La tipificación del feminicidio en México

Texto: Elena Laporta / Diseño: Francisco Gatica 

1) ¿Cómo surge la tipificación del feminicidio/femicidio en México? El antecedente del Caso Campo Algodonero.

Aunque ya en 2007 se había aprobado la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, en la que se hacía referencia a la violencia feminicida, la sentencia del caso “Campo Algodonero” [1] es la que marca un antes y un después en el reconocimiento del feminicidio como término, pues por primera vez aparece en una decisión judicial. La utilización del concepto por cada una de las partes y en última instancia por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos da una idea de la relevancia de esta expresión.

Puede decirse que se manifiestan hasta cuatro posturas:

– La Comisión, que presentó el caso ante la CIDH, no calificó los hechos como feminicidio.

– Los representantes manifestaron que:

“los homicidios y desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, son la máxima expresión de la violencia misógina”, razón por la que alegaron que esta violencia se ha conceptualizado como feminicidio. Según explicaron, éste consiste en “una forma extrema de violencia contra las mujeres; el asesinato de niñas y mujeres por el solo hecho de serlo en una sociedad que las subordina”, lo cual implica “una mezcla de factores que incluyen los culturales, los económicos y los políticos”. Por esta razón, argumentaron que “para determinar si un homicidio de mujer es un feminicidio se requiere conocer quién lo comete, cómo lo hace y en qué contexto”. Indicaron que aun cuando no siempre se tiene toda la información disponible en los crímenes de este tipo, existen indicadores tales como las mutilaciones de ciertas partes del cuerpo, como la ausencia de pechos o genitales” [2].

– Por su parte, el Estado mexicano adoptó una posición francamente ambigua durante el proceso:

“El Estado utilizó el término feminicidio durante la audiencia pública para referirse al “fenómeno que prevalece en Ciudad Juárez” y lo definió en varios de sus informes oficiales presentados como prueba. A pesar de ello, en las observaciones a los peritajes presentados por las organizaciones representantes, objetó el hecho de que se pretendiera incluir el término feminicidio. El Estado alegó que dicho término se quería incluir como un tipo penal cuando no existía en la legislación nacional ni interamericana de derechos humanos” [3].

El Estado vincula la existencia del feminicidio con su tipificación, pues si bien inicialmente reconoce la existencia del fenómeno luego rechaza la posibilidad de que sea tenido en cuenta en el proceso.

-Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) utiliza “homicidio de mujer por razones de género, también conocido como feminicidio”.

El hecho de que el término generara tanta controversia tiene que ver sin duda con que en aquel momento no estuviese calificado como delito.

Además, la sentencia es fundamental porque introduce una serie de prácticas que el Estado mexicano debía y debe cumplir o profundizar en su cumplimiento. Son parte de las llamadas reparaciones y son absolutamente necesarias para que se aborden estos crímenes de manera eficaz. De hecho, ahora que está tipificado el feminicidio en algunos Códigos Penales Estatales, el seguimiento de estas líneas de actuación se convierte en imprescindible para conocer el grado de cumplimiento de las mismas y por ende también sirven para medir el nivel de impunidad.

Mencionamos algunas de ellas: [4]

– La investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; (…) y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.

– Deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad.

– El Tribunal ordena que el Estado continúe implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en: i) derechos humanos y género; ii) perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y iii) superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres.

– Los programas y cursos estarán destinados a policías, fiscales, jueces, militares, funcionarios encargados de la atención y asistencia legal a víctimas del delito y a cualquier funcionario público, tanto a nivel local como federal, que participe directa o indirectamente en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y reparación.

– Continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres (…), con base en una perspectiva de género (…). 

2) La tipificación del feminicidio a nivel federal y estatal, definición y penas.

a) Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, México, 2007.

Como ya adelantábamos, en el año 2007 se aprueba la Ley Federal “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, que recoge por primera vez en una ley la expresión violencia feminicida. Aunque algunas de las personas que intervinieron en el proceso de producción de esta norma quisieron que se incluyera la expresión feminicidio, finalmente se optó por la ya citada violencia feminicida:

“Art.21: Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

b) Leyes estatales: Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal, y Sinaloa.

Unos años más tarde, comienza a tipificarse el feminicidio en algunos Estados Mexicanos. Son un total de 10, Sinaloa fue el último en haberlo reconocido. A continuación reproducimos la descripción del tipo penal y la pena que lo acompaña. Como se verá, no existe uniformidad en la definición por lo que aquello que se considera feminicidio en un Estado puede no serlo en otro.