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Una herida abierta de la memoria histórica en España

¿Cómo es posible que sepamos tan poco de nuestros muertos? La memoria histórica es una herida que le duele al Estado español, le cruza la espalda desde 1936 hasta el mañana. Las voces calladas marcan los años del franquismo y continúan más allá de su final, en 1977. Las teorías españolistas y el nacionalcatolicismo, ambos en su afán purificador, elaboran un contexto bajo el que se producen apropiaciones de niños y niñas durante la dictadura franquista. Por cada infante se llega pagar entre 50.000 y 1.000.000 de pesetas. Hace apenas cuatro años y por primera vez en el Estado español, se llevan los crímenes del Régimen ante el juzgado donde los niños robados se declaran oficialmente “víctimas del franquismo”. A finales de 2011 la Fiscalía Superior del Estado cuenta 1.072 denuncias presentadas por sustracción de menores. Con apenas seis meses de funcionamiento, la asociación SOS Bebés investiga 110 casos

Ana Viqueira - Feminicidio.net - 19/10/2012

Tanto en la Guerra Civil como en la dictadura, las mujeres sufren una represión vestida de simbolismo, “destinadas a evidenciar la fuerza de los vencedores y la dominación de los vencidos”, se utiliza “el cuerpo femenino como botín de guerra” con la “seguridad de que afectaría al enemigo varón [1]”. Algunas cárceles se convierten en campos de concentración, la de Ventas, en Madrid, hecha para albergar a 500 personas, llega a aglomerar a 10.000 mujeres y a sus hijos [2].

 

LAS MUJERES, REPRESIÓN VESTIDA DE SIMBOLISMO

El general Gonzalo Queipo de Llano, el 23 de julio de 1936 en Radio Sevilla: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombres. De paso, también, a las mujeres de los rojos; que ahora por fin han conocido a hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará [3]”.

 

Empuñar una bandera o asistir a una manifestación, ocupar el espacio público es un delito que los tribunales militares utilizan para encausar a las mujeres. Entre 1936 y 1946, la mayoría son juzgadas por “auxilio a la rebelión” y a partir de 1946 por “connivencia con los huídos”.

 

La libertad femenina se convierte en “deshonor” masculino que se venga con el castigo y, si la familia no puede cumplir una función correctora, “la Iglesia primero y el Estado después han estado prontos a suplir esa carencia [4]”.

 

Las monjas custodian las cárceles femeninas. Interpretan la actividad sexual fuera del matrimonio como “pecado” y centran su afán en la “purificación”. La antropóloga feminista Dolores Juliano explica cómo la Iglesia llevaba siglos en los conventos “para que las madres solteras pudieran separarse de su descendencia anónimamente”. Las monjas lo consideraban una “estrategia de caridad cristiana pues salvaba a la mujer de la vergüenza y a la criatura del mal ambiente de un hogar desestructurado”. Con este antecedente, “la misma lógica la aplicaron en las cárceles. Si las madres eran pecadoras y no se arrepentían, se convertían en una mala influencia para las hijas e hijos y por consiguiente separarlos de ellas era una forma de salvarlos [5]”.

 

El Papa, Pio XII , tan pronto sube el dictador al poder, celebra la “deseada victoria católica” y mantiene que “alcanzada la paz, (España) emprenda con nuevo vigor sus antiguas y cristianas tradiciones que tan grande la hicieron [6]”.

 

La Iglesia veía a Franco como un “enviado de Dios para restablecer la consubstancialidad de la cultura tradicional española con la fe católica” [7]. La religión sirvió al Régimen de “refugio de su tiranía y crueldad” y a la Iglesia “le dio la máscara perfecta” [8]. Bajo la dictadura, las mujeres quedaron “privadas de cualquier autonomía jurídica, económica y cultural y condenadas a la obediencia y al sacrificio” [9] y se establecieron medidas legislativas con el fin de “vigilarlas, reeducarlas y purificarlas [10]”.

 

El Capítulo II y artículo 416 del Código Penal de 1944, BOE 13 de enero de 1945, sanciona la anticoncepción. También están penados el aborto, el divorcio, el abandono del hogar y el amancebamiento al nivel de “falta contra el Estado” equiparándolo a los delitos “políticos” por “desafección” al Régimen.

 

 

Cruz dos Caídos en Monte O Castro, en Vigo. Organizaciones civiles y políticas, en especial NOS-UP, han hecho numerosas campañas para su supresión.

El gobierno de Vigo, tanto PSOE como PP, han mantenido esta construcción incumpliendo la Ley de Memoria Histórica sin recibir por ello ninguna sanción.

 

LA LEY DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1941: LA IMPUNIDAD LEGAL

El 7 de diciembre de 1941 se pone en marcha el decreto Noche y Niebla (Nacht und Nebel Erlass) en Alemania que marca el comienzo de desapariciones forzadas de personas en dicho país. Tres días antes, la Jefatura del Estado español data la ley sobre inscripción en el Registro Civil de los niños y niñas repatriados y aquellos cuyos padres y demás familiares murieron o desaparecieron durante la guerra.

 

La ley 4 de diciembre de 1941 indica que en caso de no conocer los nombres y apellidos de los niños, “se les impondrán de los usuales, y se expresará que la filiación es desconocida, sin que esto implique presunción de ilegitimidad [12]”. Una vez inscritos, estos niños y niñas no internarán en instituciones benéficas “cuando existan personas que soliciten hacerse cargo de algún huérfano y garantice el perfecto cumplimiento de dicha misión [13]”.

 

La memoria del Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas, da la cifra de 12.042 niños y niñas tutelados por el Estado en 1944. En la siguiente década pasaron a ser 30.960 [14] los ingresados en centros religiosos y seminarios gestionados por este Patronato, dependiente del Ministerio de Justicia. El artículo 5 del Decreto de 23 de noviembre de 1940 establecía que el Auxilio Social y las Instituciones de beneficencia o las personas individuales, aunque no fueran familia, ostentarían, a todos los efectos jurídicos pertinentes el carácter de tutor legal, entendiéndose diferido el título por el “simple hecho de poner los menores bajo su cuidado directo”.

 

Antigua azucarera de Iria Flavia (Padrón) que sirvió de cuartel de las autoridades franquistas en dónde se ejercieron torturas

 

EL PERIÓDICO ABC PUBLICA EN 1982 UN ESPECIAL SOBRE ADOPCIONES EN ESPAÑA

“El tráfico de recién nacidos se ampara en la falta de una legislación adecuada”, escribe la periodista Menchu Rey para ABC el 9 de enero de 1982 . El reportaje sobre adopciones destaca que los niños y niñas no son “cedidos” por las madres sino que “no pueden hacerse cargo de sus hijos durante un tiempo pero continúan en contacto con ellos”.

 

La periodista de ABC distingue diversas vías para realizar las adopciones, bien a través de las diputaciones provinciales, los mismos hospitales, en donde necesitan la intervención del Ministerio fiscal o la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA), nacida en 1967.

 

Menchu Rey, en una valoración general del sistema de adopciones, se lamenta que no exista un organismo que centralice el sistema ni una “legislación moderna y adecuada sobre la adopción” lo que “motiva que algo tan personal, tan entrañable y decisivo para la vida de adoptantes y adoptados, sea en demasiadas ocasiones, objeto de lucro, de negocio y de oscuras intervenciones al margen de la ley”.

 

Un cuarto de siglo más tarde, el primer periódico en apostar por la investigación del robo de niños y niñas es Diagonal. María José Esteso Poves publica el primer artículo a principios de 2009 a la que le sigue una investigación reunida en el libro “Niños robados, de la represión franquista al negocio”, publicado en junio de 2012. Diagonal da voz a madres e hijos y apunta los nombres de los responsables. Una de ellas, María Gómez Valbuena, Sor María, hoy imputada por el cargo de extracción de menores.

 

Por cada niño y niña se llega a pagar entre 50.000 y 1.000.000 de pesetas y, según documenta Montse Armangou y Ricard Belis en “Els nens perduts del franquisme”, los hospicios cobran cuatro pesetas por criatura el día de estancia. La apropiación de niños y niñas comienza siendo una estrategia para “dominar” hasta convertirse, avanzada la dictadura, en una maquinaria de lucro que involucra en la cadena delictiva a religiosos y religiosas, personal sanitario, notarios y funcionarios.

 

 

EL JUEZ GARZÓN, PRIMERO

El juez Baltasar Garzón es el primero en lanzar un grito judicial contra las desapariciones producidas durante el franquismo en el Estado español. La denuncia que lo activa es presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y nutrida por la investigación del historiador Ricard Vinyes, que aporta documentación con las identidades de niños y niñas desaparecidas junto a las transcripciones de las entrevistas.

 

A finales de 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional pasa las denuncias de sustracción de menores a las delegaciones territoriales. Dos años después, Falange Española, Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, presentan una querella contra Garzón, acusándole de prevaricación por asumir la causa contra el franquismo ignorando la Ley de Amnistía de 1977. La ONU amonestó al Estado español hasta tres veces por la vigencia de esa ley.

 

Entre los testigos de la defensa se encuentra Ricard Vinyes. El juez Varela no lo llama a declarar e impide que pueda validar ante la Justicia la planificación propia de un genocidio y por lo tanto, una investigación que correspondería a la jurisdicción española.

 

El 27 de febrero de 2012 el Tribunal Supremo finalmente absuelve a Garzón de la acusación formulada.

 

ESTANCAMIENTO JUDICIAL Y ELIMINACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA MEMORIA HISTÓRICA

Cuatro años después, la sustracción de menores sigue sin llevar a ningún individuo a la cárcel en el Estado español. En la calle, son más de 300 las personas afectadas que denuncian la lentitud institucional. En 2010, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anuncia la creación de una oficina supeditada al Ministerio de Justicia para coordinar las denuncias

 

Un año más tarde, el Congreso de Diputados se compromete a investigar los casos. En abril de 2012, el Ministro de Interior, Alberto Ruiz-Gallardón, anuncia que va a crear un banco de ADN a la vez que desde Justicia avisan de la realización de un censo completo de afectados .

 

Los proyectos vinculados a la ley de la Memoria Histórica recibieron en 2011, bajo el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, 6,2 millones de euros. Con el cambio de jefatura de Estado, el presupuesto bajó un 60%, es decir, 2,5 millones de euros. El 29 de septiembre de 2012, el nuevo gobierno liderado por Mariano Rajoy, elimina totalmente la partida de presupuesto destinada a la memoria histórica de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que supone su desaparición.

 

Tras dos años de peticiones, el 10 de octubre del 2012, coincidiendo con los días previos a las elecciones gallegas y vascas, se publica en el BOE una orden del Ministerio de Justicia con el fin de crear un fichero para las solicitudes de suministro de información administrativa de las víctimas del robo y otro para reunir los perfiles de ADN.

 

 

MÁS DE 100 FAMILIAS INVESTIGAN

Una estatua de Franco montado a caballo ocupaba la plaza de España en Ferrol, tierra del dictador. No se consiguió quitar hasta 2002. Hoy, en Galicia todavía queda simbología afín al Régimen, como A Cruz dos Caídos en el Monte de O Castro en Vigo.

 

En tres años, de 1936 a 1939, 4.699 gallegos y gallegas son asesinados por las fuerzas franquistas. Con los procesamientos, suman 12.253 víctimas de la represión y la Guerra Civil. Los datos forman parte de los informes facilitados por el proyecto interuniversitario Nomes e Voces .

 

De las 21 fosas comunes que hay en campo abierto todavía quedan, que se conozcan, 12 por excavar. (MAPA)

 

 

 

 

El primer caso que se lanza desde los medios de comunicación sobre el robo de niños y niñas en el franquismo es del 11 de febrero de 2011 cuando la pontecesureña Mari Carmen Portas denuncia el robo de su hermano. Un par de días después se presentan dos casos más, en A Coruña y en Vigo. A finales de marzo suman media docena de denuncias presentados oficialmente en los juzgados gallegos.

 

Estrella Vázquez, fundadora y presidenta de SOS Bebés Robados Galicia, se encuentra día a día con las trabas de las administraciones institucionales. “Desde el hospital Povisa de Vigo no me quisieron dar ninguna documentación, me dijeron que al pasar 5 años no tenía derecho a reclamarlo”, se queja con el libro de Normas técnicas de historias clínicas en la mano. “Cada ciudadano tiene un historial clínico y su acceso está garantizado por ley. Lo que están haciendo es ocultar datos personales”.

 

La Asociación de SOS Bebés Robados Galicia, nacida en abril de 2012, coordina 110 casos de familiares que empiezan a investigar y reunir documentación para denunciar el robo de niños y niñas durante la dictadura y el posfranquismo en Galicia.

 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN LA FISCALÍA DE GALICIA

 

 

 

 

Las Diligencias de Investigación (DDII) son las denuncias que la Fiscalía investiga; después, algunas de archivan por insuficiencia de pruebas (o la circunstancia pertinente al caso). Las Diligencias Previas (DP) son las que se judicializan: las denuncias se convierten en un proceso judicial.

 

*A Coruña: una de las denuncias presentadas está pendiente de que le remitan la documentación solicitada a instituciones implicadas en el proceso de adopción (petición al Hospital Materno infantil de A Coruña, petición certificado de inhumación al Concello de A Coruña, requerimiento a la denunciante para aportar nombre del padre). Información obtenida a través de la Fiscalía Superior de Galicia.

 

*Santiago de Compostela:  información obtenida a través de la Fiscalía de Santiago de Compostela.

 

* Vigo: una de las denuncias está pendiente de una respuesta de la Secretaría Técnica para saber si será o no archivada. Información obtenida a través de la Fiscalía Superior de Galicia.

 

*Pontevedra: la oficina de la Fiscalía de dicha provincia se ha negado a aportar el número de denuncias presentadas ante la misma. El fiscal, Juan Carlos Aladro, no quiso dar a Feminicidio.net la información solicitada. Soló nos confirmó que había tres denuncias en trámite.

 

*Lugo: información obtenida a través de la Fiscalía Superior de Galicia.

 

*Ourense: información obtenida a través de la Fiscalía Superior de Galicia.

 

 

NOTAS

[1] Sánchez, Pura “Individuas de dudosa Moral”, en Osborne, Raquel, Mujeres bajo sospecha (Memoria y sexualidad, 1930-1980). Editorial Fundamentos Colección Ciencia, 2012. Pág. 107

[2] Armengou, Montse y Belis, Ricard, El nens perduts del franquisme.

[3] ABC de Sevilla, 25/07/1936 recogido por Ian Gibson, Queipo de Llano pág. 175

[4] Juliano, Dolores, “Las monjas en las cárceles de la posguerra” en Osborne, Raquel Mujeres bajo sospecha (Memoria y sexualidad, 1930-1980). Editorial Fundamentos Colección Ciencia, 2012. Pág. 254

[5] Ibíd. Pág. 267

[6] Casanova, Julián, La Iglesia de Franco. Editorial Colección Historia, 2001. Pág.134

[7] Ibíd. p.120

[8] Ibíd. p.175.

[9] Ibíd. p.165

[10] Ibíd. p.160

[12] Sumario 53/2008 – 18/11/2008 – Baltasar Garzón – pág. 59

[13] Ibíd. pág. 60

[14] Ibíd. pág. 61

[15] Costa Clavell, Xavier, Las dos caras de Galicia bajo el Franquismo,. Editorial Cambio 16, pág. 36

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