A pesar de que el feminicidio acaba de ser aprobado por el Senado como un delito penal grave a nivel federal y ya ha sido tipificado en 10 Estados, a pesar de que el país cuenta con numerosas redes de atención de la violencia de género, las cifras de feminicidios aumentan cada año. Esta situación refleja que el Estado y sus instituciones no asumen un compromiso real con la problemática.
Texto: Noemí García Cabezas / Edición: Graciela Atencio / Diseño: Francisco Gatica
En México se comenzaron a dar los primeros pasos legislativos para reconocer penalmente el feminicidio en el año 2005. Sin embargo, “los avances no se han podido llevar a cabo por obstáculos enfrentados en la aplicación de la normatividad, las políticas públicas creadas con este propósito y por las grandes deficiencias del sistema judicial de México” según el informe «Una mirada al feminicidio en México 2009-2010», del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
LA TIPIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO A NIVEL FEDERAL
En 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia después de una ardua labor de incidencia de la sociedad civil nacional e internacional. Dicha ley establece, entre otras cosas, la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, que debía integrarse al año siguiente, a la confirmación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En abril de 2012, la página web de ese Banco Nacional de Datos aparece “en construcción”.
Al cierre de este reportaje, recibimos la noticia de un ciclo cumplido desde que la ciudadanía, a finales de los noventa del siglo pasado pedía la aplicación de penas graves para los feminicidios en México. En una de las últimas sesiones del periodo ordinario de 2012, la Cámara de Senadores aprobó por 74 votos a favor y una abstención, la reforma penal que tipifica el delito de feminicidio a nivel federal y condena con entre seis a 10 años de cárcel a quien cometa abuso sexual y de ocho a 30 años a quienes cometan el delito de violación.
En México existe un marco legal federal y estatal y de aplicación de Justicia sin que estos estén relacionados con diagnósticos sobre índices de violencia de género y el impacto del fenómeno en la población femenina. La Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres, integrada por expertas en Derechos Humanos y violencia contra las mujeres, entre ellas Julia Monárrez (investigadora del Colegio de la Frontera), Mª Eugenia Solís (Iniciativas de Mujeres por una Justicia de Género), Isabel Valriveras (CGAE) y Mercedes Ruiz-Giménez (AIETI), que recorrió el pasado mes de noviembre cinco países centroamericanos (México, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador) hizo una denuncia pública sobre la falta de indicadores en común que permitan evaluar el resultado de las políticas públicas nacionales.
No parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo: el Instituto Mexicano de Derechos Humanos ha denunciado en las últimas semanas, en plena precampaña electoral por la carrera presidencial en México, que ninguno de los candidatos tiene propuestas claras en cuanto a feminicidios, desapariciones de mujeres, ejecuciones extrajudiciales y secuestros. Concluye el representante del IMDH Edgar Cortez que no es un tema prioritario para el futuro presidente o presidenta del país.
Al no garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, el Estado mexicano es el máximo responsable de sus muertes. Los informes elaborados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio constatan que el Estado es incapaz de impedir que los feminicidios ocurran, fracasa para encontrar a criminales e imponer penas adecuadas y no facilita el acceso a la Justicia ni brinda una reparación a familiares de las víctimas.
El feminicidio fue tipificado en el Código Penal de diez Estados: Colima, DF, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, San Luis de Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa. Sin embargo los crímenes de honor existen aún en seis Estados mexicanos: Michoacán, Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Yucatán y Zacatecas. Resulta paradójico que al mismo tiempo, en diez Estados se aplique la “emoción violenta” como atenuante para reducir penas de prisión, en caso de que éstas se dicten.
Durante la última década, entidades como Chihuahua o el Estado de México manipularon estadísticas sobre feminicidios, atribuyendo muchas muertes de mujeres a accidentes de tráfico. Así lo señalaron Mª Ángeles Corte Ríos, directora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), y Yuriria Rodríguez Estrada, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, en el segundo día de las Jornadas de Reflexión por el Día Internacional de la Mujer, realizadas en la Universidad Iberoamericana este año. El descenso espectacular de feminicidios -un 30%- en el Estado de México durante los años 2009 y 2010 fue directamente proporcional al aumento de accidentes en carretera. Esto se consiguió, según las expertas, manipulando datos y obviando pruebas que apuntaban a una violencia previa en el cuerpo de las mujeres encontradas muertas.
GUERRA CONTRA EL NARCO
En el país, la guerra contra el narcotráfico se ha cobrado ya la vida de 30.000 personas entre 2006 y 2010. Mª Luz Estrada (coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio) expresa que “la lucha contra el narcotráfico, la violencia extrema y el ambiente generalizado de inseguridad ha llevado al Estado Mexicano a invisibilizar los asesinatos de mujeres”.
Felipe Calderón, actual presidente de México, declaró oficialmente la guerra contra el narco al comienzo de su mandato. Este año acaba su período y la guerra deja al país en jaque, en riesgo de ingobernabilidad y con ciudadanos y ciudadanas que son víctimas de un Estado inoperante, responsable último del reguero de muerte cosechado en estos últimos seis años. Desde diciembre de 2006, año que inicia su gobierno, han muerto 60.420 personas en México a consecuencia de esta guerra. Las víctimas no son sólo narcotraficantes y cuerpos de seguridad del Estado, hay gran cantidad de civiles que cada día son asesinados en todo el país y que son considerados “daños colaterales” por el Gobierno Federal. Muchas de esas víctimas son activistas y defensores de derechos humanos, también mujeres. Sólo en el Estado de Chihuahua desde 2008 han muerto 903 mujeres y unas 100 han desaparecido.
El gobierno de Felipe Calderón ha decidido que sea información reservada el número de personas que murieron en 2011 a consecuencia de la guerra contra el narco, lo que significa que de conocerse algún día dicha cifra de forma oficial, no sería hasta 2023, ya que las informaciones reservadas deben serlo al menos 12 años.
La última cifra oficial que se conoce es de 12.903 muertos entre enero y septiembre de 2011, fecha que hizo pública la Procuraduría General de la República el 11 de enero de este mismo año. Sin embargo, las cifras oficiales no coinciden con las que aportan diferentes medios de comunicación, que cifran los muertos en la guerra del narco entre 544 y 1.013 muertos menos que las cifras oficiales.
Fuente: Animal Político
La guerra contra el narco afecta a la población civil y con especial crueldad a las mujeres, sobre todo jóvenes. La extrema violencia que muestran los asesinatos son prueba de ello: son descuartizadas, quemadas, golpeadas salvajemente, los asesinos dejan mensajes en las torturas infligidas sobre los cuerpos de las víctimas y como en todos los conflictos armados, la guerra del narco convierte a las mujeres en el botín de guerra de los hombres.
A los feminicidios se añade un fenómeno en expansión dentro y fuera de las fronteras del país, el tráfico de mujeres. En México unas 10.000 personas cada año son raptadas y utilizadas para la trata, la mayoría con fines de explotación sexual en Norteamérica.
La situación de guerra contra el narcotráfico que vive México desde 2007 no ha hecho más que empeorar las condiciones de seguridad para las mujeres. Las autoridades invisibilizan esta situación de desamparo y desprotección y se excusan con las cuestiones de “seguridad nacional”, que tampoco alcanzan los objetivos propuestos. Un ejemplo de ello es la situación que atraviesa Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua), donde entre 2008 y 2010 fueron asesinadas 7.000 personas. Según Imelda Marrufo, directora de “Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez”, en 2007 hubo 300 asesinatos en la ciudad; sin embargo, a partir de la militarización en 2008 para erradicar el narcotráfico, ese año se produjeron 1.607 asesinatos. El año siguiente, en 2009, 2.552 personas fueron asesinadas y en 2010 la cifra alcanzó los 3.100. Por tanto, se puede afirmar que la política de militarización de la zona no sólo no ha logrado su objetivo sino que por el contrario, ha agravado el problema. En Ciudad Juárez entre enero de 2008 y marzo de 2010 se alcanzaron los mismos niveles de feminicidios que en el conjunto de los 14 años anteriores: 567 casos, mientras que desde 1993 a 2997 hubo 573 casos.
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007 establece la creación de programas integrales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que se han ido aplicando en cada Estado.
Así mismo, se establece la creación también del Sistema Nacional de la Violencia Contra las Mujeres, encargada de articular y coordinar entre la federación, las entidades federativas y los municipios.
A nivel nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres cuenta con el programa “Vida sin violencia”. Así mismo, cada Estado cuenta con Institutos de la Mujer que se encargan de asesorar jurídicamente a víctimas, atención psicológica y otro tipo de ayudas, según la entidad federativa.
También existe la Red Nacional de Atención Telefónica a Personas en situación de Violencia (RENAVTEL) constituida en 2009 y que pretende homologar los servicios especializados de atención telefónica a mujeres en situación de violencia de género en todo el país.
Por otro lado, el país cuenta con los Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar, así como el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres de la Secretaría de Salud de México.
Si México ha avanzado en la creación de leyes que tipifican el feminicidio y que pretenden atajar la violencia, si cuenta con políticas de atención y prevención de un problema estructural: ¿que es lo que falla en el intento de erradicar la violencia patriarcal y el feminicidio? Fallan el Estado y sus instituciones. Quien gane las elecciones en julio próximo se enfrentará al mayor desafío: revertir el momento histórico que vive México, un país que necesita un cambio urgente de rumbo, en el que las mujeres puedan aspirar a la igualdad y no vivan en una sociedad donde el simple hecho de ser mujer es riesgo de muerte.