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La tortura en el Estado español

En el 2012, 851 personas denuncian haber sido agredidas por la policía española. Las agresiones están ligadas a eventos protesta, como manifestaciones o concentraciones, y a detenciones bajo la Ley Antiterrorista Española (LAT) aplicadas, en especial, al movimiento socio-político independentista. Las abogadas vascas Ana I. Pérez Machío y Laura Pego Otero, junto Izaskun Orbegozo, realizaron un estudio en 2009 relacionando la tortura con personas acusadas de pertenencia a ETA en el País Vasco

 

 

Ana Viqueira - Feminicidio.net - 07/07/2013

 El 33% de las personas en régimen de incomunicación denuncian haber sido torturadas. En 2012, 3 personas en Madrid, 2 en Euskal Herria y 1 en Galiza denuncian haber sido torturados bajo este régimen. Así el 21 de febrero, I.I.L., en Euskal Herria, denuncia ser torturado por la Guardia Civil siéndole aplicado el antifaz, posturas forzosas y amenazas explícitas contra su mujer y sus hijas, o el 15 de septiembre, X.R.O., en Galiza, denuncia ante el magistrado Velasco haber recibidos múltiples puñetazos en la cara, amenazado y objeto de presiones diversas por los agentes de la Guardia Civil tanto en el momento de su detención como en estancias de la Guardia Civil en Madrid, antes de ser trasladado ante la Audiencia Nacional. El Juzgado rechazó su denuncia en base al informe médico forense de la Audiencia Nacional e informes de la Guardia Civil.

 

Además de agresiones explícitas en régimen de incomunicación y fuertes agresiones hacia movimientos sociales en manifestaciones y actos de protesta, se detectan múltiples agresiones sexuales y machistas llegando al nivel severo de tortura sexual.

 

TORTURAS SEXUALES A PERSONAS DEL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA

Las detenciones a personas independentistas vascas acusadas de terrorismo están ligadas a vejaciones y torturas. El último informe de la CTP señala que en el 33% de las detenciones por supuesto terrorismo se denuncia tortura.

 

En Euskadi, entre la década de los 60 y 90, se denuncian 11 torturas sexuales de las que 9 son mujeres. Entre la década de los años 90 y 2000, son 14 testimonios que denuncian haber sufrido tortura sexual, ocho son mujeres. Entre 2001 y 2011, en un margen de diez años, se denuncian 33 torturas sexuales en Euskadi, 14 son mujeres.

 

EL CASO DE BEA ETXEBERRÍA: Bea Etxeberría Caballero – 01.03.2011 - Guardia Civil

El caso de Bea Etxeberría salta a la prensa casi tres años después de que fuese torturada sexual y físicamente por la Guardia Civil. En su momento, cuando ella lo denuncia, nadie, salvo medios alternativos, recoge su denuncia. Torturaren Aurkako Taldea (TAT) y Giza Eskubideen Behatokia presentaron a el 9 de noviembre de 2012 una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español por no investigar torturas en el caso de la presa política Beatriz Etxeberria. Tampoco salió en los medios convencionales.

 

“Después de pasar un rato, viene el comisario y me lleva a la sala “muy dura”. Allí me vuelve a desnudar. Me estira del pelo, me da golpes en la cabeza y me grita al oído que es militar y que está entrenada para matar y que “te voy a destrozar toda por dentro para que no puedas tener pequeños etarras”. “En un interrogatorio del comisario me pregunta que qué cuerpo policial (Guardia Civil, Policía española o Ertzaintza) tortura mejor. Me repite constantemente que él es militar y que está entrenado para matar”.

 

“Delante del juez negué la declaración y denuncié que fui torturada. Le dije que no ratificaba la declaración policial porque no se había dado en condiciones normales, y le narré las torturas y malos tratos que había sufrido. Entonces el juez me preguntó por qué no le había dicho nada al médico forense, a lo cual respondí que fue por la actitud que tuvo, pues puso en duda la veracidad de lo que le conté por primera vez”. En su denuncia judicial se decía que “me empiezan a quitar la ropa hasta dejarme totalmente desnuda; me echan agua fría por encima y me vuelven a poner la bolsa hasta tres veces seguidas. Me amenazan con hacerme la bañera. Estando desnuda, me ponen a cuatro patas encima de un especie de taburete. Me dan vaselina en el ano y en la vagina y me meten un poco un objeto.” En la declaración del 2 de marzo se refiere a los hechos con “que le intentaron introducir un palo de escoba por la vagina, sin llegar a la penetración”. El 5 de marzo de 2011, ya sin dudas de la actuación que sufrió, recoge que “abusaron de ella, la desnudaron, la sobaron y le metieron un palo de escoba por la vagina”.

 

El 1 de mayo de 2013, el Comité Europeo confirma que Etxeberría fue violada bajo custodia policial por la propia Guardia Civil.

 

AGRESIONES SEXUALES A MIEMBROS DE TODOS LOS COLECTIVOS DENUNCIADOS EN 2012

 

21/02/2012 – Euskal Herria, Guipuzkoa – Andoín: Madrid

I.O.L. denuncia haber sido torturado en incomunicación (3 días): “consistentes golpes, amenazas, agresión sexual, aplicación de “la bolsa” y simulación de otros métodos de tortura. La denuncia está pendiente de que la Audiencia Provincial de Guipuzkoa dedique un Juzgado de Instrucción Competente.

 

20/04/2012 – Castilla- León – Valladolid – C.P. Villanubla

J.R.A. denuncia a los funcionarios que, tras un vis a vis con su madre, entran (eran 6) con porras y le obligan a un desnudo integral en el cual le meten un dedo en el ano. En noviembre de 2012, la Oficina del Defensor del Pueblo desestima la queja.

 

28/05/2012 – Illes Balears, Mallorca

Cuatro jóvenes, J.S., T.S., R.A. y A.C., denuncian haber sido agredidos, sufrido vejaciones sexuales y amenazas por hablar catalán después de unas protestas en contra del ex presidente balear José Ramón Bauza.

 

7/02/2012 – Almería, Andalucía

Joven de 21 años es agredida sexualmente por un agente de la Policía Nacional en el vehículo bajo la observación y consentimiento del otro agente. Tras la denuncia, son expedientados y cogen una baja por depresión mientras están imputados. En julio de 2012, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Almería declara sobreseimiento y archivo de la denuncia.

 

12/02/2012 – Madrid

Joven de 31 años es agredida por dos agentes de la Policía Nacional. La detienen alegando que es “prostituta” y la trasladan a comisaría en donde le golpean en la cabeza y un agente le ordena que “se agachara y se la mamara” mientras alude a su origen nicaragüense. Dos meses después el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid sobreseyó la causa y archivó la denuncia. La defensa recurrió el archivo ante la Audiencia Provincial Madrileña.

 

7/06/2012 – Andalucía, Cádiz, C.P. Puerto III

A.F.G., en el módulo 5 de la prisión, le ordenan limpiar el patio. Se niega por considerarlo excesivo y le imponen aislamiento. Aquí le obligan a desnudarse, hacer sentadillas y, mientras, uno de los funcionarios le pasa un detector de metales por los genitales.

 

 

 

 

EL DELITO DE TERRORISMO EN EL ÁMBITO JUDICIAL ESPAÑOL

Ana Isabel Pérez Machío, profesora de Derecho Penal en la Euskal Herriko Unibertsitatea, junto las especialistas en criminología Laura Pego Otero e Izaskun Orbegozo realizan, las tres, el estudio “La suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo: especial consideración de la detención incomunicada” impulsado en 2009 por la Defensoría del Pueblo de Euskadi Ararteko.  Este trabajo analiza la tortura a las personas que son acusadas de supuesto terrorismo.

 

- Laura, Ana Isabel, ¿en el Estado español se tortura?

- Organismos de lucha contra la tortura así lo afirman, entre ellos Amnistía Internacional. Esta organización en sus informes (1) así como por medio de declaraciones de sus representantes concluye que en España, si bien no existe una práctica sistemática de la tortura, sus investigaciones indican que los casos de torturas y malos tratos no son incidentes aislados. La falta de investigación efectiva por parte de los órganos judiciales es el principal obstáculo al que se enfrentan las víctimas, falta de investigación por la que España ha sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recientemente en el Caso Beristain Ukar y también Otamendi Egiguren.

 

-De las personas que denuncian haber recibido tortura, ¿se pueden encuadrar bajo un régimen penitenciario o de detención en concreto?

- En un estudio (3) que realizamos para el ARARTEKO, junto a una tercera compañera (Izaskun Orbegozo Oronoz) en el año 2009 nos aproximamos a la realidad de la tortura sobre la base del análisis teórico-empírico de los supuestos de detención incomunicada en casos de terrorismo. De un total de 42 expedientes analizados, sólo el 27,1% habían presentado denuncias por torturas y un 6,9% habían denunciado vulneración de derechos.

 

- Estos datos permitían obtener dos conclusiones, a nuestro modo de ver, sumamente determinantes.

 

- En primer lugar, que los presentes datos desvirtúan uno de los argumentos tradicionales en la respuesta del Estado a los requerimientos que recibe en esta materia, esto es, el de que tales denuncias respondan a una consigna impartida por ETA a sus seguidores para favorecer su estrategia de deslegitimación del Estado.

 

- Y en segundo lugar, que junto a aquellas voces internacionales, como el Comité de Derechos Humanos que en el punto 14 de su Informe de octubre de 2008, lamentaba que el Estado español mantuviera el régimen de detención incomunicada, en cuanto propicio para la consecución de malos tratos, consideramos necesaria la supresión de este régimen de detención excepcional, por constituir una quiebra en el sistema de garantía de los Derechos Humanos que, o bien se convierte en un medio que favorece la tortura, o bien implica en sí misma una forma de trato cruel, inhumano, degradante o tortura.

 

- ¿Qué destacarías de las últimas reformas en materia de terrorismo y especialmente de la realizada en el año 2003?

- La entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, incorporó, entre otras, dos modificaciones determinantes en el ámbito de los delitos de terrorismo. La primera, la reforma del artículo 36 CP con la finalidad de introducir el denominado “período de seguridad”, a partir del cual, se impide acceder al tercer grado penitenciarioa las personas condenadas a penas de más de cinco años hasta que hayan cumplido la mitad de su condena. Y la segunda, el denominado cumplimiento íntegro de penas, elevando a 40 años el internamiento máximo, para los supuestos en que se cometan dos o más delitos de terrorismo, estando alguno de ellos castigado con pena de prisión superior a 20 años, lo que encaja en los casos en que se cometen atentados terroristas, causando la muerte de personas. Igualmente se eleva a 40 años el límite máximo de cumplimiento de las penas en los supuestos de que se hayan cometido dos o más delitos de especial gravedad, castigados por la ley con más de 20 años de prisión (art. 76 Código Penal).

 

- El objetivo de estas reformas  reside en activar una respuesta penal más efectiva frente a los autores de crímenes muy graves. Sin embargo, parece que el legislador obvia determinados aspectos normativos que quedan especialmente lesionados con una normativa de esta naturaleza.

 

- Como vemos, las reformas a las que ahora nos referimos están muy lejos de cumplir con el objetivo resocializador que constitucionalmente se contempla respecto de la totalidad de los/as condenados/as. Por ello, a nuestro modo de ver, la solución, en estos supuestos, al amparo del respeto al Derecho a las garantías de la Justicia de los autores de los hechos delictivos, pasa necesariamente, por una revisión o replanteamiento de la actual política-criminal existente en materia de ejecución penal, más enfocada hacia el ya mencionado Derecho Penal humanitario, propio de cualquier Estado de Derecho.

 

- A un nivel paralelo, la ley antiterrorista española ha sido denunciada desde organismos internacionales, españoles y de las propias localidades que se ven afectadas por la detención, dispersión e incomunicación de sus ciudadanos. En Euskadi partidos como Bildu o PNV, en Catalunya, ERC, y en Galiza, el BNG o AGE, han denunciado esta anulación de derechos humanos y solicitado el cese de la dispersión. Las personas detenidas bajo esta ley se pueden enfrentar a 2 años en unas condiciones de restricción de derechos sin previo juicio.

También se suman las denuncias hacia el sistema judicial español acusado de no investigar las denuncias por torturas y de imponer penas de cárcel desproporcionadas a los delitos imputados. Este es el caso de Maria Osório, entrevistada por Feminicidio.net, denunciando la condición de las presas F.I.E.S. mujeres, que, acusada de pertenecer a una organización terrorista y de un delito de falsedad documental, puede sumar hasta 12 años de cárcel. La organización terrorista de la que se acusa de pertenecer, a la que se le denomina “Resistencia Galega”, es acusada de actos de sabotaje utilizando artefactos explosivos contra causando daños materiales a inmobiliarias y sedes del Partido Popular. Su juicio se celebra, junto el de tres personas independentistas gallegas más, este 24 y 25 de junio de 2013.

 

 

NOTAS

 

(1)Destacan España: Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos (2007); España: Sal en la herida, impunidad policial dos años después (2009)

(2)Véanse, ORBEGOZO ORONOZ/PÉREZ MACHÍO/PEGO OTERO, La suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo: especial consideración de la detención incomunicada

 

 

 

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