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Ecuador celebra el Día del Orgullo Gay por la visibilización de la diversidad

Ecuador celebra el Día del Orgullo Gay bajo el lema #SoyNoveleroSoyLGBT como forma de subvertir el imaginario social acerca de las personas LGTBI. El reconocimiento de derechos en el ámbito jurídico no se ha visto acompañado de un cambio de mentalidad que aún estigmatiza y discrimina a las personas que cuestionan el modelo heteronormativo presente en el discurso oficial

Fotografía (detalle) de Sofía Barajas

 

María Cruz Tornay — Feminicidio.net — 29/06/2015

 

Ecuador, Quito - La Marcha por el Día del Orgullo Gay recorrió el pasado sábado algunas de las principales calles de Quito para visibilizar la diversidad sexo-genérica y romper con los estigmas y prejuicios que acompañan a las personas LGTBI en el Ecuador. La marcha, que incluyó carreras en tacones y lanzamientos de bolsos, se celebró en un ambiente festivo, que choca con la realidad que vive el movimiento.

 

La aprobación de la Constitución de 2008 dotó al país andino de uno de los marcos legales más progresistas del mundo, en gran parte, por la inclusión de muchas de las demandas que por años habían sido bandera de los movimientos sociales. En el caso de los colectivos LGTBI, la norma prohibió la discriminación y los delitos de odio, incluidos los de homofobia y transfobia. Sin embargo, el necesario respaldo jurídico no ha sido suficiente para que las personas de la diversidad sexo-genérica, especialmente las personas transfemeninas, dejen de ver vulnerados sus derechos y dejen de existir altos niveles de violencia, que no siempre son investigados en profundidad.

 

La Fundación Ecuatoriana Equidad trabaja por la promoción de los derechos humanos de las comunidades LGTBI y la promoción de la salud masculina y prevención del VIH en hombres que tienen sexo con hombres. El coordinador de esta organización, Efraín Soria, indica que las personas que sufren mayor vulneración de sus derechos son las mujeres transfemeninas “porque, al ser tan visibles, se convierten en un blanco fácil de ser atacadas”. El bullying homofóbico presente en todos los niveles del sistema educativo, el difícil acceso a la vivienda, al empleo y a los servicios públicos se unen a la cotidianeidad de unas mujeres con limitados espacios en el ámbito público. Los salones de belleza y el trabajo sexual se convierten en las principales formas de empleo. En el ejercicio de este último, las mujeres transfemeninas presentan una mayor vulnerabilidad a sufrir ataques de los que no existe un suficiente registro. A menudo, el rechazo de la familia de la víctima y el interés por ocultar los hechos provocan que las investigaciones se cierren sin identificar a los agresores.

 

Desde los movimientos LGTBI se solicita al estado la sustitución del dato del sexo por el de género en la cédula de identidad para facilitar la integración laboral a las personas trans, para las que, además, resulta complicado y costoso acceder al cambio de sexo. La exigencia de consentimiento, la ausencia de técnicos especializados y de protocolos, y el alto coste de los implantes obstaculizan la realización de las operaciones o, peor aún, convierten la automedicación en una opción de riesgo que puede acabar con la vida de quien decide el cambio de sexo.

 

Desde la Fundación Ecuatoriana Equidad se muestra la preocupación por la ausencia de políticas públicas, presupuesto y programas de atención para propiciar la inclusión de las personas de la diversidad sexo-genérica y fomentar el respeto en una sociedad tradicional y conservadora. Pero lo más preocupante es que el rechazo habitualmente procede de las personas que ejercen la función pública “desde el presidente de la República que ha tenido claras manifestaciones de homofobia,  hasta el servidor público que está en ventanilla y que atiende de forma desigual a las personas homosexuales”, afirma el coordinador. En la misma línea de las críticas planteadas desde el movimiento feminista, desde esta organización LGTBI se lamentan de que los valores personales del presidente se antepongan a lo recogido en la constitución. Para Soria, esta ideología -en relación al catolicismo habitualmente demostrado de Rafael Correa- defiende un modelo único y heterosexual de familia que, además de no ser el reconocido en la constitución, “está desconociendo todas las dinámicas sociales de lo que está alrededor de lo que debería ser una familia, que no es un dato de consanguinidad, sino más bien de solidaridad”.

 

La defensa pública del modelo de familia a la que se refiere Soria quedó demostrada con la sustitución de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA) por el denominado Plan Familia, con dirección a cargo de Mónica Hernández, conocida por sus declaraciones ultraconservadoras. Pero, más allá del incumplimiento inconstitucional –donde se recogió la referencia a “las familias”-, el nuevo plan “está poniendo en peligro la integridad de adolescentes que sabemos que están teniendo sexo y a los que se quiere negar el derecho a la información y a recibir protección”, afirma Soria. Aparte de la recomendación de la abstinencia como método de prevención, poco más se conoce de este plan. Pero desde el movimiento LGTBI se alerta de que en el texto se están plasmando conceptos fuera de lugar que “evocan conceptos de 40 años atrás, porque están viendo a los homosexuales como producto de violaciones”. En efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la homosexualidad como enfermedad hace 25 años, por tanto, el hecho de que se esté trasladando a los y las adolescentes un concepto distorsionado “debería ser una preocupación de toda la ciudadanía”. Una reflexión que Soria plantea al calor de las movilizaciones que han provocado la ley de herencias y de plusvalías, pero que no se convocaron para rechazar la sustitución del Plan Enipla o la penalización del aborto en casos de violación.  

 

La próxima visita del papa Francisco a Quito y a Guayaquil es otro de los temas de la agenda pública que preocupa al movimiento. A nadie se le escapa que la visita del sumo pontífice está siendo utilizada en términos de rentabilidad política desde distintos sectores. Pero la realidad en el contexto ecuatoriano es que no existen diferencias entre gobierno y oposición respecto a la demostrada confesionalidad religiosa. De hecho, no solo no se han planteado críticas al excesivo gasto, sino que parece existir una competencia respecto al apoyo que cada municipio brinda a la logística que exige la presencia del líder católico. En lo que respecta a las luchas de las organizaciones de la diversidad, las conocidas declaraciones del papa sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en poco favorecen a la campaña por el matrimonio civil igualitario, que, por supuesto, cuenta con el rechazo del actual gobierno.

 

La actual constitución define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, pero el principio constitucional sobre la igualdad de personas ante la ley permitió a la Fundación Ecuatoriana  Equidad presentar hace dos años un amparo para que la Corte Constitucional resuelva si existen contradicciones entre los artículos. La fundación defiende que el principio constitucional en el que se reconoce la igualdad prevalece al principio de ordenamiento, lo que abriría la puerta al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero lo cierto es que, en el momento actual, consideran que la función judicial está demasiado influenciada por los posicionamientos gubernamentales como para que se dé un fallo a favor.

 

Uno de los elementos que obstaculiza la superación de prejuicios que terminan por justificar la discriminación es la representación estereotipada de las personas LGTBI. La aprobación hace dos años de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) dotó de un amparo legal a los colectivos que anteriormente se encontraban en la indefensión respecto a las representaciones realizadas en los medios. La regulación de contenidos permite a aquellos colectivos o personas que se sientan afectados por contenidos discriminatorios solicitar una rectificación ante la Superintendencia de Información y Comunicación, derecho que ya fue utilizado por la organización Silueta X contra el programa Pareja Feliz por “apología de la discriminación” en escenas en la que aparecían actores interpretando a personas homosexuales. Después de varias denuncias, la cadena de televisión Teleamazonas anunció la salida definitiva de Pareja Feliz de su programación.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fotografías de Sofía Barajas

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