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Ecuador: los conservadores de la revolución ciudadana vetan el derecho al aborto

En enero de 2014 se aprobó la reforma del código penal que permite el aborto sólo en dos supuestos: cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer y cuando es consecuencia de la violación de una mujer que padece discapacidad mental. La revolución ciudadana encabezada por el presidente Rafael Correa criminaliza a la mitad de la ciudadanía y le impide el derecho a decidir sobre su cuerpo, en un país en el que una mujer aborta cada cuatro minutos y ocupa el segundo lugar de la región andina en embarazos adolescentes. Colectivos del movimiento feminista que luchan por la despenalización del aborto denuncian la persecución y el acoso que sufren las mujeres que abortan por parte del personal sanitario público

Cruz Tornay - Feminicidio.net - 15/09/2014

Fotografías - Miriam Gartor

Ecuador, Quito - El Gobierno ecuatoriano aprobó recientemente el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el que se tipifica por primera vez el delito de femicidio como parte de la estrategia para erradicar la violencia hacia las mujeres. A pesar de que el nuevo cuerpo penal pretende modernizar y dar coherencia al sistema legislativo, los artículos respecto a la penalización del aborto apenas fueron modificados semánticamente y son muestra del carácter innegociable de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ecuatorianas.

Tres años antes de que se diera el debate sobre el COIP en la Asamblea Legislativa, distintos movimientos por la despenalización del aborto habían iniciado campañas de sensibilización entre asambleístas de distintos partidos. Desde hacía 70 años, el código ecuatoriano sólo permitía el aborto en casos de violación de mujeres consideradas “dementes o idiotas”, definición que fue sustituida en la nueva norma por “discapacidad mental”. Pero en un país en el que una de cada cuatro mujeres declara haber sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, ampliar este derecho era una cuestión de justicia y de salud pública.

 

 

Una de las asambleístas del partido oficialista Alianza País, Paola Pabón, planteó que la propuesta fuera votada de forma individual y no por bloques, lo que implicaba crear posibilidades reales para que el artículo saliera adelante. Sin embargo, horas antes de que la iniciativa fuera presentada y después de años de trabajo en sensibilización, el presidente de la República, Rafael Correa, amenazó en un programa de televisión con renunciar a su cargo si esta propuesta llegaba a ser formulada. Finalmente, la asambleísta retiró la moción y nunca se pudo dar el debate en torno a despenalización del aborto en casos de violación. A cambio, Pabón y otras dos compañeras de su mismo partido fueron sancionadas durante un mes con la pérdida de sus derechos políticos.

Las organizaciones que trabajaron en la propuesta de despenalización recibieron la amenaza del presidente Correa como una muestra del poder de los sectores conservadores y ultra católicos del gobierno que no representan la opinión de la mayoría social del país. Antes de que el debate del COIP llegara a la asamblea, el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos había llevado a cabo una encuesta nacional en la que el 65 por ciento de la población se mostró en contra de la penalización del aborto en casos de violación. El resultado de dicha encuesta dio origen a la campaña “Yo soy 65”, una iniciativa que persigue la despenalización del aborto en casos de violencia sexual y que denuncia la realidad del país: una mujer o una niña son violadas cada hora en Ecuador y, en el 99 por ciento de los casos, el Estado prohíbe la interrupción el embarazo.

 

 

Rosita Ortega, miembro de la colectiva Salud Mujeres, recuerda que el presidente Correa habló directa y exclusivamente de aborto sin mencionar las cifras de violencia. La Encuesta Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres reveló que seis de cada 10 mujeres había sufrido algún tipo de violencia de género1, mientras que una de cada cuatro había sufrido violencia sexual y más de la mitad de ellas, un 53 por ciento, declaró haber vivido maltrato psicológico.

Las altas cifras de violencia y los retos pendientes en educación sexual sostienen los miles de abortos que se producen en el país cada año, a pesar de la prohibición legislativa. Para activistas como Rosita, en estos casos, al igual que en otros países de América Latina, la prohibición se convierte en una cuestión de clase. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una mujer aborta en Ecuador cada cuatro minutos, lo que supone 125.000 abortos anuales. La penalización conlleva que estas interrupciones se provoquen de forma clandestina con un alto riesgo para la vida de las mujeres y que la realización de estas prácticas se haya convertido en la segunda causa de mortalidad materna.

Diversos indicadores sostienen la transformación que ha experimentado el país y el avance hacia una mayor justicia social. Sin embargo, aunque el denominado gobierno de la Revolución Ciudadana incorporó como suyas algunas demandas de la agenda feminista, la cuestión del aborto queda fuera de todo debate. ¿Por qué el rotundo rechazo a hablar sobre el aborto? ¿Qué entraña reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos?

 

 

Para la activista Kelly Perneth, la prohibición del aborto en Ecuador tiene otras implicaciones que van más allá de la ideología católica y ultra conservadora: “Estamos hablando de que el Estado impone la maternidad obligatoria, que es el sustento del modo de producción. Que una mujer no pueda decidir sobre su útero, y que sea un Estado el que lo regule, esconde una intención capitalista”.

Ecuador es el segundo país de la región andina con mayor índice de embarazos adolescentes y existe una estrategia para reducir la cifra. Sin embargo, ¿qué ocurre con el resto de mujeres que reciben bonos para tener más hijos? Para Kelly, el papel reproductivo de la mujer es clave en la estrategia de transformación de la matriz productiva impulsada por el gobierno: “Se incentiva a las mujeres para que tengan más hijos. Se trata de financiar la matriz productiva y sostener la mano de obra”.

Precisamente, el cambio del modelo económico es uno de los ejes formulados para alcanzar los principios del sumak kawsay –el “buen vivir” de la cosmovisión andina- recogidos en la Constitución de 2008. “¿Y qué significa el “buen vivir” para las mujeres, si ni siquiera podemos decidir sobre nuestros cuerpos?”, se pregunta Kelly, recordando que el aborto es el “gran paraguas para hablar de otras cosas, como la limitación y la coerción sobre el cuerpo… Es una vulneración que genera un principio de ira para seguir militando”.

Tanto Rosita como Kelly son activistas de Salud Mujeres, colectiva que mantiene desde 2008 una línea de información sobre aborto seguro con medicamentos y anticoncepción en el número 098301317. La línea atiende una media de entre diez y quince llamadas diarias -excepto en los periodos en los que ha sido clausurada-, lo que demuestra la necesidad de información que existe en la sociedad.

 

 

Las organizaciones feministas ecuatorianas denuncian que es habitual que las mujeres que llegan a los hospitales con abortos en curso sean sancionadas e incluso denunciadas por el personal que las atiende. De hecho, se tiene constancia de un incremento de las denuncias en las semanas posteriores a las declaraciones del presidente Correa respecto a la cuestión del aborto.

El próximo 28 de septiembre se celebra el día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Según datos de la OMS, cuatro millones doscientas mil mujeres se practican abortos cada año en América Latina. Seis mil de ellas fallecen como consecuencia de complicaciones en una interrupción del embarazo que, en la mayoría de las ocasiones, se practica de forma insegura, ilegal o clandestina.

 

1 Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres. Se incluyen cuatro tipos de violencia: física, psicológica, sexual y patrimonial. http://www.inec.gob.ec/sitio_violencia/.

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