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La ley integral española contra la violencia de género limita su aplicación al feminicidio íntimo

La norma es pionera en el mundo y se fundamenta en un concepto que la academia feminista y los movimientos de mujeres han visibilizado en la segunda mitad del siglo pasado. En la ley española, “la violencia de género” está enfocada a la que se manifiesta en el ámbito de la pareja. Este artículo de la sección desgrana los aspectos básicos de su texto

Elena Laporta – Feminicidio.net – 23/01/2012

El 28 de diciembre de 2004 se aprobaba en España la Ley de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género (1). Ya antes se habían producido algunos cambios legislativos, pero nada comparado con la entrada en vigor de esta nueva ley (2).

Desde entonces, la ley ha sido objeto de debates enconados. Seguramente pocas leyes en la historia reciente de España han sido tan criticadas como ésta, y no sólo desde sectores conservadores, sino también desde los más progresistas. Incluso sectores del feminismo han cuestionado algunos de sus ámbitos, especialmente en lo que se refiere al Derecho Penal.

Comenzamos por el preámbulo, que acertadamente se refiere a la violencia de género como un problema que no sólo se manifiesta en el ámbito privado y que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres, fruto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.

Es más, según el preámbulo, la ley pretende tener en cuenta las recomendaciones de las instancias internacionales proporcionando una respuesta global a la violencia contra las mujeres. Y cita algunos de los instrumentos más importantes como la CEDAW o la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

Esta intención manifestada a través del preámbulo la observamos principalmente en la medida en que tiene un carácter integral y multidisciplinar pero fracasa cuando se refiere al objeto de la ley. Dice el artículo 1 que “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

Como vemos, no contempla todos los supuestos de violencia contra las mujeres. El título habla de violencia de género (3) pero la realidad es que el articulado lo reduce a violencia que sufre la mujer es por el hecho de ser mujer en el ámbito de la pareja. Esto no sólo genera confusión entre la ciudadanía, que identifica violencia de género con un solo tipo de violencia contra las mujeres, sino que invisibiliza la definición que se da en el plano internacional.

A saber, por ejemplo, la Declaración de la ONU, antes citada, establece en sus artículos 1 y 2 que será violencia contra la mujer: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Por lo tanto la ley española deja fuera la mayor parte de los supuestos que son considerados como violencia contra las mujeres.

No ocurre lo mismo en muchas Comunidades Autónomas (4), donde se ha optado por la definición amplia. Es el caso, entre otras, de Madrid o Andalucía. No obstante debe tenerse en cuenta que esto es irrelevante en algunos campos como el penal, en la medida en que en el Estado español existe un sólo Código Penal aplicable a todo el territorio. Sin embargo en otros asuntos, como la utilización de los recursos no penales que se ponen a disposición de las mujeres (por ejemplo ayuda psicológica), sí llega a aquellas que sufren otros tipos de violencia que no sea la producida por la pareja o ex pareja. No obstante a la regulación en las Comunidades Autónomas, nos referimos al final de este artículo.

Lo siguiente que debemos tener en cuenta es qué tipo de violencia se reconoce. El mismo artículo 1 en su apartado tercero reconoce todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Algunas Comunidades Autónomas han optado también por incluir en sus respectivas legislaciones sobre la materia, el supuesto de la violencia económica (5).

Conociendo el objeto de la ley, nos interesa saber a continuación cuales son los derechos que tienen las mujeres víctimas de esta violencia en el marco de la pareja. La Ley Integral reconoce entre otros:

 

a) Derecho a la información (art. 18) que “comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral”.

Así mismo se recogen medidas especiales para mujeres con discapacidad víctimas de violencia, y para mujeres que por sus circunstancias personales tengan más dificultades para acceder a dicha información.

b) Derecho a la asistencia social integral (art. 19). Ésta incluye “servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral” y todo ello a través de una atención multidisciplinar que reconoce, entre otras, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de las mujeres o apoyo a la formación e inserción laboral.

c) Derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 20), cuando tengan recursos insuficientes para litigar. Ahora bien, está previsto en la ley (6) que podrán solicitar de inmediato la asistencia jurídica gratuita sin perjuicio de que en un momento posterior deba analizarse si tienen o no recursos económicos. Si los tuviesen, entonces tendrían que pagar al abogado o abogada.

d) También tienen una serie de derechos laborales (art. 21-23), entre otros a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.

Uno de los problemas que afectan a la Ley es que en muchos casos se exige que haya una orden de protección para que se puedan conceder. Es el caso de los derechos laborales. Excepcionalmente bastaría con un informe del Ministerio Fiscal.

d) Así mismo se regulan una serie de derechos de naturaleza económica (art. 27 y 28), en concreto ayudas sociales (que dependerán casi siempre del nivel de renta y de ciertas circunstancias personales) y el acceso a viviendas protegidas.

 

Y todos estos derechos se reconocen con independencia del origen, religión o cualquier otra circunstancia personal (art. 17).

Uno de los aspectos más positivos de la ley es el de la transversalidad. Lejos de pretender adoptar medidas puntuales, pretende incidir en ámbitos como el publicitario, el sanitario, el educativo, el legal o el policial.

Veamos algunos de ellos:

 

a) En el caso del ámbito educativo (art. 4-9), los esfuerzos se centran sobre todo en inculcar la igualdad entre sexos y la resolución pacífica de los conflictos. Sorprende que en la educación Infantil se haga sólo referencia a esta última y no a la idea de igualdad.

Sin embargo es loable que se establezca específicamente que el profesorado deberá recibir formación específica en materia de igualdad y de detección precoz de la violencia en el ámbito familiar.

b) Relevante es también el tratamiento que se ha dado en publicidad (art. 10-14). Entre otras cuestiones se establece que “será ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio”.

Además se prevé que “las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente”.

A diferencia de lo que ocurre con el ámbito educativo, aquí se hace mención expresa a la violencia sobre las mujeres, más allá de la igualdad, y lo hace para referirse a la difusión de información que debe garantizar la objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres y sus hijos, debiendo tenerse especial cuidado con el tratamiento gráfico.

c) La sanitaria es otro ámbito al que se refiere la Ley (art. 15-16). Prevé “programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer” e incluso señala que en los estudios de medicina se incluirán estos contenidos.

d) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son otro órgano que ha experimentado cambios gracias a la Ley (art. 31). Ésta prevé que el Gobierno establecerá unidades especiales en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas, así como hace referencia a un Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género.

e) En el ámbito gubernamental (art. 29 y 30) se crea la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer que “se encargará de formular las políticas públicas” en esta materia; y también se constituye el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, entre cuyas funciones se encuentra la de redactar informes sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer, que son remitidos anualmente al Gobierno y a las Comunidades Autónomas.

f) Con respecto al plano jurídico es importante destacar que se crean los juzgados de violencia sobre la mujer(art. 43-56), además de establecerse que se dará una formación específica en igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados así mismo se crea la figura del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer(art. 70-72).

g) En relación con todo lo anterior, se recoge en la ley que los poderes públicos elaborarán planes de colaboración y protocolos dirigidos a la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad y que tendrán un carácter global e integral (art. 32).

 

También se prevé la creación de unidades de valoración forense que diseñen protocolos de actuación global e integral en los casos de violencia de género (Disposición Adicional 2ª).

Frente a los anteriores campos de la ley, el de la tutela penal ha sido el más cuestionado. No obstante no todas las modificaciones del Código Penal han recibido la misma respuesta.

Algunos artículos han pasado más inadvertidos como el del condicionamiento de la suspensión de las penas al cumplimiento de determinadas obligaciones (art. 33), o el de la posibilidad de sustitución de las penas por trabajos en beneficio de la comunidad (art. 35), pero otros han recibido críticas muy duras.

Concretamente aquellos que se ahondan en lo punitivo. Es el caso, por ejemplo, de los artículos 36 -que incrementa las penas en los casos de lesiones-, 38 y 39 que convierten lo que antes eran faltas de amenazas y coacciones en delitos.

Un capítulo muy relevante de la ley es el de las medidas de protección y de seguridad a las víctimas (art. 61 y siguientes), especialmente las órdenes de protección (7), que abarcan tanto medidas penales (prisión provisional, prohibición de aproximación, de residencia o de comunicación, retirada de armas…) como civiles (atribución del uso de la vivienda, régimen de custodia, visitas, o prestación de alimentos…) y de protección social, y que se otorgan a través de procedimientos muy rápidos (un máximo de 72 horas) y sencillos.

Para concluir, diremos que la ley descrita es la primera de carácter integral que aborda la violencia de género en España. El motivo por el que hemos dedicado unas líneas a la misma es para que sirva como introducción a aquellos que desconozcan los aspectos más básicos de la misma. Nuestra intención es poder ir desgranándola en los próximos meses y hacer un seguimiento de su aplicación.

Junto con la ley estatal, avanzábamos en la introducción que muchas Comunidades Autónomas han aprobado leyes sobre la violencia contra las mujeres, si bien con distinto resultado. La mayoría han aprobado leyes específicas (entre otros, Navarra, Canarias, Madrid, Andalucía o Galicia), pero otras, las menos, lo recogen como un título más dentro de leyes que desarrollan otros temas vinculados a las mujeres, sobre todo en relación con la igualdad de oportunidades (es el caso de Baleares, País Vasco y Valencia).

La denominación también varía. La más usada es “violencia de género” (así en Canarias, Madrid, Andalucía o Galicia), pero también se ha optado por otras como “malos tratos" (Castilla La Mancha y Castilla y León), “violencia sexista" (Navarrra), “violencia contra las mujeres" (Cantabria), “mujeres víctimas de violencia" (Aragón) o “violencia machista" (Cataluña).

El objeto tampoco es unívoco, pero mayoritariamente han preferido utilizar una definición amplia que incluya otros casos que no sean los producidos en el ámbito doméstico, recogiendo supuestos, por ejemplo, como el de la mutilación genital femenina (Canarias). No obstante existen algunas excepciones como Baleares, Castilla La Mancha o Castilla y León donde se ha optado por identificarlo con violencia doméstica.

En definitiva, no existe en España unanimidad jurídica a la hora de regular la violencia de género.

A continuación de este artículo, compartimos el texto de la ley estatal y las leyes autonómicas sobre violencia contra las mujeres.

 

(1) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

(2) Entre esos cambios cabe citar: la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los extranjeros; la Ley Orgánica 15/03, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica; así mismo varias Comunidades Autónomas han aprobado leyes dentro de su ámbito competencial.

(3) En nuestra opinión es más correcto hablar de violencia contra la mujer.

(4) Divisiones territoriales del Estado español.

(5) Por ejemplo Andalucía.

(6) Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (art. 3)

(7) Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica.

 

Ley Orgnánica de Protección Integral(796 Kb)

Correción de errores de la Ley Integral de VG(19 Kb)

Ley de Orden de protección de las víctimas de VG(30 Kb)

Correción de errores de la Ley de Orden de Protección(19 Kb)

Ley de Igualdad (España)(1045 Kb)

Ley de VG de Andalucía(123 Kb)

Ley contra violencia de género de Aragón(267 Kb)

Ley para la Mujer de Illes Balears(259 Kb)

Ley contra Violencia de Género (Canarias)(75 Kb)

Ley para la prevención de violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas (Cantabria)(46 Kb)

Ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas (Castilla la Mancha)(35 Kb)

Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (Castilla y León)(75 Kb)

Ley del Derecho de las Mujeres a erradicar la Violencia Machista (Catalunya)(151 Kb)

Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres (Euskadi)(289 Kb)

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura(512 Kb)

Ley para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género (Galicia)(356 Kb)

Ley para la igualdad de mujeres y hombre, y de protección contra la VG de la Región de Murcia(100 Kb)

Modificación de la ley para la igualdad y de protección contra VG (Murcia)(171 Kb)

Ley Foral para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista (Navarra)(38 Kb)

Modificación de Ley Foral para adopción de medidas integrales contra violencia sexista (Navarra)(31 Kb)

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