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España: Cerremos los CIEs. Ningún ser humano es ilegal

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) son realidades invisibles en el Estado español. Se trata de auténticos agujeros negros de los Derechos Humanos. El 90% de las mujeres encarceladas en los CIEs no han cometido ningún delito, simplemente no se encontraban en situación regular administrativa cuando fueron retenidas y encarceladas. Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, Comisión CIE de Ferrocarril Clandestino, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid han convocado actos de protesta para este sábado, 15 de junio, en varias ciudades españolas. Reclaman el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España. Cuatro activistas feministas comprometidas con esta causa dejan clara su posición en este artículo

Haizea Miguela Álvarez, Sara Lafuente Funes, Irene Ruano Blanco, Nerea García Llorente - Feminicidio.net – 13/06/2013

Oficialmente los CIEs son “instalaciones de carácter no penitenciario dónde se retiene, con el objeto de facilitar su expulsión, a las personas extranjeras en situación irregular, privándolas de libertad durante un periodo máximo de 60 días”. Creados por LO 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y regulados internamente 14 años más tarde por OM 22/2/99, en la realidad, son mucho más que eso.

Los siete CIEs oficiales que constan en territorio español, con capacidad para más de 4.000 personas, sumados a los más de 220 centros de detención de la Unión Europea (e incluso alguno en territorio extra comunitario como Libia o Mauritania) constituyen espacios de exclusión, reclusión y castigo a las personas migrantes. En 2011 se dedicaron, según reconoce y pública el Ministerio del Interior, 8.3 millones de euros al funcionamiento y mantenimiento de los CIEs.

Tras la aprobación de la “directiva de la vergüenza” se legaliza el internamiento de personas en procesos migratorios no regularizados hasta 60 días (en el Estado Español) pudiendo llegar a seis meses en otros países europeos.

Los CIEs se crean con una intención de control y represión de los flujos migratorios, reforzando la idea de “Europa fortaleza” a través del establecimiento de fronteras tanto externas como internas. Estas últimas son marcadas con diversos mecanismos, entre ellos a través de las redadas racistas cotidianas que se dan en el espacio público y que son la vía por la que las personas son identificadas y comienzan un verdadero ciclo de miedo y privación de libertad, por el que son retenidas y llevadas a los centro de internamiento, e incluso deportadas, a veces a países que ni siquiera son de los que provienen. Estas políticas lesionan los derechos fundamentales, entre ellos el derecho más básico a salir de un territorio y llegar a otro o el de no sufrir discriminación por cuestión de raza, sexo o clase.

Opacidad es una palabra clave al hablar de centros de internamiento. Desde su creación, los datos que se proporcionan acerca de estas cárceles son escasos, apenas hay información de su situación o del estado de ellas, o la misma resulta confusa e incluso contradictoria.

El acceso a estos centros por parte de organizaciones sociales ha contado con no pocos inconvenientes, incluso después del Auto de 13 de enero de 2011 del Juzgado de Control del CIE de Aluche sobre las visitas de estas organizaciones, se siguen poniendo impedimentos continuamente.

A pesar de los intentos de los gobiernos de PSOE y el PP por dejar claro el carácter no penitenciario de los mismos, las personas que por allí han pasado han denunciado que en las celdas vivían hacinadas, sin condiciones de higiene óptimas, encerradas a voluntad de los policías de turno y siempre bajo su custodia, sin las garantías mínimas reconocidas para la población penitenciaria.

El internamiento en el CIE como medida cautelar constituye per se una práctica discriminatoria y desproporcionada para el fin perseguido, (oficialmente el de regular las migraciones), que no justifica en ningún caso la privación de libertad de personas que además, en la mayoría de los casos, no han cometido delito alguno.

Son varias las organizaciones (Comisión Española de Ayuda al Refugiado – CEAR- Amnistía Internacional, Pueblos Unidos, Ferrocarril Clandestino, Womens Link, etc http://cerremosloscies.wordpress.com/informes-cies/) )que han mostrado su preocupación por la constante y salvaje vulneración de derechos. Se han documentado numerosas quejas sobre tratos humillantes y vejatorios y falta de acceso a información. Ante este panorama los impactos en la salud física y mental de las personas encerradas en estos centros son, desde problemas de piel, migrañas, dolores osteomusculares, dolores de estómago, fatiga crónica, estrés o incluso ideaciones suicidas. Entre esas consecuencias psicosociales, la propia indeterminación del internamiento provoca la ruptura de los proyectos de las personas y la pérdida de control sobre su propia vida. En 2012 dos personas murieron encerradas dentro de estas cárceles, Samba Martine, en el CIE de Aluche, Madrid, e Ibrahim Sissé en Zona Franca, Barcelona. Un año más tarde moría también en Zona Franca, Idrissa Diallo. ¿Qué pasa entonces con la posición de garante del Estado respecto a las personas encerradas? Desde el Derecho Penal está claro y así lo denuncian en la investigación Mujeres en el CIE; género, inmigración e internamiento “no sólo mata quien dispara, quien clava el cuchillo o quien imprudentemente atropella a otro, sino también quien teniendo la obligación de proteger un bien jurídico, quien encontrándose en lo que se denomina “posición de garante”, no lleva a cabo la conducta debida para salvaguardar el bien jurídico a su cargo, en este caso la vida”.

Estas situaciones afectan tanto a hombres como a mujeres -y a otros sujetos no normativos- pero lo cierto es que ser mujer en el CIE tiene un impacto específico por la intersección de los condicionantes de clase, grupo étnico y sistema sexo-género. Resulta significativo que el CIE de Valencia, según denuncia la Campaña por el cierre de los CIE en su último informe ¿Cuál es el delito?, incluya como actividad para las mujeres la obligación de turnarse para limpiar su módulo. En cambio, el módulo de los hombres lo limpia un servicio contratado. Esta es sólo una de esas diferencias y discriminaciones que se dan en los CIEs.

Si bien es cierto que esta doble vulneración de derechos por su identidad sexual y por la condición de persona migrada tiene lugar en otros muchos ámbitos, resulta especialmente grave en los CIEs, donde se han documentado casos en los que no existe asistencia especializada para mujeres embarazadas, no se accede a medicación para VIH o se suspenden tratamientos hormonales para personas transexuales.

En el CIE de Capuchinos, en Málaga, ya cerrado, se han constatado casos de abuso y violación sistemática a internas por parte de policías.

Así mismo se ha denunciado también la falta de mecanismos de detección de personas susceptibles de solicitar asilo o protección humanitaria en base a la Convención de Ginebra.

Lo mismo ocurre con los casos de mujeres víctimas de trata. Se han denunciado carencias en el protocolo de detección de casos de trata con fines de explotación sexual y cuando se aplica, la protección es insuficiente. Se incumple de esta manera el principio de protección de las víctimas amparado por el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, al que el Estado español está obligado como garante, incumpliendo también cualquier obligación derivada del derecho internacional. Según denuncian Women’s Link en su Informe “Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros: realidades entre rejas” se incumplen las obligaciones de identificar con personal formado y cualificado, de no devolución en caso de peligro a la vida o integridad de la persona, de reconocer el derecho al periodo de reflexión no condicionado a la cooperación con las autoridades, de prestar asistencia y apoyo a las víctimas, de retorno asistido y seguro o de la concesión de la autorización de residencia y trabajo (a elección de la víctima), o de investigar y perseguir a los autores del delito de trata, entre otras.

Las denuncias son innumerables. Visibilizar y denunciar estos espacios es una obligación moral y humana, y exigir su cierre una necesidad. Por ello nos unimos a la convocatoria de la celebración el 15 de junio, de una Jornada Contra los CIEs en una iniciativa abierta, plural y enfocada a visibilizar una realidad de las que muy pocas personas son conscientes.

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