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España: Los guardianes de la Justicia Patriarcal y los privilegios masculinos

Que un presunto feminicida goce de libertad durante unos meses antes de ser enjuiciado por un delito tan grave, el más elevado en la escala de la criminalidad, es un reflejo, primero, de la indiferencia social ante el feminicidio. Importa poco, tanto a analistas de opinión como a la ciudadanía informada, el acceso a la Justicia por parte de las víctimas de violencia de género. También es un síntoma de que los guardianes de la Justicia Patriarcal pueden estar tranquilos, mientras ellos continúen resguardando los privilegios masculinos, no lograremos grandes avances hacia una sociedad más igualitaria

 

Graciela Atencio — Feminicidio.net — 08/02/2016

España, Madrid - Algunos de los guardianes más fieles del patriarcado están en la Justicia. Llevamos cuatro años utilizando un HT en Twitter: #JusticiaPatriarcal cuando compartimos noticias que leídas y analizadas sin un patrón, sin un marco con las gafas de género, sin señalar que las víctimas de la violencia machista pagan el alto precio de tener algo o mucho de culpa (la culpa de ser mujeres) por los delitos que cometen sus perpetradores, y que ellos, violadores y asesinos, ¡perdón!, presuntos violadores y asesinos (son inocentes aunque sobre el manto de inocencia se enmascare lo evidente, la permisividad del sistema penal a que victimarios de los delitos más graves gocen, en determinados casos, de libertad, conmutación de pena y privilegios judiciales por ser hombres).

 

En estos días nos enterábamos por La Voz de Galicia de que un acusado de homicidio (feminicidio) de su pareja había obtenido la libertad hasta la celebración del juicio. La noticia no aclara cuándo abandonó la cárcel pero se trata de un acontecimiento grave a los ojos de la opinión pública aunque pase inadvertido como la noticia menor en un periódico.

 

Los hechos se remontan al 2014. La madrugada del 29 de abril María Belén, coruñesa de 43 años, iba en el coche con su pareja, Miguel Ángel Blanco Rivadulla, de 46 años (entonces) y también oriundo de A Coruña. En una glorieta la mujer salió disparada hacia la calle. Detrás del coche circulaba un guardia civil (las noticias son confusas porque, en otras, las fuentes afirman que se trataba de un policía) que por casualidad fue testigo de los hechos. El agente, que se encontraba fuera de servicio, vio un cuerpo que había sido despedido del vehículo y que el conductor frenó, puso la marcha atrás y pasó con sus ruedas por encima de la mujer. Inmediatamente después intentó reanudar su marcha y huir pero chocó contra una valla quitamiedos, situación que aprovechó el guardia civil para arrestar al hombre, que opuso resistencia e intento agredir al agente. Los facultativos de la ambulancia que se dirigió al lugar, la rotonda de acceso al polígono de Pocomaco, en A Coruña, no pudieron hacer nada para salvarle la vida de la mujer, tenía la cabeza destrozada y probablemente murió en el acto.

 

La noche del crimen, Miguel Ángel Blanco iba borracho y sin carné, se lo habían retirado por orden judicial. Tenía antecedentes por malos tratos a María Belén, su tercera esposa. Las dos denuncias que había interpuesto la víctima habían sido sobreseídas. A pesar de ello, siguió recibiendo ayuda en el Centro de Información de la Mujer de la ciudad antes de ser asesinada. El presunto feminicida cargaba, además, con una condena de un año de prisión por malos tratos a su segunda esposa, que no cumplió. También fue denunciado por una mujer con la que tuvo una relación posterior a la separación de su segunda esposa sin que recibiera condena. En su tercer matrimonio, se produjeron denuncias cruzadas, la víctima había denunciado al victimario y este había respondido también con una contradenuncia. Surge la pregunta de si el agresor no utilizó la contradenuncia como estrategia de impunidad ante la justicia.

 

El hombre había tenido problemas relacionados con el consumo de drogas y el alcohol en el pasado, según un comunicado emitido por la Delegación de Gobierno días después de la muerte de María Belén, quien también padecía problemas con el alcohol.

 

Blanco Rivadulla, miembro de una familia conocida en la ciudad y que había sido propietaria de una cadena de tiendas de alimentación en el centro de la misma, pasó a disposición judicial a principios de mayo de 2014 y el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña le decretó la prisión sin fianza por cuatro delitos: homicidio con agravante de parentesco, amenazas sobre la mujer; y dos más, uno por conducir alcoholizado y, otro, por hacerlo sin el carné de conducir, retirado por orden judicial. El hombre se declaró inocente desde el primer momento y según su versión de los hechos, se trató de “un accidente”: su pareja se arrojó del coche en movimiento, en medio de una discusión, y luego él dio marcha atrás, no para atropellarla, sino para ayudarla. La atropelló sin querer, debido a que iba ebrio y no pudo controlar el vehículo…

 

Casi dos años después de estar en prisión, su defensa consiguió que le concedieran la libertad hasta que se celebre el juicio, sin fecha prevista, aunque será antes de este verano.

 

¿Qué consideraciones habrá tenido su señoría para dejarlo en libertad? ¿Será consciente ese juez del mensaje que da a los maltratadores activos en este momento que conozcan el caso? Y las víctimas que temen por sus vidas al lado de un maltratador: ¿habrá pensado en ellas? ¿Cuánto habrá pesado el componente de que Blanco Rivadulla pertenezca a una familia acomodada y conocida de la ciudad?

 

La semana pasada nos enterábamos de otros dos casos empañados por la Justicia Patriarcal muy sonados en los periódicos: la entrada en prisión de María Salmerón, una mujer que se rebeló a la justicia sevillana desde el 2009, año que perdió la custodia de su hija de nueve años, por no permitirle ver a su padre maltratador. El exmarido había sido condenado en 2008 a 21 meses de prisión por malos tratos pero nunca se le retiró el régimen de visitas, aunque su propia hija manifestara la resistencia a tener contacto con un padre violento. Tras años de tormento judicial, María Salmerón debía ingresar en prisión este viernes, 5 de febrero, para cumplir una condena de siete meses de cárcel por incumplir el régimen de visitas. Finalmente fue indultada parcialmente por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

 

Otro caso es el de Joaquín Benítez, un exprofesor de gimnasia de la escuela de los maristas del barrio de Sants, Barcelona, acusado de agredir sexualmente a varios de sus alumnos. Las denuncias confirmadas son cinco, pero podría alcanzar la docena de demandas. El padre de uno de los alumnos abusados que interpuso la primera denuncia se refiere a Benítez como un auténtico “depredador sexual” y esperaba que este sábado pasado el acusado quedara detenido después de declarar ante la Justicia. Pues el juez lo dejó en libertad provisional. A esta situación, se le suma un antecedente importante, en el 2011 la familia de un menor denunció estos hechos a la escuela, que elevó el caso a la Fiscalía y esta lo trasladó al juez. Los padres finalmente optaron por no denunciar y el juez no continuó con el proceso judicial. El colegio echó al profesor Benítez pero no investigó si había más casos ni avisó al Gobierno de la Generalitat. La Fiscalía no recurrió el caso ante el juez que lo llevaba ni lo investigó en profundidad. Benítez ha sido impune todos estos años por sus crímenes sexuales.

 

Como si no tuviésemos suficiente la última semana con tres casos que manifiestan el déficit de justicia y desamparo de las víctimas, este fin de semana, en Madrid un juez en funciones de guardia en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que había sido policía en la última etapa de la dictadura franquista, ordenaba el ingreso en prisión sin fianza para dos titiriteros, Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García. A los detenidos se los acusó de enaltecimiento de terrorismo por representar la sátira La bruja y Don Cristóbal, cuya obra denuncia la caza de brujas y los montajes policiales. El grave error del Ayuntamiento de Madrid fue incluirla en un programa para niños, pero su representación no constituye ningún delito porque se trata de una obra de ficción.

 

Lo peor de todo en esta narración es que uno de los casos ha pasado casi inadvertido ante la opinión pública. Que un presunto feminicida goce de libertad durante unos meses antes de ser enjuiciado por un delito tan grave, el más elevado en la escala de la criminalidad, es un reflejo, primero, de la indiferencia social ante el feminicidio. Importa poco, tanto a analistas de opinión como a la ciudadanía informada, el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia de género. También es un síntoma de que los guardianes de la Justicia Patriarcal pueden estar tranquilos, mientras ellos continúen resguardando los privilegios masculinos, no lograremos grandes avances hacia una sociedad más igualitaria.

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