – Juzgados de lo Penal
LECr. – Ley de Enjuiciamiento Criminal
LO 1/2004 – Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
OP – Órdenes de protección

Alemany Rojo, Ángela (2015). “La Justicia frente a la violencia de género”, Lefrebvre – El Derecho.com. http://www.elderecho.com/tribuna/penal/Justicia-frente-violencia-genero_11_816430002.html.

Atencio, Graciela (Ed.), Messuti, Ana, Laporta, Elena, Gimeno, Beatriz, et al. (2015): Feminicidio. De la cate- goría político-jurídica a la Justicia Universal, Los libros de la Catarata, Madrid.

CGPJ (2018): “La violencia sobre la mujer en la estadística judicial: Anual 2017” https://bit.ly/2rAzbq2
– Datos sobre Violencia sobre la mujer en la estadística del CGPJ https://bit.ly/2KkfY4d
– BBDD Estadística Judicial: Servicio de búsqueda online http://www6.poderjudicial.es/

Daza Bonachela, María del Mar (2017a): “Análisis de datos estadísticos de 2015 sobre violencia de género del CGPJ”, en Atencio, Graciela (Coord., ed.), Feminicidios y otros asesinatos de mujeres: Informe España 2015, Feminicidio.net http://la-sur.com/wp-content/uploads/2017/06/0_informe_especial_viena_small.pdf
– (2017b): “Análisis de datos estadísticos del CGPJ sobre violencia de género. Avance de informe 2016”, Feminicidio.net https://feminicidio.net/sites/default/files/avance_violencia_cgpj_2016.pdf

(1) CGPJ (2018): La violencia sobre la mujer en la estadística judicial – Anual 2017. https://bit.ly/2rAzbq2
(2) Se publicó un extracto en la web de Feminicidio.net, y el texto completo en el Informe 2015 publicado como adelanto para patrocinadores y mecenas del proyecto (en adelante Daza, 2017a), accesible en http://la-sur.com/wp-content/uploads/2017/06/0_informe_especial_viena_small.pdf. (págs.. 134-164)
(3) En adelante Daza, 2017b. Disponible en https://feminicidio.net/sites/default/files/avance_violencia_cgpj_2016.pdf.
(4) Las cifras no cuadran con los valores promedio que aparecen como porcentajes en la tabla “Terminación” del libro por provincias en la estadística del CGPJ 2017, que, como en años anteriores, son superiores: sobreseimiento provisional, 39,8% y libre, 3,1%, que suman 42,9%, ni con los porcentajes de sobreseimiento que da el CGPJ en su resumen, que no toman como referencia la cifra total de denuncias (ver CGPJ 2018; Daza 2017a, nota 8, y 2017b nota 3).
(5) En el Informe 2015 vimos que las inadmisiones se concentran muy especialmente en determinados partidos judiciales; el detalle por partidos judiciales se puede estudiar en las tablas del CGPJ para informes en profundidad.

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