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Uruguay: se despenaliza el aborto

El mérito es del movimiento de mujeres que ha luchado más de tres décadas -con siete intentos anteriores por reformar la ley que penaliza el aborto como delito-. La nueva norma que permite la interrupción del embarazo sólo si se cumple una serie de requisitos, no ha dejado conforme a organizaciones de la sociedad civil. En este reportaje te contamos el camino político recorrido hasta su sanción. Las organizaciones sociales muestran su disconformidad con el proyecto final. Tras una larga andadura y numerosos intentos de despenalizar el aborto, Uruguay abre el camino en América Latina. A pesar de que la ley no será como en principio se planteó, las mujeres uruguayas que aborten voluntariamente –siempre dentro de los plazos establecidos– no correrán el riesgo de ir a la cárcel. Hemos hablado con diputadas y organizaciones sociales del Uruguay, que contabilizan un aborto clandestino en el país cada 20 minutos

 

 

Noemí García Cabezas – Foto: MYSU - Feminicidio.net – 26/09/2012

Uruguay, Montevideo – A día de hoy se calcula que podría haber unos 33.000 abortos al año en Uruguay (3.286.314 personas, el 52,65% son mujeres), un aborto clandestino cada 20 minutos, 80 al día: “no hay quien no conozca a una mujer que se haya practicado un aborto; sin embargo se juzga y condena socialmente a quienes optan por tomar esa decisión”, afirman Clara Reyes y Camila Csery, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que desarrolla su trabajo en Montevideo.

El pasado 10 de septiembre la Comisión Especial de Interrupción Voluntaria del Embarazo, creada en el Congreso de los Diputados del Uruguay para elaborar un proyecto de ley que despenalice el aborto, aprobó el texto, que ayer ratificó el resto del arco parlamentario por 50 votos a favor y 49 en contra. Después de la media sanción del Senado, a finales del pasado año, el proyecto deberá pasar de nuevo por la Cámara Alta para que finalmente sea sancionado y convertido en ley. El proyecto salió adelante por un acuerdo entre el Frente Amplio (conglomerado de fuerzas de izquierda que gobierna actualmente en el país sudamericano) y el Partido Independiente.

Durante la votación en el Congreso, que duró unas catorce horas, unas diez mujeres del colectivo Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) realizaron en los exteriores del Congreso una performance completamente desnudas, con sus cuerpos pintados de naranja, el color de la campaña por el aborto legal en el país latinoamericano.

El camino para llegar a este punto ha sido largo y difícil. La ley 9.763 que rige actualmente para los casos de aborto y que considera delito el hecho de abortar voluntariamente data del año 1938. Años antes, desde 1934, el aborto fue legal, pero en 1938 se introdujo como delito en el Código Penal. Este es el octavo intento de reformar la ley, después de intentarlo en 1978-79, 1985, 1991, 1993, 1998, 2002-2004 y 2008.

 

ÚLTIMOS PASOS

La historia más reciente de la lucha por despenalizar el aborto en Uruguay arranca en 2002, cuando el tema fue retomado por el Parlamento Uruguayo. 47 votos a favor y 40 en contra fue el resultado de la votación, que debía pasar al Senado para la sanción. Allí se trató dos años después, donde fue rechazado por 17 votos frente a 13. En 2007 la Cámara de Senadores abordó de nuevo el tema de una ley de Salud Sexual y Reproductiva, donde obtuvo media sanción. Pero no fue hasta 2008 cuando el trabajo empezó a tomarse más en serio: en el mes de noviembre se votó en el Senado la aprobación de un proyecto de ley que legalizaba el aborto. Unos días más tarde, el Presidente Tabaré Vázquez, con el aval de la Ministra de Salud Pública Mª Julia Muñoz, vetó la ley “por cuestiones filosóficas y biológicas”, lo que provocó un fuerte terremoto en las filas del Frente Amplio y del Partido Socialista, al que pertenecía el Presidente: “cuando ratificamos nuestra posición pro-legalización del aborto frente al veto de Tabaré Vázquez éste se desafilió del partido”, afirma la diputada del Frente Amplio perteneciente al Partido Socialista, María Elena Laurnaga, que forma parte de la Comisión Especial : “hemos pagado un costo enorme por mantener la coherencia: seguimos luchando por la legalización del aborto para que ninguna mujer quede fuera de la protección de salud que merece”. La ley vetada permitía abortar dentro de las 12 primeras semanas de gestación sin consecuencia penal para mujeres o personal sanitario, y un plazo aún mayor para aquellos casos en los que el embarazo supusiera riesgos de salud para la madre. En la actualidad no existen mujeres presas por abortar, pero sí hay personal médico encarcelado por ello, según afirma la diputada del Frente Amplio.

Pese al veto presidencial a la despenalización del aborto, se aprobó la ley 18.426 de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva.

Para los movimientos sociales que luchan por la legalización del aborto el veto presidencial fue sin duda la mayor decepción: “era una ley integral que hubiese sido de avanzada en el contexto regional y también internacional, al reconocer y garantizar el Estado la libertad y autonomía de las mujeres”, dice Lilián Abracinskas, directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y una de las activistas feministas más destacadas del país. “No solo fue decepcionante, sino que dejó un vacío legal sin sentido”, dicen desde la FEUU.

En 2011, bajo la presidencia del también frenteamplista José Mujica, comienzan a darse pasos de nuevo para proceder a la despenalización del aborto por ley. Ya en campaña electoral, Mujica había manifestado que pese a no estar de acuerdo con el aborto no vetaría una futura nueva ley de Salud Sexual y Reproductiva: “El aborto no lo quiere nadie, ni siquiera quienes lo practican. El problema es cuál es, ante los hechos, el mejor camino para salvar la mayor cantidad de vidas posible”, confesó al Diario La República). Mujica votó a favor de la ley en el Senado en el año 2007.


Foto: N.G.C

A finales de 2011, en la última sesión del año el Senado dio media sanción a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (17 votos frente a 14) que despenalizaba el aborto, castigado hasta ahora con penas de tres a nueve meses de cárcel. El proyecto, presentado por el Frente Amplio, contó no obstante con disensiones entre sus propias filas: el senador frenteamplista Jorge Baraíbar abandonó su escaño para que su suplente votara según la disciplina de partido. Jorge Saravia, del Partido Nacional y uno de los impulsores del proyecto cuando formaba parte del Frente Amplio votó también a favor, en contra de lo acordado en el Partido Nacional.

De esta forma, el proyecto pasaba al Congreso de los Diputados, donde el Frente Amplio, pese a tener mayoría, no contaba con suficientes apoyos para aprobar la ley, ya que un diputado de sus filas se negó a aprobarla: “se requirió la negociación con un diputado de otro partido rebajando las expectativas iniciales”, afirma Laurnaga desde Montevideo. Así pues el proyecto de ley inicial se reformuló a partir de la propuesta del diputado Iván Posada, del Partido Independiente.

Finalmente, el proyecto de ley aprobado ayer en el Parlamento despenaliza el aborto dentro de las 12 primeras semanas de gestación cuando la mujer cumple con los siguientes requisitos: consulta con un médico, entrevista con un equipo multidisciplinario (ya existente por la ley 18.426 de Salud Sexual y Reproductiva), cinco días para reflexión y finalmente ratificación de su voluntad. En los casos de menores de edad, debe haber un consentimiento informado con la presencia de un adulto referente o bien con intervención de un juez que autorice la interrupción. Se recoge la objeción de conciencia para profesionales de la salud, pero no de las instituciones, que en caso de no estar de acuerdo con los abortos deberán acordar con el Ministerio de Salud la forma de transferir los casos a otra institución. Por último, se establece la obligatoriedad de Ministerio e instituciones médicas de llevar a cabo un registro de datos que permitan evaluar el impacto de la ley.

Así, y tal como denuncian las organizaciones sociales, el nuevo proyecto si bien garantiza la no penalización de las mujeres que aborten voluntariamente siguiendo los pasos mencionados anteriormente, sigue considerando delito el aborto, por lo que sí tendrán el riesgo de penalización quienes no sigan los pasos establecidos por la norma y aborten (o practiquen el aborto de otras) de forma clandestina: “el texto no satisface las expectativas de mínima que tenía el movimiento social en la medida en la que no despenaliza la práctica del aborto”, dice Abracinskas: “La Coordinadora por el Aborto Legal de Uruguay considera que se debería modificar el Código Penal para que el aborto no sea delito hasta las 12 semanas de gestación si se realiza por decisión de la mujer o fuera de ese plazo cuando el embarazo sea producto de una violación, sea riesgoso para la mujer o el feto presente malformaciones incompatibles con la vida”, afirma.

Además, los movimientos sociales que apoyan la legalización del aborto consideran que el fin último del nuevo proyecto es desestimular la práctica del mismo, para lo que se establecen requisitos institucionales que se convierten en “verdaderas barreras de acceso además de poner en tela de juicio la capacidad de una mujer para tomar decisiones responsables”, dice Abracinskas; el proyecto trata a la mujer “como incapaz al obligarla a consultar con un equipo e imponerle cierto periodo de reflexión”, afirman por su parte desde la Federación de Estudiantes.

Desde la Coordinadora por el Aborto Legal se lanzó el pasado 21 de septiembre el comunicado “A oídos sordos, palabras claras”, en el que se analizan detalladamente y en lenguaje cercano a la población los artículos del nuevo proyecto de ley.

Aunque según la diputada Laurnaga el proyecto de ley aprobado se ajusta a las demandas de la ONU con relación a los derechos reproductivos e “incluso se fundamenta en los compromisos internacionales asumidos por el país en esta materia, siendo coherente con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que votamos en el período anterior”, las organizaciones sociales muestran su descontento, porque además, como señalan desde la FEUU, las mujeres de clases bajas serían las más perjudicadas: “el aborto es un asunto de salud pública que afecta a mujeres de todas las clases sociales y niveles educativos; sin embargo las más afectadas y criminalizadas son las mujeres de clase baja, a quienes el sistema político da la espalda dejando que unos pocos médicos se enriquezcan a causa del no reconocimiento de nuestros derechos”. A esta situación de desprotección se refiere también la diputada Laurnaga: “para las mujeres de fuera de Montevideo es aún más grave: el control social en las poblaciones pequeñas es aún mayor y en muchos casos el acceso a un profesional de la salud se ve dificultada”. La diputada frenteamplista incide además en que en el interior “pesa más el patrón tradicional de dominación masculina, donde la mujer se hace cargo de las consecuencias de la sexualidad”.

 

OPINIÓN PÚBLICA

Según las últimas encuestas realizadas, hay un fuerte apoyo de la población hacia la despenalización del aborto: “Si bien el Frente Amplio tuvo un papel fundamental en el impulso de la ley, la ciudadanía se involucró en el tema, se movilizó y jugó un rol clave en esa conquista”, afirman desde la FEUU, quienes llevan a cabo campañas vía Facebook y las intervenciones “Amanecer Naranja”: “consisten en vestir de naranja determinadas zonas de Montevideo”.

La empresa Radar realizó una encuesta entre el uno y el 20 de junio de este mismo año, concluyendo que el 51% de la población está a favor de despenalizar el aborto, mientras el 42% se mostraría en contra (7% ns/nc). El porcentaje llegaría al 60% en personas con educación superior, según fuentes de la FEUU. Por su parte, la empresa Cifra en una encuesta realizada entre el cuatro y el 13 de mayo coincide con la anterior en el 51% a favor de la despenalización y el 37% en contra. El consenso social en este aspecto ha ido creciendo, ya que en el año 2000 sólo el 31% se mostraba en contra de legalizar o despenalizar el aborto. Lilián Abracinskas afirma que esto “es una tendencia que todos los politólogos determinan como irreversible. La sociedad uruguaya tiene posicionamiento asumido en el tema”.

Puede que este cambio se haya dado a partir del trabajo desarrollado por el movimiento de mujeres a favor de legalizar el aborto: “era un tema invisibilizado, con una doble moral en torno a su práctica, y fue convertido en insoslayable para la agenda política gracias a los movimientos sociales”, dice la directora de MYSU.

 

EL PAPEL DE LA IGLESIA Y LOS GRUPOS DE PRESIÓN ANTIABORTISTAS

A pesar de la opinión pública favorable a legalizar el aborto, hay grupos de presión contra el aborto que se articulan en torno a la Coordinadora por la Vida: “en su mayoría son organizaciones de base religiosa que sustentan los posicionamientos más conservadores y fundamentalistas”, afirma Abracinskas.

Sorprende que en el país más laico de Sudamérica (Uruguay separó el poder religioso del Estado en 1919) donde sólo la mitad de la ciudadanía se considera católica, la oposición al tema del aborto haya sido tan fuerte pese a tantos intentos de derogar o reformular la ley. “La Iglesia en este tema pesa más de lo imaginable, sobre todo en las élites políticas dominantes”, afirma María Elena Laurnaga. Por su parte Lilián Abracinskas asegura que las élites religiosas “ejercen presión a través de amenazas de excomunión a parlamentarios que voten a favor de la ley y otras presiones sobre las que nunca se sabe cuáles son las monedas de transacción”.

Desde los grupos antiabortistas, tal como señalan las representantes de la FEUU entrevistadas para este reportaje, el debate en torno al aborto se plantea como maniqueo: aborto sí o aborto no; despenalización sí o despenalización no…: “al instalarse en esta dicotomía vida contra aborto se nos coloca el cartel de asesinas”, concluyen.

Por su parte, las organizaciones a favor de la despenalización del aborto se agrupan en la Coordinadora por el Aborto Legal, nacida en 2003. El perfil de quienes luchan por este derecho es de activistas por los Derechos Humanos, además de organizaciones de mujeres, de jóvenes, de diversidad sexual, estudiantes (la Federación de Estudiantes Universitarios): “fue un logro muy importante para la causa que la Central Sindical se posicionara a favor de la legalización”, añade Abracinskas. La mayoría de activistas son mujeres mayores de 30 años, aunque en las campañas cada vez participan más hombres.


Foto: N.G.C.

 

MUERTES POR ABORTO

La tasa de fallecimientos maternos en Uruguay es de las más bajas de Latinoamérica. Principalmente las muertes que se producen están asociadas a las hemorragias, infecciones puerperales y eclampsias.

En 2001 se conoció el dato de que los abortos clandestinos estaban detrás del 28% de las muertes maternas, y el 47% de los casos se daban en el Hospital Pereira Rossell de Montevideo, el principal centro de atención infantil y maternidad de Uruguay y donde acuden mayoritariamente mujeres de clases bajas. Un año después se puso en marcha el programa “Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo”, que mitigó la cifra.

Sin embargo, en Uruguay hoy existe un mercado negro de misoprostol, medicamento desarrollado por el laboratorio estadounidense Pfizer indicado para tratar úlceras gástricas y duodenales. Los médicos no pueden recetarlo de forma legal, pero lo aconsejan de forma habitual a las mujeres que quieren abortar.

Entre los años 2007 y 2011 según el Ministerio de Salud Pública no se dieron casos de muertes por abortos clandestinos en todo el país, aunque las organizaciones sociales dudan de que el dato sea cierto. Sin embargo, durante este año se han producido dos muertes de mujeres de 28 y 32 años por el uso del citado medicamento.

Una de las mujeres murió en el Hospital de Clínicas y otra en el Pereira Rossell. Ambas contaban con siete semanas de embarazo. Con el proyecto de ley aprobado ayer, ambas mujeres no hubieran tenido que acudir a métodos no seguros para poder abortar de forma legal.

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