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El gobierno del PP niega la reproducción asistida a lesbianas

El Estado español era un ejemplo de sanidad pública y universal. Los recortes en sanidad en los últimos años han afectado a muchos sectores de la población y han trastornado la salud pública y el principio de igualdad. Paralelamente, el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos es constante. Entrevistamos a Paula Ibáñez Díez, abogada de una pareja de lesbianas que vieron su tratamiento de fertilidad interrumpido con la aprobación de la Orden Ministerial 2026/2014, que 'supone una injerencia del Estado en el cuerpo de todas las mujeres, desde una postura ideológica a todas luces coitocéntrica, heteronormativa y heteropatriarcal'

 

Nerea García Llorente — Feminicidio.net — 14/10/2015

 

España, Madrid - El Estado español era un ejemplo de sanidad pública y universal. Los recortes en sanidad en los últimos años han afectado a muchos sectores de la población y han trastornado la salud pública y el principio de igualdad. Paralelamente, el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos es constante. Entrevistamos a Paula Ibáñez Díez, abogada de una pareja de lesbianas que vieron su tratamiento de fertilidad interrumpido con la aprobación de la Orden Ministerial 2026/2014, que limita las posibilidades de acceso a la reproducción asistida pública, excluyendo a quien no acredite "un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal".

 

 

-Paula: eres la abogada de una pareja de lesbianas que vieron su tratamiento de fertilidad interrumpido ¿Qué ocurrió en su caso y cómo y por qué tomaron contacto contigo?

-Esta pareja de mujeres, Mariella y Lourdes, se encontraba recibiendo un tratamiento de reproducción asistida en un hospital público de Madrid (Fundación Jiménez Díaz) cuando en Enero de 2015, y con motivo de la entrada en vigor de la Orden Ministerial 2026/2014, se les interrumpió el tratamiento, revocándoles su derecho a acceder a los servicios cubiertos por la Seguridad Social en el Estado español porque Mariella no reunía los requisitos necesarios, y en concreto por ser “mujer sin pareja varón”. Desde el hospital se les habían realizado tres intentos de inseminación artificial y se les había comunicado el comienzo del proceso de inseminación in vitro, con todas las consecuencias emocionales y sociales que ello implica.

-A continuación, ellas acudieron a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) para informarse sobre sus posibilidades a nivel jurídico y las atendí yo, como integrante del grupo de juristas de la FELGTB. 

 

-¿Puedes explicarnos en qué consiste la Orden Ministerial que regula la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y qué consecuencias tiene?

-El 7 de noviembre de 2014 entró en vigor una nueva normativa en materia sanitaria: la Orden Ministerial 2026/2014. Fue aprobada de manera sospechosamente silenciosa, y en ella se imponen (en el apartado 5.3.8 del anexo III) dos requisitos alternativos para el acceso a las técnicas de reproducción asistida con cargo a la sanidad pública y gratuita: la “existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva”, o bien la “ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo doce meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos”.

-Esta reforma de la cartera de servicios comunes del sistema sanitario público español supone una clara discriminación a todas aquellas mujeres sin pareja o con pareja mujer o transexual que quieren ejercer la maternidad. En la cartera de servicios se incluyen prestaciones de salud pública como son la atención primaria, la especializada y la de urgencia, así como prestaciones farmacéuticas, ortoprotésicas y de transporte sanitario. Cualquier modificación de la cartera de servicios puede suponer un recorte de derechos sanitarios de vital importancia para el desarrollo personal y social. En concreto, esta que denunciamos supone una injerencia del Estado en el cuerpo de todas aquellas personas con capacidad de gestar, desde una postura ideológica a todas luces coitocéntrica, heteronormativa y heteropatriarcal.

-Como sabemos, las leyes se desarrollan en contextos ideológicos e históricos concretos, y se emplean como instrumentos que fortalecen y desarrollan la moralidad e ideología de quienes las promulgan. Las normas no son nunca elementos neutros, y en este caso supone excluir de ciertos recursos a determinadas personas con características personales no hegemónicas, y en concreto por su orientación sexual o su situación sexo-afectiva.

 

-La Orden Ministerial no es un instrumento normativo aislado, sino un ejemplo más en la nueva política sanitaria y familiar de los últimos años ¿Qué tendencia ideológica consideras que orienta la Orden Ministerial 2026/14? ¿En qué sentido supone una limitación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?

-Todas aquellas personas y familias que no se ajusten al rígido y estrecho marco de normatividad hegemónico ven limitados y vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos, pues esta normativa tiene como objetivo, no recortar servicios por cuestiones económicas, sino mantener el statu quo del modelo de familia nuclear heteropatriarcal y continuar imponiendo el estereotipo de “madre válida para criar”.

-Asimismo, supone una limitación de derechos reproductivos para todas aquellas mujeres que no tengan una pareja que sea un cishombre, pues se las obliga a renunciar a sus derechos reproductivos, o bien a desarrollarlos en hospitales privados, en caso de que puedan permitirse ese desembolso.

-La Orden Ministerial que regula la cartera de servicios estatales supone una injerencia del Estado en el cuerpo de todas las personas con capacidad de gestar, desde una postura ideológica a todas luces coitocéntrica, heteronormativa y heteropatriarcal. Es, por tanto, una vulneración de los derechos humanos contraria a la legislación internacional y a parámetros de dignidad básicos.

 

-¿Se trata de una realidad aislada o hay otras mujeres afectadas por esta situación?

-Efectivamente no se trata de un caso aislado, pues la Orden Ministerial tiene aplicación a nivel estatal, siendo las comunidades autónomas las únicas competentes para ampliar los servicios médicos comunes.

-Mariella y Lourdes no son la única pareja afectada directamente, y ya hay otros casos de mujeres que han iniciado un procedimiento judicial y están denunciado públicamente esta gravísima discriminación.

-De hecho, recientemente, otra pareja de mujeres ha acudido a denunciar judicialmente esta situación de discriminación, hecho que ha tenido repercusión tanto en radio como en prensa escrita

-Esta sentencia del Juzgado de lo Social número 18 de Madrid, dictada el 15 de Septiembre de 2015, estima parcialmente la demanda de V. y T., apreciando discriminación por razones de orientación sexual (no así por discriminación por capacidad económica y por lugar de residencia), y condenando solidariamente a la Fundación Jiménez Díaz y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a indemnizar con 4.875,76€ a la perjudicada, que ya había vuelto a ser tratada con técnicas de reproducción asistida en el hospital público, que interrumpió el tratamiento objeto de reclamación.

-Esta resolución supone el reconocimiento del derecho a la no discriminación por motivos de orientación sexual y la restitución de un daño material y moral a una de las afectadas por la Orden Ministerial 2026/2014, que desgraciadamente sigue en vigor y cuya aplicación seguirá produciendo discriminaciones en todos los hospitales públicos que no desobedezcan esta normativa, en aras de la jerarquía normativa, que explicaremos más adelante.

-Hemos de insistir en que ésta no es una problemática individualizada, puesto que se trata de la cartera de servicios que afecta a toda la sociedad como beneficiaria del sistema sanitario público y universal del Estado español, directa o indirectamente. Los servicios que queremos incluir y quiénes son las personas destinatarias de los mismos configuran jerarquías dentro de la ciudadanía, tanto a nivel simbólico como material.

-De esta manera resultan familias de primera y familias de segunda clase.

 

 

-¿La Orden Ministerial que regula la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud se aplica en todo el territorio el Estado por igual?

-La Orden Ministerial se ha publicado con vocación de afectar a todo el territorio del Estado, pero existen excepciones.

-Las comunidades autónomas tienen transferida la competencia de planificación y gestión de los servicios de asistencia sanitaria, y algunas ya se han posicionado y pronunciado al respecto. Tres gobiernos autonómicos (el gallego, el vasco y el andaluz), por ejemplo, han afirmado que mantendrán el acceso a la reproducción asistida a las mujeres solas y lesbianas que lo soliciten. Catalunya, Galicia y Extremadura garantizan, en sus respectivas leyes contra la LGTBfobia, la igualdad de acceso a las técnicas de reproducción asistida, independientemente de la situación sentimental y orientación sexual. Sin embargo, desde la Campaña por el derecho a la reproducción de lesbianas y mujeres solas lanzada en Catalunya alertan de que, aunque existen “experiencias diversas, aún hay claras negativas a permitir este acceso a la reproducción”. 

 

Recientemente, en un escenario de precampaña electoral, se ha anunciado que se va a proceder a la ampliación de la cartera de servicios en la Comunidad de Madrid para que todas las mujeres tengan acceso a los tratamientos públicos de reproducción asistida, independientemente de su orientación sexual y de si tienen pareja mujer o no tienen pareja.

 

La inclusión de todas las mujeres sin discriminación como beneficiarias de las técnicas de reproducción asistida en el sistema público sanitario supondría un avance en materia de derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, todavía no se ha aprobado ninguna normativa al respecto, de modo que no podemos valorar su contenido real.

 

El 8 de octubre de 2015, Beatriz Gimeno, co-coordinadora de Igualdad y Libertades sexuales de Podemos Comunidad de Madrid, ha realizado una pregunta parlamentaria en referencia a la discriminación que supone esta Orden Ministerial, en la que ha manifestado lo siguiente: “Señorías, su empeño en controlar los cuerpos y la sexualidad de las mujeres está más que arraigado en su partido y nos está costando una dura batalla desde que ustedes gobiernan […] Vamos a seguir reivindicando nuestro derecho a la autonomía como seres sexuales y morales, y a la maternidad como una opción para todas las mujeres.”

 

-¿Conoces cuál es la realidad normativa de otros países europeos?

-Son varios los países europeos que no requieren un diagnóstico médico de infertilidad para el acceso a un tratamiento de reproducción asistida en los hospitales públicos y en los que no se excluye a mujeres solteras o con pareja mujer: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia y Reino Unido.

-Hasta noviembre de 2014 España también estaba en esta lista, y dejar de participar de ella supone un claro retroceso en la defensa de la justicia y una clara regresión en materia de dignidad y trato igualitario. .

 

-¿Qué discriminaciones consideras que se producen con motivo de la entrada en vigor de esta Orden Ministerial?

-La reforma supone una discriminación múltiple, vulnerando el principio de igualdad y generando un imaginario común, donde habría un modelo de familia adecuada, que es protegida por el sistema de salud, y otro modelo incorrecto, que se verá expulsado del sistema sanitario público.

-En primer lugar, una discriminación por género, ya que se presupone un único modelo de mujer: la que elige como pareja a un hombre, la que cumple con el estereotipo de buena madre, excluyendo a todas aquellas personas que no se adaptan a lo que social y culturalmente se ha construido como la feminidad heteronormativa dentro de un sistema binarista.

-En segundo lugar, una discriminación por orientación sexual, en el caso de mujeres con pareja mujer o con pareja transexual, además de una discriminación por estatus socioeconómico, puesto que únicamente las mujeres excluidas por la citada norma que puedan permitírselo económicamente acudirán al sector privado para lograr su maternidad, con el coste que ello supone. También hay una discriminación por residencia geográfica, ya que el acceso a las técnicas de reproducción asistida se podrá garantizar en la Sanidad Pública de aquellas comunidades autónomas que así lo reconozcan.

 

-Teniendo en cuenta los convenios internacionales suscritos por España y los derechos reconocidos en la Constitución, desde una perspectiva jurídica y feminista ¿nos encontramos ante una vulneración de la jerarquía normativa? ¿Qué derechos se ven afectados?

-Ciertamente, la redacción y aplicación de esta Orden Ministerial supone la vulneración de varios de los tratados de derechos humanos suscritos por España y, en consecuencia, implica una vulneración del principio de jerarquía normativa, puesto que las normas de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior.

-Entiendo que el apartado 5.3.8 del anexo III infringe:

 1/ Del sistema universal de protección de los derechos humanos, entre otros, los principios recogidos en: los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y los artículos 1, 2 y 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

2/ Del derecho de la Unión Europea: los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) del Consejo de Europa.

3/ De la normativa nacional: los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española:          

a) Derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE). El Tribunal Constitucional español ha desarrollado abundante jurisprudencia sobre el principio de igualdad y no discriminación, señalando en su sentencia de 3 de julio de 2006 que “[l]o que prohíbe el principio de igualdad es, en suma, la desigualdad que resulte artificiosa o injustificada por no venir fundada en criterios objetivos y razonables.”

b) Derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18 CE), que es un derecho fundamental que garantiza a los ciudadanos y ciudadanas mantener fuera de la acción y conocimiento de terceros su ámbito personal y familiar.

c) Derecho a la salud (art. 43.1CE), El Constitucional ha afirmado en dos autos que la restricción al acceso a la sanidad pública únicamente a personas regulares en territorio español no tiene fundamento ni impacto económico y que "el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas [...] poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado".

d) Derecho a la seguridad jurídica (art. 9 CE) y la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales. Se trata en este caso de derechos adquiridos, que han sido otorgados por la Administración y que no pueden revocarse vulnerando todos los derechos y principios supra mencionados por una orden de bajo rango.

4/ El artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que recoge los Principios y Fines de la Seguridad Social, determina que “[e]l sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.”

Resulta obvio que las cuatro características exigidas en esta ley se incumplen con esta Orden Ministerial, que actualmente se aplica de forma diferenciada por territorio, clase social y orientación sexual, además de ser un claro ejemplo de insolidaridad y discriminación.

5/ El artículo 6 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida determina quiénes pueden ser las personas usuarias de estas técnicas:  “Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y expresa. La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su estado civil y orientación sexual.”

-Es decir, queda claro y patente, por lo expuesto, que desde una perspectiva jurídicofeminista, vulnera derechos fundamentales de las personas y supone el incumplimiento de los instrumentos internacionales ratificados por España.

 

-Ante esta situación, ¿se han dado respuestas desde la sociedad civil? ¿Cómo se ha abordado este tema desde los medios de comunicación? ¿Existe alguna organización que haya reaccionado y que se puede hacer?

-Sí se ha producido una respuesta desde la sociedad civil, especialmente desde los movimientos feministas, con buen eco a nivel mediático. El colectivo autónomo feminista Las Tejedoras ha dado apoyo y seguimiento a Mariella y Lourdes a lo largo de todo el proceso, visibilizando la discriminación que supone la aplicación de la Orden Ministerial 2026/2014 y dando difusión en los medios de comunicación mediante una rueda de prensa celebrada el 15 de Abril de 2015 y en una campaña en Twitter con el hashtag #DerechoaParir.

-También voy a reconocer que la repercusión mediática ha superado las expectativas, pues un número importante de medios dio cobertura a la noticia del caso de Mariella y Lourdes y a otros similares. Se han publicado artículos en periódicos como Diagonal, El Diario, 20 minutos, La Marea y El Mundo. Además, han salido reportajes en televisión y radio en los últimos meses con este caso y con otros similares.

-Actualmente son varios los colectivos y organizaciones que se encuentran creando alianzas y redes con el objetivo en común de tumbar esta Orden Ministerial abiertamente discriminatoria y retrógrada.

 

Las presiones desde la sociedad civil están teniendo cierto eco también en las instituciones, como es el caso de la Comunidad de Madrid, pero aún no hay una respuesta desde el Gobierno para retirar esta norma. 

 

-A modo de conclusión: ¿consideras que la Orden Ministerial obedece a parámetros sanitarios lógicos y justificables?

-La Orden Ministerial no obedece a criterios ni sanitarios ni meramente económicos, sino que se trata de una apuesta gubernamental centrada en un único modelo de familia. Esta Orden Ministerial supone un retroceso en el reconocimiento de derechos básicos de las personas y un claro incumplimiento de la obligación del Estado de remover los obstáculos a cualquier forma de discriminación. Además, no se trata de una herramienta legislativa aislada, sino de una política global que se orienta hacia la exclusión y diferenciación.

-Este trato diferenciado no persigue ningún fin legítimo, sino que obedece a razones puramente ideológicas fundadas en estereotipos sobre un único modelo de familia a seguir, y una negación y rechazo de otras formas de familias, convivencia o relaciones sexo-afectivas.

-La sociedad civil y todos los agentes sociales seguiremos trabajando en red y realizando todas las acciones necesarias para evitar que se institucionalicen discriminaciones que afectan directamente a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Consideramos importante que, para compensar el silencio con el que fue aprobado este instrumento legislativo, difundamos su existencia y denunciemos las consecuencias del mismo. Evidenciamos que esta Orden Ministerial supone una injerencia injustificable del Estado en el cuerpo de todas aquellas personas con capacidad de gestar, siendo ello en sí mismo sumamente grave, y resultando que además no se realiza de manera neutral sino siguiendo unos parámetros discriminatorios que son coitocéntricos, heteronormativos y heteropatriarcales.

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