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España se une a la "Europa fortaleza” y cierra la puerta a los refugiados

El Congreso legaliza la devolución de inmigrantes en frontera sin garantizar sus derechos fundamentales. En el artículo, además de las principales cifras, recorremos las causas que permiten acceder al estatuto de refugiado, cómo están motivando su denegación, qué es el derecho de asilo y en qué consiste  el derecho a la “no devolución”

Los emigrantes, de Angiolo Tommasi (Detalle)

Nerea García Llorente – Feminicidio.net – 16/12/2014

 

España, Madrid - Se calcula que existen 51 millones de personas desplazadas forzosamente, de las cuales 46 millones han atravesado las fronteras de su país de residencia habitual, la cifra más alta registrada en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. De estos refugiados, casi 11 millones reciben protección del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y 4,8 millones son palestinos bajo protección de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo). Con la aprobación el pasado jueves 11 de diciembre por el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, se abren las puertas en España a la legalización de las denominadas "deportaciones en caliente", al permitir la devolución inmediata de inmigrantes en las fronteras, sin ningún amparo que garantice la protección de sus derechos fundamentales.

Los conflictos armados constituyen la primera causa de desplazamiento forzoso en el mundo, razón por la que los países limítrofes con zonas de conflicto son también los principales países de acogida. En 2012 la lista de países receptores estaba encabezada por Pakistán, Irán, Alemania, Kenia, Siria, Etiopía y Chad, mientras que el  55% de los refugiados procedían de Afganistán, Somalia, Iraq, Siria, Sudán y El Congo. Colombia es, junto a Afganistán e Iraq, uno de los países con mayores desplazados internos.  Diversas organizaciones — tales como ACNUR, CEAR o ACCEM —denuncian que entre el 81 y el 86% de refugiados viven en “países en desarrollo”, y que apenas  medio millón solicitaron protección en la Unión Europea. El 80% de estas personas son mujeres y niños.  

El derecho de asilo está reconocido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y es una herramienta necesaria para garantizar otros derechos como la vida, la integridad o la libertad de expresión. Su desarrollo normativo comienza después de la Segunda Guerra Mundial, y en España se reconoce en el artículo 13 de la Constitución, existiendo una ley específica de asilo desde 1984, seis años después de haber ratificado el Estatuto de los Refugiados. En la práctica, España incumple estas obligaciones internacionales, y la amenaza de aprobar una legislación que permita las “deportaciones en caliente”, después de los sucesos de la valla de Ceuta y Melilla, no son sino una prueba de esta política. Las deportaciones colectivas, sin garantizar los parámetros de protección internacional, han sido ya aprobadas por el Consejo de Ministros y por el Congreso, quedando pendientes para su entrada en vigor la aprobación por el Senado y la ratificación real.

El Estatuto de los Refugiados (1951, más conocida como Convención de Ginebra) y su Protocolo (1967, Nueva York), reconocen como refugiado a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera o pueda acogerse a la protección de su propio país. 

El temor debe ser fundado, es decir, razonable, razonado, justificado y veraz. Si bien es cierto que se tienen en cuenta situaciones estructurales (características del país, conocimientos de las prácticas del grupo étnico, experiencias similares de familiares, etc.) la valoración se realiza teniendo en cuenta que el temor es un sentimiento subjetivo, individual. 

Para que se considere que existe persecución debe determinarse la existencia de graves abusos o daños (incluso potenciales) que afecten a los Derechos Humanos. Se incluyen en estos casos actos de violencia física o psíquica (lógicamente puede contener violencia sexual), y medidas legislativas, policiales o sociales que limiten el ejercicio de derechos fundamentales o penas desproporcionadas, como la pena de muerte, la tortura o las amenazas contra la integridad. Algunos casos de discriminación pueden ser considerados como persecución, siempre y cuando las medidas discriminatorias padecidas por el individuo le generen inseguridad respecto a su existencia futura, limiten severamente el ejercicio de sus derechos o constituyan tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Causas para acceder al Estatuto de refugiado

Son cinco las causas tasadas en Ginebra y reproducidas en la legislación europea para la concesión del estatuto de refugiado. En el concepto de raza y nacionalidad se comprende todo comportamiento relacionado con el color, el origen o la pertenencia a un determinado grupo étnico, así como el estatuto de ciudadanía o la identidad cultural. En la causa religiosa se incluyen las creencias, participaciones o prácticas que comporten una opinión de carácter religioso (o de su ausencia). Dentro de la persecución de opinión política pueden darse diferentes situaciones, no siendo un “numerus clausus”, entre las que podemos encontrar desde la manifestación de ideas, la elección profesional o las actitudes en función de una opinión o creencia ideológica.

La quinta causa se refiere a los grupos sociales determinados, que son aquellas personas que comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, siendo percibidos por la sociedad como “diferentes”. Estas cinco causas han sido analizadas y desarrolladas por el Tribunal Supremo.

 

Hasta la aprobación de la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres (2007) las solicitudes de asilo de mujeres, homosexuales y transexuales debían incluirse en esta causa. En la actualidad, España ha reconocido específicamente la persecución por motivos de género y los Tribunales instan al Estado a reconocer los casos de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral como una causa de asilo, y han reconocido persecuciones por motivo de orientación e identidad sexual, así como de violencia de género.

 

 

Los datos de solicitantes de asilo no aparecen desglosados cualitativamente por causa, lo que conlleva una dificultad de análisis para investigar y complica la propuesta de posibles cambios para garantizar el ejercicio y desarrollo de este derecho. Sí podemos acceder a datos de nacionalidad y edad de los solicitantes, así como a datos cuantitativos por territorio.  La opacidad de los datos no es sino otra forma de falta de transparencia que dificulta la evaluación, seguimiento y control de los procesos.

 

Las cifras en Europa

Según datos de Eurostat, de los 46 millones de personas que han abandonado su país por persecución, solo un millón solicitaron específicamente protección legal internacional durante 2013, de los cuales 434.160 lo hicieron en  la Unión Europea, frente a las 332.000 de 2012 y las 302.000 de 2011. Los países que recibieron un mayor número de solicitudes fueron Alemania (126.700), Francia (64.760), Suecia (54.270) y Reino Unido (29.875), mientras que  los que menos peticiones contabilizaron en los últimos años fueron Grecia, Italia y España, que se erigen como "gendarmes" de la política de seguridad europea, una seguridad que prima sobre los Derechos Humanos. En Italia las demandas han descendido un 53% en un año, y en España casi el 25%, lo que incita a pensar que se utiliza la política de asilo como estrategia disuasoria de migración, vulnerando los tratados internacionales.  

En el caso de España, las solicitudes de asilo son cuantitativamente inferiores a la media europea (de 660 a 55 solicitantes por cada millón de habitantes, respectivamente). En 2001 se alcanzó en nuestro país el pico de 9.490 solicitudes, y desde entonces las cifras no han parado de bajar: en 2009 recibió 4.480; en 2011, 3.422; en 2012, 3.740; y en 2013, 2.565. Este dato resulta especialmente llamativo al ser España uno los principales lugares de entrada a Europa. La distribución territorial también resulta especialmente desigual, siendo Madrid, precisamente por el aeropuerto de Barajas, uno de los puntos fronterizos al que accede un mayor número de peticionarios. Le siguen Ceuta, Barcelona, Valencia y las islas Canarias. 

La petición de asilo puede realizarse en puestos fronterizos, como aeropuertos —en cuyo caso tiene un inicio de procedimiento urgente—, así como en las Oficinas de Asilo, las Comisarias provinciales o en las misiones diplomáticas. También los Centros de Internamiento de Extranjeros son lugares válidos para estas demandas. En los últimos años las cifras en estos centros también han descendido (de 261, en 2012, a 160, en 2013). La decisión corresponde al Gobierno, a propuesta de la Comisión Interministerial, y es revisable en vía judicial. El ACNUR tiene voz pero no voto en el procedimiento español. 

El procedimiento está dividido en dos fases: la admisión a trámite y la fase de instrucción. En la primera fase, que dura dos meses, se descartan en torno al 55% de las solicitudes. La decisión final puede ser: denegación, concesión del estatuto, protección subsidiaria o protección por razones humanitarias. El estatuto de refugiado no tiene límite temporal y solo cesa o se suspende por las causas previstas en la ley. Son causas de denegación el haber cometido un delito contra la paz o un delito de guerra, realizar una reiteración de una solicitud ya denegada, basarse en hechos inverosímiles o manifiestamente falsos, que la persecución carezca de vigencia actual, o que la persona solicitante deba estar protegida por un “tercer país seguro”. 

 

Motivar las denegaciones de asilo

Desde la oficina del Defensor del Pueblo se ha exigido reiteradamente la necesidad de motivar las decisiones de este tipo, si bien es cierto que jurídicamente las inadmisiones a trámite suelen carecer de una argumentación extensa, razonable e individualizada. Dado que en la mayoría de los casos no existen pruebas fehacientes de lo ocurrido y que se ha reconocido de manera general que no hace falta que se pruebe documentalmente lo alegado —incluso basta con indicios (STS 18.07.89 y 24.6.94)—, solo deberían rechazarse las alegaciones que resulten “descabelladas, fantasiosas o absurdas” (SAN de 27.02.97 y 22.06.01) o que estén plagadas de contradicciones. En la práctica, la aplicación generalizada y rigurosa del concepto de inverosimilitud (SAN 20.07.04) conlleva la negación al derecho de acceso a procedimiento. 

Otra de las causas más habituales para denegar el derecho al reconocimiento de asilo es proceder de un “tercer país seguro”. Se considera que los países donde razonablemente no se pueda esperar que exista persecución individual, son países seguros. La "Europa fortaleza" tiene un listado de los mismos (Directiva 2005/85/CE)   y utiliza este motivo para no proteger con el estatuto a personas que durante su huida hubieran podido atravesar algún otro país que podía otorgarles una cobertura y seguridad. Entre estos países se encuentra, en ocasiones, Marruecos.  

A menudo, las personas que huyen de sus países por persecuciones amparables en la Convención de Ginebra, desconocen su derecho a solicitar y recibir asilo, en otras ocasiones las instituciones niegan esta posibilidad. En España el procedimiento se oculta deliberadamente, se desconoce incluso entre profesionales del derecho, y se priva de manera habitual a los migrantes de un proceso con garantías que permita identificar de manera individualizada si estas personas requieren protección internacional. En el caso de las expulsiones sumarias y colectivas como las que en los últimos meses se han producido en Melilla esta vulneración resulta palpable y obvia, y están proscritas  por tratados internacionales suscritos por España como el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según denuncia Amnistía Internacional. Que el Congreso de los Diputados haya aprobado una normativa que facilita este tipo de expulsiones, no es sino un ataque más contra los derechos más básicos y un retroceso en un estado que se dice democrático y de Derecho.

 

Derecho a la "no devolución"

Los solicitantes de asilo están sujetos al principio de “no devolución”, que es el derecho de las personas que piden refugio a no ser obligadas a regresar a su país, siempre y cuando subsistan las circunstancias que motivaron la solicitud o hasta que no se deniegue el reconocimiento, lo que conlleva necesariamente que no puede ser ni expulsada ni extraditada ni rechazada en frontera. Por ejemplo, si se hubiera iniciado un procedimiento sancionador de expulsión (siguiendo los cauces de la Ley de Extranjería) éste debería quedar en suspenso y no podría ejecutarse hasta que se resolviera la petición de asilo. 

Los demandantes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, a intérprete, a ser documentados, a un procedimiento confidencial y a ser trasladados desde la Embajada hasta territorio nacional, si fuera necesario. La solicitud de asilo conlleva automáticamente la entrega en la Brigada Policial de Documentación (BPDE) de un volante provisional de identidad, con foto y otros datos identificativos, que permite circular por el territorio nacional, acceder a empadronamiento y a otros derechos sociales. 

En caso de que su solicitud fuera admitida a trámite, se les concede una autorización de residencia en España y, a partir del sexto mes, también están autorizados para realizar actividades laborales, profesionales o mercantiles y/o recibir las ayudas sociales que correspondan, aunque estos recursos socioeconómicos se han visto reducidos en los años de crisis. Estos derechos son extensibles a familiares de primer grado que sean dependientes de la persona que tiene reconocido el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. 

Podemos afirmar, por lo expuesto, que el procedimiento de asilo en España carece de las garantías exigibles conforme a parámetros de Derecho Internacional, y que el mismo se realiza con criterios donde priman el concepto de seguridad sobre el de Derechos Humanos. Además, las últimas novedades gubernativas y legislativas continúan la línea de limitar aún más el uso de esta herramienta jurídica y vulnerar los derechos de las personas que se ven forzadas a migrar.

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