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México: Intento de feminicidio amparado por usos y costumbres

La Policia de Chiapas no entra a la comunidad Peña Maria para detener a sujeto que intentó matar a su esposa. Alegan "respeto" a sus usos y costumbres

 

Patricia Chandomí – Blog Mujeres en Chiapas / Feminicidio.net – 28/11/2012

México, Chiapas - Antonia, de 38 años y madre de 9 niños, estuvo a punto de morir estrangulada a manos de su esposo, Gilberto Armando Hernández de la Cruz, el pasado 25 de noviembre, justo el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El marido de Antonia es agente municipal de uno de los poblados más pobres de San Cristóbal de las Casas: Peña María.

Esa tarde Gilberto regresó borracho a su casa y tropezó con unas ollas de barro que estaban en el suelo - donde regularmente se ponen las ollas cuando se carece de muebles-. El hombre quedó golpeado y adormitado por la influencia del alcohol. Al despertar, todavía ebrio, pensó que el golpe se lo había dado su esposa, por lo que se dirigió al dormitorio donde Antonia dormía con el más pequeño de sus hijos y la intentó estrangular.

Como pudo, Antonia se libró del ahorcamiento, lo que generó la furia de Gilberto, quien la golpeó hasta dejarla inconsciente. Todo ello lo hizo delante de sus cinco hijos menores de 5 años. Uno de los nueve hijos telefoneó a una amiga de Antonia en San Cristóbal, donde trabaja como empleada doméstica, para pedirle ayuda: “¡Traigánme a tu mamá, ese hombre la va a regresar a matar!”, dijo la mujer. “¡Mi mamá no puede ni pararse!”, respondió el joven muy asustado.

Ante esta situación los cuatro hijos adolescentes de Antonia cargaron a su madre durante una hora para sacarla de Peña Maria y llevarla a San Cristóbal de las Casas. Otro de los hijos adolescentes regresó más tarde por los cinco menores.

Antonia fue llevada al Hospital porque presentaba un dolor muy fuerte del abdomen; el diagnóstico del Hospital de las Culturas de Chiapas fue colitis aguda.

Debido al apoyo y solidaridad de organizaciones civiles y activistas de las redes sociales, el caso de Antonia fue conocido por el aún gobernador de Chiapas, Juan Sabines, quien instruyó al procurador Raciel Salazar para atender con prontitud el caso.

Antonia declaró contra Gilberto y ahora se encuentra fuera de la ciudad, como una medida de protección para ella y sus hijos más pequeños.

Sin embargo, la policía en Chiapas  no entra a las comunidades “por usos y costumbres” cuando se trata de hacer justicia a las mujeres. Así pues, la policía está esperando que Gilberto salga de la comunidad en algún momento para detenerlo. Sin embargo, es conocido que Gilberto ha salido de la comunidad un par de veces: la primera de ellas salió a buscar a la amiga que ayudó a Antonia para amenzarle: “¡Yo soy gente del Güero –apodo del próximo gobernador de Chiapas Manuel Velasco, que comenzará a gobernar en diciembre– conmigo no se mete nadie”, dijo.

Gilberto no solo ha golpeado a Antonia sino también a sus nueve hijos. Incluso estos días ha ido a destruirle la casa a una de las hijas adolescentes que ya está casada y que vive en la comunidad, para que ésta le dijera dónde está su madre.

Organizaciones civiles han mostrado su rechazo a la dilación de justicia en este caso, bajo el supuesto respeto a los usos y costumbres: “Los usos y costumbres no pueden estar por encima del respeto a los derechos humanos de las mujeres”, sentenciaron. Así mismo pidieron que el agresor no alcance fianza.

Tanto el marido de Antonia como la dilación en el proceso por parte de las autoridades de Chiapas violan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley para la protección de los derechos de los niños y las niñas y las adolescentes.

EN CHIAPAS YA SON 66 MUJERES ASESINADAS DE FORMA VIOLENTA; 43 SON FEMINICIDIOS

 

La abogada Martha Figueroa, quien realiza un monitoreo en prensa de los asesinatos violentos de mujeres, sostuvo que de enero a la fecha en Chiapas han muerto de manera violenta 66 mujeres; de éstas, 43 muertes entran en la figura jurídica de feminicidio, delito que puede alcanzar penas de hasta 60 años de presión.

De las 43 víctimas de feminicidio, 33 fueron asesinadas por conocidos, esposos, ex esposos, padres, novio, amigos del novio. Fue el caso de la Joven Itzel Méndez asesinada el pasado 14 de abril en San Cristóbal de las Casas.

De las 43 víctimas de feminicidio, cinco pidieron de manera formal protección a las autoridades debido a que sufrían hostigamiento, maltrato, daño, repudio, amenazas, acoso y abandono de parte de su pareja o ex pareja.

Todos los días 14 de cada mes, organizaciones civiles que acompañan a las madres y padres de las víctimas de feminicidios en Chiapas realizan acciones de protesta y denuncia contra los feminicidios en su estado, y recuerdan a las niñas, adultas y ancianas que han sido víctimas de la violencia feminicida. Algunas de estas organizaciones son el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y Fortaleza de la Mujer Maya (FOMMA).

A estas jornadas de acciones y protestas asistieron en su última convocatoria Angelina Patishtan Martínez, madre de la joven Sabina Patricia, asesinada por un militar; el padre y la madre de la joven Itzel Méndez, ultimada en San Cristóbal de las Casas el pasado 14 de abril por amigos de su novio, y Olga Lidia Gómez Velasco, madre de Ana Laura Suárez Gómez, asesinada en 2007 por un profesor que la abusó durante años.

CASO WENDY LIZZET OCHOA

En octubre de 2011 la joven de 19 años Wendy Lizzet Ochoa Méndez presentó una denuncia por golpes y amenazas, y solicitó una orden de aprehensión ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer. La averiguación previa quedó asentada con el folio 832/UEDSYVF1/2011 en contra de Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, ex pareja de Wendy y padre de su hijo de dos años. Amparándose en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la joven solicitó a la fiscal del Ministerio Público, Irma Alicia Bautista Márquez, una orden de protección que nunca le fue concedida. Seis meses después, el 28 de abril, fue asesinada por Jimmy Villatoro, su ex esposo y padre de su hijo de tres años, quien la descuartizó y cometió actos de canibalismo con el cadáver.

Jimmy ya había intentado asesinar a Wendy anteriormente, al sumergirla dentro de un tambo de gasolina y amenazando con incendiarla. De todos estos hechos tuvo conocimiento la autoridad competente, pero no impidió que Wendy fuera asesinada.

LA APLICACIÓN DE LA LEY APENAS SE APLICA EN CHIAPAS

El abogado de Wendy sostuvo que el pasado 27 de febrero el juez tuvo conocimiento del caso, pero solo tomó en cuenta el delito de violencia familiar, todavía considerado en la legislación de Chiapas como “no grave” y que sólo requiere pago de fianza. Dos meses después (16 de abril) se emitió una orden de detención contra Villatoro, pero no fue ejecutada.

La abogada Martha Figueroa asegura que “en Chiapas apenas se aplica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007”, por lo que urgió a las autoridades a conocerla y sensibilizarse en beneficio de la vida e integridad de la población femenina. Remarcó también la importancia de que los jueces conozcan las órdenes de protección que salvaguardan a las víctimas de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con lo que señala la ley, tales órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias; deben ser otorgadas por la autoridad competente inmediatamente después de que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Las órdenes de protección deben tener una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, de manera especial cuando la vida e integridad de la víctima corra peligro.

A pesar de tal obligación, algunos jueces en Chiapas exigen a las victimas un antecedente jurídico para poder aplicar la orden de protección y “esto no siempre es posible”, señaló Figueroa, quien lamentó también que la orden sea limitada a 72 horas: “en otros estados -como Colima- lo mínimo son 72 horas y la orden no se suspende hasta que hayan desaparecido las condiciones de amenaza para la víctima”.

EL FEMINICIDIO ESTÁ TIPIFICADO COMO DELITO EN CHIAPAS

A seis meses de que en el Código Penal de Chiapas se tipificara el delito de feminicidio, que alcanza penas que van de los 25 a los 60 años de prisión, en el estado no se ha sentenciado a ninguna persona por este delito, confirmó el Poder Judicial del Estado en respuesta a la solicitud de información con folio 5088, que realizó la corresponsal de Cimacnoticias Sandra de los Santos.

Martha Figueroa explicó que hay 11 procesos abiertos y 20 detenidos por el delito de feminicidio, una cifra alta que ya empieza a mostrar un interés por castigar estos graves delitos y que se concretará aplicando las sentencias correspondientes. Sin embargo hasta la fecha, ni siquiera el feminicida confeso Jimmy Villatoro (detenido desde mayo) ha sido aún sentenciado.

EL CASO DE LA NIÑA FLOR

La niña tsotsil de diez años de edad Flor Maria fue víctima de trata, violación sexual múltiple y feminicidio.

Por primera vez estuvo presente en estas acciones públicas la madre de la niña Flor, la señora Micaela. Su hija fue entregada a una tratante de nombre Maria “N” de la colonia Primero de Enero, una de las más pobres y marginadas de San Cristóbal de las Casas. María es conocida como tratante de mujeres indígenas: las coloca en las casas como sirvientas o como meseras que ejercerán la prostitución forzada.

De manera histórica las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, una de las regiones más empobrecidas de Chiapas, se han empleado como servidumbre. “La explotación de las familias empleadoras en la cabecera municipal de la región de San Cristóbal de las Casas es tan grande que algunas mujeres creen que les pagan lo suficiente al darles un techo y unas tortillas por jornadas que rebasan las 16 horas diarias”, señala la abogada Martha Figueroa.

María Flor y su hermana eran dos de los nueve hijos de una pareja desplazada del municipio de San Juan Chamula. Vivían en condiciones extremas de pobreza, en un techo de cuatro metros cuadrados sin sustento alimenticio garantizado. Es así como llegan a María “N”: la hermana mayor de 16 años es colocada como sirvienta, pero debido a los malos tratos renuncia. En una ocasión se encuentra con María “N” quien la amenaza con una supuesta deuda contraída; ante el miedo, la joven acude nuevamente pero ahora con su hermanita de diez años, a quien pone a disposición de María.

Flor María trabaja unos días como empleada doméstica en casa de María. A los pocos días ésta le dice que va a llevarle a casa de su socia Carmen “N”, donde María Flor es notificada la hija de Carmen, también del mismo nombre y con 14 años de edad, que será llevada a otro centro de trabajo. La niña es transportada en una camioneta por el chofer de María a una cantina marginal en San Cristóbal de las Casas, en este lugar la esperan ocho hombres que violarán a la niña hasta casi dejarle sin vida. Una vez pasada la violación múltiple, la hija de Carmen de 14 años de edad y el chofer, quienes esperaban afuera del cuarto, donde la niña pasó las peores horas de su vida, se percataron que María Flor aún respiraba.

Ante el temor de ser denunciados, Carmen y el chofer asfixiaron y remataron a la niña con un arma punzocortante para luego tirarla en un callejón en el municipio de Huixtán en agosto del año pasado.

La familia de Flor María interpuso una denuncia por secuestro, ya que no tenían noticias de la pequeña. La Fiscalía Indígena detuvo a los dos asesinos, sin embargo María “N” y Carmen siguen ofreciendo como mercancía a niñas indígenas chiapanecas que viven en la extrema pobreza y marginación. “A ello contribuyen los propios padres y madres de las niñas, que siguen ofreciendo a sus hijas como mercancía”, concluyó la abogada.

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