Ostenta la tasa de feminicidios más elevada del mundo: 129 asesinadas por razones de género por cada millón de mujeres. Cada 10 horas es ultimada una mujer, dos por día. Las cifras escalofriantes aumentan año tras año. En algunos países el exterminio de mujeres es la peste del siglo XXI. ¿Realmente hacemos lo suficiente los Estados, los organismos internacionales y la sociedad para acabar con el feminicidio?
Texto: Noemí García Cabezas / Diseño: Francisco Gatica
España, Madrid – Una pandemia es una enfermedad infecciosa que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que cuando una misma enfermedad afecta a más de 10 personas por cada 100.000, puede hablarse de pandemia. En El Salvador 12 mujeres de cada 100.000 son asesinadas por razones de género. Y las cifras de feminicidios se extienden y multiplican a lo largo de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Estamos ante una de las pandemias de nuestra historia contemporánea.
El Salvador es un pequeño país centroamericano situado entre Guatemala y Honduras. De los 6.251.495 habitantes, el 52,9 % de la población son mujeres. En 2007 el 61,7% de ellas eran analfabetas. Más del 30% de la población vive por debajo del umbral de pobreza (CIA World Factbook 2009).
El Salvador vivió una guerra civil desde 1980 hasta 1994. Al igual que en Guatemala, la situación bélica que vivió el país hizo que la sociedad joven contemporánea, nacida al calor de la violencia que provoca cualquier guerra, se caracterice por unos altos niveles de violencia, en especial hacia las mujeres, consideradas ciudadanas de segunda, más aún si éstas son indígenas y pobres.
Según el Informe “Feminicidio: un problema global”, de la organización Small Arms Survey El Salvador es el país del mundo que presenta más feminicidios, con una tasa de 12 por cada 100.000 mujeres; en este dato coincide el informe “Global Homicide” de la ONU (2011). Tal como se desprende del ”III Informe Internacional de Violencia contra la Mujer en las Relaciones de Pareja, Legislación y estadísticas 2010” del Centro Reina Sofía, El Salvador tenía en ese año la tasa más alta de feminicidios de los 44 países analizados, con 129,43 feminicidios por millón.
Cada 10 horas una mujer es asesinada en El Salvador, dos mujeres cada día, según CEMUJER. La cifra no deja de aumentar año tras año: en 2007 una mujer era asesinada cada tres días. En la última década la violencia contra las mujeres en El Salvador ha aumentado un 197%.
LAS CIFRAS
El observatorio de violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)señala que la Policía Nacional Civil registró entre enero y febrero de este año 121 mujeres asesinadas por feminicidio. Por su parte, el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la mujer (ISDEMU)contabiliza entre enero y marzo de este año los feminicidios de 158 mujeres. Según la Policía Nacional Civil, han aumentado los delitos de feminicidio en 2011 un 13,4% con respecto al año anterior.
A esta alarmante cifra habría que añadirle las denuncias por violencia sexual, intrafamiliar y de género, que según la Directora del ISDEMU, Yanira Argueta, en los tres primeros meses de 2012 fueron 2.800, cifra a la que habría que sumar los casos que no han sido denunciados.
En El Salvador es el Instituto de Medicina Legal, la institución encargada de contabilizar los asesinatos de mujeres por razones de género. Según datos de dicha institución, a partir de 2009 se produjo un significativo aumento de la violencia contra la mujer.Desde 1999 han tenido lugar 4.780 feminicidios oficiales en El Salvador.
San Salvador es el departamento que más feminicidios presenta en números totales, ya que además es el más habitado (en 2011 hubo 194 feminicidios; en 2012 van 38 –hasta febrero–). En 2011 los departamentos que presentaron niveles más altos de feminicidios fueron San Salvador, La Libertad, Santa Ana y San Miguel (entre los cuatro sumaron el 69% de los casos).
Entre las mujeres asesinadas, según cifras oficiales, las mujeres de entre 35 y 60 años representan el grupo más vulnerable, con 151 casos en 2011, seguido por el grupo de edad de entre 18 y 25 años (142 casos). En total, el 49% de mujeres asesinadas en El Salvador en 2011 tenían entre 18 y 35 años. Según las estadísticas oficiales, entre 2007 y 2010 se observan varios picos de feminicidios entre mujeres de entre 20 y 29 años en primer lugar y de entre 10 y 19 años a continuación. El 87% de los casos de feminicidios en 2011 fueron de niñas y adolescentes.
En cuanto a los asesinatos en sí, el Instituto de Medicina Legal pudo constatar que en 2010 en la mayoría de los casos de feminicidios se habían producido también agresiones sexuales y una fuerte brutalidad contra los cuerpos de las mujeres.
Según ISDEMU en los feminicidios ocurridos desde la entrada en vigor de la Ley que tipifica el feminicidio, 99 de las 158 mujeres asesinadas lo fueron con armas de fuego (62,65% de los casos), seguidas de arma blanca (35 casos, 22,15%). El hecho de que el arma más utilizada para asesinar a las mujeres sea el arma de fuego (algo que corroboran las estadísticas de años anteriores) hace constatar que el mercado negro de armas condiciona sin duda los niveles de violencia en el país.
Si nos fijamos en el lugar donde aparecen los cuerpos sin vida de las mujeres asesinadas en el Salvador, la mayoría de ellos se encontraron en la calle (510 casos), seguidos de la vivienda familiar o de la víctima (403 casos). Además, la mayoría de los casos se dan en ciudades (en 2012 continúa esta tendencia: de los 158 casos que recoge ISDEMU, 94 fueron en el área urbana frente a los 64 de áreas rurales).
TIPIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO
En 1996 tuvo lugar la Primera Política Nacional de la Mujer; la Segunda tuvo lugar en 2010, dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014. Como consecuencia de la primera política nació el ISDEMU, tras los compromisos que el estado salvadoreño había adquirido tras la celebración de la Conferencia de Beijing de 1995.
Según el ISDEMU, que plantea la violencia contra las mujeres como un problema de seguridad pública, en los dos últimos planes de políticas nacionales de la mujer, las acciones relacionadas con la violencia contra las mujeres fueron las que gozaron de mayor cumplimiento, aunque quedaban pendientes tareas como la elaboración e implementación de una estrategia de atención, seguimiento y monitoreo en todas las instituciones del Estado, así como la creación de un sistema de información y registro de casos de violencia de género, entre otros.
Los altos índices de violencia contra las mujeres en el país hicieron que, tal como otros países de la región ya habían hecho, comenzara a hablarse a nivel institucional de la necesidad de contar con una ley que tipificara el delito del feminicidio y estableciera penas especiales y otras normas que protegieran la vida de las mujeres.
Según el II Informe de Violencia contra las Mujeres en El Salvador del ISDEMU el Gobierno de Mauricio Funes (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) se comprometió a una tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres. No obstante, desde que ostenta el cargo de presidente (2009) las cifras de feminicidios y violencia han experimentado gran crecimiento. Se observa un crecimiento de muertes violentas de mujeres y sin embargo, descienden las muertes violentas de hombres (en 2008 la tasa de muertes violentas de mujeres se duplicó, y en 2009 se triplicó).
Previamente a la sanción de la actual ley se habían producido varios intentos de tipificar el delito del feminicidio en El Salvador. De este modo el 22 de junio de 2009 el Foro de Mujeres de Partidos Políticos con la participación de Diputados de ARENA y PDC impulsaron la “Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género”. El mes siguiente, en julio de 2009 la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres, compuesta por ORMUSA, Las Dignas y Las Mélidas, con apoyo del FMLN y otras/os diputadas/os presentaron la “Ley Integral para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. La Ley definitiva cuenta con 61 artículos, divididos en ocho capítulos. La ley pena el feminicidio entre 30 y 50 años de cárcel.
En medio de esta situación, en noviembre de 2010 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2012, y que ya ha dictado la primera sentencia por feminicidio el pasado 23 de abril contra dos menores de edad por feminicidio agravado (artículo 46), al asesinar a otra menor el pasado mes de enero.
A partir de ahora se plantea un futuro incierto para la seguridad de las mujeres. En los últimos meses la Dirección General de la Policía de El Salvador había adquirido el compromiso de involucrar en la agenda policial la violencia contra las mujeres como tema prioritario. Sin embargo, tal como anuncia ORMUSA en su “boletina” de enero se han dado cambios en la cúpula policial que optan por una mayor militarización de la policía, lo que podría suponer un retroceso en la aplicación de estos convenios con diversas organizaciones y con la misma institución policial, ya que se habían comprometido a promover la inclusión y el fortalecimiento de capacidades de la policía desde una perspectiva de género.
IMPUNIDAD
En cuanto a los niveles de impunidad de estos asesinatos, el Informe Global Homicide constata que el 95% de los casos de feminicidios desde 2009 no han sido judicializados. El Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) destaca que hay una impunidad del 60-70% en los casos de feminicidio ocurridos en 2011. El Informe “El Feminicidio, una violación de los Derechos Humanos de las mujeres y respuestas de las Instituciones del Estado” realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos señala que de los 3.624 asesinatos reportados entre 2001 y 2010 tan sólo han obtenido condena 22 feminicidios; el resto son absoluciones, sobreseimientos y medidas alternativas a favor de los acusados, lo que supone un 99,94% de impunidad del delito de feminicidio. Óscar Luna, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, opina que esto ocurre debido a la falta de prevención y a que el Estado no ofrece respuestas. En este mismo informe se señala que entre 2005 y 2010 de las 885 denuncias de feminicidios sólo fueron judicializadas tan sólo 50 (94,35% de impunidad).
REDES DE TRATA Y MISOGINIA
En cuanto a otros delitos ligados al género, está el de la trata de personas. Según ISDEMU el riesgo de ser víctima de delito de trata es mayor para las mujeres que para los hombres: 89,5% de las personas en esta situación son mujeres. Entre 2004 y octubre de 2010 la Policía registró 381 casos de trata, siendo 341 mujeres y 40 hombres (10,5% de casos). Entre esas mujeres víctimas de trata, una amplia mayoría tienen entre 14 y 17 años; muchas son de otras nacionalidades pero siempre centroamericanas: nicaragüenses, hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas (ISDEMU 2009).
Una gran parte de la sociedad salvadoreña, tradicional y culturalmente machista y misógina, cree que la trata con fines de explotación sexual es aceptada de buena forma por las mujeres que la sufren, quienes incluso “disfrutan de la situación”.
En noviembre de 2011 la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres de la Región Mesoamericana confirmó que la violencia que vive el país se agudiza por estar inmerso en un contexto de narcotráfico y delincuencia organizada, en el que además hay niveles altos de desigualdad económica que perpetúan relaciones de poder y de subordinación de las mujeres.
Al problema de la violencia contra las mujeres como algo estructural en la sociedad salvadoreña, se añade el problema de las maras, que ejercen una brutal violencia sobre las mujeres. Está por ver la repercusión que sobre los feminicidios tendrá uno de los últimos movimientos entre Gobierno y las principales maras (o pandillas) de El Salvador (Mara Salvatrucha y Mara 18), que decretaron a principios de marzo el cese de hostilidades a cambio de que 30 de sus líderes encarcelados fueran trasladados de cárceles de máxima seguridad a otras cárceles donde se les otorguen mayores libertades, medida no exenta de polémica y negada por el Ejecutivo.