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Tribunal alterno condena al Estado por femicidios mal judicializados

En condena contra el Estado hondureño concluyeron ayer tres casos de femicidio, durante un juicio por un tribunal alterno promovido por la plataforma de mujeres aglutinadas en organizaciones feministas

LaTribuna - 19/06/2013

En condena contra el Estado hondureño concluyeron ayer tres casos de femicidio, durante un juicio por un tribunal alterno promovido por la plataforma de mujeres aglutinadas en organizaciones feministas.

Jueces alternos condenaron al Estado por violación al derecho de la justicia que tienen las mujeres que son víctimas de la violencia.

El tribunal alterno integrado por tres jueces solidarios fue realizado en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN-FM) con la presencia de ocho organizaciones feministas y representantes de la sociedad civil, donde evacuaron los casos de femicidio que los tribunales estatales dejaron inconclusos.

Uno de los casos es el de un ama de casa identificada con el nombre de “Celia Gómez”, una joven que presuntamente murió de una pedrada el 2009 a manos de su novio mientras se desplazaba por un parque infantil.

La jueza solidaria que conoce el caso es la profesional del derecho Tirza Flores, quien determinó la condena contra el Estado, ya que el hecho sangriento tuvo un manejo judicial muy limitado de acuerdo a los hallazgos en la escena del crimen y en los juicios realizados en los tribunales de justicia.

Flores detalló que en ese caso hubo una interpretación sesgada de los jueces de sentencia, por la mala investigación del crimen en casos que ya fueron sentenciados.

“Entre los errores encontrados podemos detallar lo siguiente: La autopsia no fue exhaustiva; en el dictamen no se aclara en qué consisten las lesiones compatibles con las características de muerte de Celia, no se determina en qué lugar se encontraba y no hallaron evidencias en los tejidos del cráneo de la víctima”, expresó Flores.

Añadió que no se detalla sobre lesiones en el cuello que presentaba la fallecida, obviaron las pruebas ginecológicas que pudieran determinar si hubo violencia doméstica y sexual porque había sospecha de haber ocurrido.

Además, el testigo que encontró el cadáver de Celia no fue llevado a juicio oral, quien había dicho que la encontró semidesnuda; no hubo una investigación efectiva y responsable en la escena del crimen. Ni siquiera apareció la piedra con la que le dieron muerte a la víctima, entre otras de las omisiones.

FALLAS EN EL PROCESO

Según la jueza solidaria, todas esas omisiones dejan evidenciadas las falencias investigativas establecidas en los estándares internacionales.

“En conclusión, las actuaciones fiscales y judiciales que se realizaron en el caso de Celia, lejos de garantizarle el acceso de justicia a ella y su familia, han cubierto este caso con el velo de la impunidad”, lamentó Flores.

Añadió que “de todo lo anteriormente expuesto se evidencia que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los siguiente derechos en perjuicio de Celia Gómez”.

Uno de ellos, la violación de los deberes de investigar y garantizar el derecho a la vida de la fallecida establecidos en el artículo 4.1 de la Convención Americana.

De igual manera, la violación de acceso a la justicia y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la misma convención, y violación de no discriminación.

“Por tal razón, en nombre de la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, pido a este honorable tribunal alterno que condene al Estado de Honduras por las violaciones arriba señaladas y que le exija que cumpla con la obligaciones contenidas en la legislación nacional y la Constitución de la República y tratados internacionales”, precisó la jueza, al tiempo de recomendar mayores diligencias en este tipo de casos.

FISCALÍA DE LA MUJER

La fiscal especial de Protección de la Mujer del Ministerio Publico, Gissel Amaya, en calidad de observadora del juicio alterno, reconoció que lo que hay es una insatisfacción por medidas alternas que se toman o por cómo se trataron esos casos.

“En muchos casos las familias abandonan los casos y no se termina con la condena como las personas están exigiendo, pero este tribunal alterno sirve como un aprendizaje para los operadores de justicia en el caso de los fenecidos”, expresó Amaya.

Indicó que la Fiscalía solo este año ha registrado 2,500 denuncias de violencia contra las mujeres, pero están trabajando en cada uno de los casos.

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