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Violencia sexual contra mujeres: informe revela impunidad y falencias de los Estados

El estudio fue realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y analiza la violencia sexual en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los  obstáculos en la prevención y abordaje del tema son: la falta de datos y los problemas estructurales en la administración de Justicia

Elena Laporta – Feminicidio.net -–15/06/2012

España, Madrid – El año pasado se publicó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [1] que aborda la violencia sexual en la región mesoamericana (especialmente El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua): “Acceso de la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica”. Nuestra Campaña contra el terrorismo sexual: Ciudades libres de violencia hacia las mujeres nos ha llevado a recuperar este documento.

El informe analiza esta concreta vulneración de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva jurídica e integral abarcando “la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de casos de violencia sexual, así como al tratamiento otorgado a las víctimas y a sus familiares por instancias judiciales de protección”.

No obstante también se hace referencia a elementos ajenos al Derecho como los patrones socioculturales que mantienen y legitiman la violencia contra las mujeres.

El punto de partida es el concepto mismo de violencia sexual. En ese estudio se toma la definición que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos: son “acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, las cuales comprenden la invasión física del cuerpo humano y pueden incluir actos que no involucren penetración o contacto físico alguno”.

La segunda cuestión a tener en cuenta es lo que se entiende por acceso a la justicia: “el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos”. Es decir, que no basta con que se reconozca ese derecho a acceder la justicia sino que en la práctica debe estar debidamente garantizado.

El texto se divide en 4 bloques:1.- El primero se refiere al marco jurídico y a los estándares internacionales que existen sobre el acceso de las mujeres a la justicia por motivos de violencia sexual, así como las obligaciones que en estos casos corresponden a los Estados.

2.- El segundo se centra en poner de manifiesto cuáles son los obstáculos que se han encontrado las mujeres al acceder al sistema de justicia.

3.- La tercera valora los avances logrados en este campo en los últimos años.

4.- El informe finaliza con las conclusiones y un conjunto de recomendaciones.

MARCO JURÍDICO

A partir de los estándares jurídicos interamericanos y universales de protección de los derechos humanos (legislación, jurisprudencia y opiniones doctrinales), el informe explica en qué consisten dos deberes concretos de los Estados:

1.- La obligación de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia sexual.

2.- El deber de garantizar un acceso a la justicia adecuado y efectivo cuando hechos de violencia sexual ocurren.

OBSTÁCULOS

También se desgranan los obstáculos que impiden que se de una adecuada respuesta jurídica. Entre ellos:

1.- La falta de datos que permitan comprender la magnitud del problema, a pesar de que, tras la violencia que se ejerce contra las mujeres por sus parejas, es la segunda más grave.

2.- Problemas estructurales en la administración de la justicia:

a) Discriminación sexista basada en estereotipos a las que someten a las víctimas los operadores jurídicos, revictimizándolas.

b) Desconocimiento de la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos de las mujeres.

c) Condiciones inadecuadas a la hora de recibir las denuncias. No se garantiza la privacidad de las víctimas, las hacen repetir sus testimonios, ahondando en la revictimización, hay falta de recursos tanto humanos como de infraestructuras y falta de capacitación.

d) Procedimientos formales, complicados y largos: las mujeres tienen que viajar en numerosas ocasiones, los procesos son muy largos, a veces tienen que agotar previamente otras vías, y todo ello incrementa los costes económicos para pagar al abogado/a. Estos factores las llevan muchas veces a desistir del proceso. También se observa una falta de coordinación entre los órganos que intervienen a lo largo del proceso.

e) No se da una atención integral a las víctimas. A pesar de que la normativa muchas veces lo exige, no se informa ni se asesora adecuadamente. O incluso directamente no se informa ni se asesora a las mujeres que sufren violencia sexual. Tampoco existe personal capacitado para dar ese asesoramiento; hay ausencia o insuficiencia de casas de acogida; y los mecanismos de protección no son eficaces ni para la víctima ni para los testigos. A todo ello se añade la falta de atención médica y psicológica.

f) Falta de capacitación de los médicos forenses y limitaciones en los recursos con los que cuentan, lo que afecta directamente a la obtención y conservación de las pruebas.

g) Niveles altos de impunidad, ocasionadas por las prácticas incorrectas de los operadores jurídicos.

3.- Obstáculos para reparar: no se tienen en cuenta las necesidades de las víctimas.

4.- Existen mujeres que se ven más afectadas, porque además de la discriminación sexista sufren otro tipo de discriminaciones. Es el caso de las niñas, las mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes.

AVANCES

No todo son obstáculos y por ello el informe de la CIDH recoge también los avances que se han producido en los últimos años. Éstos se focalizan en dos líneas de actuación. Por un lado la creación de instituciones especializadas en violencia contra la mujer. En segundo lugar, la aprobación de protocolos de actuación y coordinación entre los órganos implicados para garantizar una asistencia integral.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los serios obstáculos que todavía enfrenta las mujeres, el informe concluye con una serie de recomendaciones que se concretan en:

1.- Investigación, juzgamiento y sanción de actos de violencia contra las mujeres.

2.- Prevención de la violencia sexual y la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios.

3.- Atención y servicios para víctimas de violencia sexual.

4.- Acceso a instancias judiciales de protección, mecanismos de denuncia, y la recopilación de estadísticas.

5.- Protocolos de atención y la recopilación de pruebas.

6.- Peritajes especializados.

7.- El otorgamiento de medidas de protección.

8.- La reparación de las víctimas de violencia sexual.

9.- Desarrollo y mejora de los órganos especializados.

10.- Medidas para incluir las necesidades especiales de las niñas y las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes.

Cada una de estas recomendaciones viene acompañada de medidas concretas. Recomendamos consultar el informe.

[1] CIDH, Acceso de la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, 2011. Disponible en: http://lac.unfpa.org/webdav/site/lac/shared/DOCUMENTS/2012/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf

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