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Costa Rica: Preocupante aumento de los crímenes sexuales

Según las autoridades, en 2011 sólo se habrían producido 12 casos de feminicido, 11 de ellos a manos de parejas de hecho y uno solo perpetrado por el marido. En otros 28 casos, la autoría corrió a cargo de ex parejas, novios o pretendientes y siete fueron crímenes sexuales, asesinatos que el gobierno considera violencia de género “a tener en consideración"

Carolina Galera - Feminicidio.net - 27/12/2012

España, Madrid - El amor como posesión, el la maté porque era mía sigue siendo hoy en día la primera causa de feminicidio en Costa Rica, un país en el que, pese a contemplar por primera vez en seis años un descenso del 10% en su tasa de homicidios, ve incrementarse el número de crímenes contra las mujeres, especialmente más allá del ámbito de la pareja. Las estadísticas del 2011 del Consejo Superior del Poder Judicial, que contabilizó 40 mujeres muertas por sus parejas, reflejan también un fuerte aumento de los casos de violaciones y abusos sexuales, 16 en total, de los que siete acabaron con la vida de las víctimas, tres de ellas menores de edad.

Cuarenta mujeres asesinadas por violencia de género en un país de cuatro millones y medio de habitantes, que se precia de ser una de las democracias más consolidadas de América Latina. Costa Rica abolió el ejército con la Constitución de 1949, es el tercer país más seguro del continente tras Chile y Uruguay, según el actual Indice de Paz Global ,  y el país americano con mayor libertad de prensa (decimonovena posición a nivel mundial) según Reporteros sin Fronteras. También es el primer Estado de América Latina en abolir la cacería deportiva por una Ley de Iniciativa Popular, y tiene a una mujer, Laura Chinchilla, como presidente desde febrero del 2010.

Acercar las cifras oficiales a la realidad es objetivo prioritario para las asociaciones feministas, que año tras año recalcan la diferencia entre lo que el marco legal costarricense reconoce como feminicidio (asesinato de una mujer cometido en una relación matrimonial o unión de hecho) y las condiciones recogidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Para), de la que Costa Rica es país firmante.  De acuerdo a la legislación costarricense,  en 2011 sólo se habrían producido 12 casos de feminicido, once de ellos a manos de parejas de hecho y uno sólo perpetrado por el marido. En otros 28 casos, la autoría corrió a cargo de ex parejas, novios o pretendientes y siete fueron crímenes sexuales, asesinatos que el gobierno considera violencia de género “a tener en consideración”.

Otras 22 mujeres fueron asesinadas, ocho por robo, seis por venganza, una por error al alcanzarle una bala que no iba destinada a ella, tres a manos de sicarios y otras dos por lo que se consideran “asuntos relacionados al narcotráfico”.

FALACIA E IMPUNIDAD

En declaraciones a Radio Internacional Feminista, Sylvia Mesa, presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, calificó de “falacia” las cifras difundidas a principios del presente año al dejar fuera de la figura del femicidio otras posibilidades, mientras que Ana Carcedo, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), reconoció que si bien el escenario más común es el de la pareja, preocupa el ascenso de los crímenes sexuales, el doble que en los dos años anteriores: “Son personas conocidas o desconocidas que atacan para violar y luego matan; es una expresión de misoginia social que los hombres tengan permiso de disponer del cuerpo de las mujeres”.

Para Carcedo, autora junto con Montserrat Sagot del informe “Femicidio en Costa Rica 1990-1999”,  la violencia contra las mujeres es algo más que un baile de números y porcentajes. Nacida en Madrid, llegó a Costa Rica en 1975. Dedicada en principio a su formación como titulada en Ciencias Físicas, quedó personalmente marcada por la masacre de Alajuelita de 1986, cuando una mujer y seis niñas fueron violadas y asesinadas por un grupo de ex rebeldes nicaragüenses refugiados en la zona. Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años, era madre de tres de las víctimas (Mª Gabriela, de 16 años, María Auxiliadora, de 11 años, y Carla Virginia Salas Zamora, de 9 años) y tía de las otras tres (Alejandra, de 13 años, Carla María de 11 años, y María Eugenia Sandí Zamora, de cuatro años).

El crimen quedó impune y los delitos prescribieron en 1998 sin que se lograra encontrar a los culpables. Dos hombres pasaron cinco años en la cárcel acusados falsamente, mientras que la policía atribuyó la organización del asesinato a El Psicópata, personaje que no se llegó a identificar y al que se considera autor otros 12 crímenes ocurridos hasta el año 1996, ya que el arma utilizada era la misma (una subametralladora M-3) y las lesiones que presentaban las mujeres, similares.

En declaraciones al diario La Nación en octubre de 2006, Gerardo Lascarez, subdirector del Organismo de Investigación Judicial en la época de los crímenes, reconocía que la investigación fue “un fiasco y una frustración”, en la que “se perdió el rumbo desde el principio” al considerar la barbarie “un acto de delincuencia común”. Las únicas pruebas científicas que se recogieron (una muestra de semen y una huella palmar) no se conservaron y las pesquisas provocaron una fuerte división interna policial, además de evidenciar una falta de apoyo de la Fiscalía.

HOTEL DE LA MUERTE

Veinticinco años más tarde la policía costarricense considera a otro psicópata el autor de la violación y muerte de cinco mujeres drogadictas en la provincia de Limón durante el primer semestre del 2011. La última, Melissa Marlene Morales, de 30 años y madre de un adolescente de 14 años, luchaba por desengancharse de las drogas y había retomado sus estudios en el colegio nocturno con el apoyo de su familia. Una recaída, la busca de una “última piedra”,  le costó la vida.

Su cuerpo apareció boca abajo entre dos tumbas del cementerio municipal. “A mí no me van a matar” aseguró la noche anterior a su amiga María, drogadicta como ella, cuando se dirigía a la Cienaguita, un lugar a las afueras de la ciudad, conocido como el Hotel de la Muerte porque allí aparecieron las dos primeras víctimas de este asesino que algunos testigos identifican con un drogadicto de la zona, “Juan del Diablo”. Según María, su nombre real es Juan Davis y amenaza públicamente a las mujeres antes de matarlas. No se ha detenido a ningún sospechoso hasta la fecha.

Sin embargo, la figura del psicópata como autor de los crímenes contra las mujeres, no pasa de ser anecdótica, siendo la de un familiar o conocido de la víctima la más frecuente. Entre los casos de las tres menores violadas y asesinadas en Costa Rica el año pasado destaca el de Marta Luz Borbón Monge de 10 años, cuyo cuerpo apareció semidesnudo en un cañaveral de Cajón de Pérez Zeledó. La niña desapareció camino a casa de su tía y, después de ser ultrajada, murió de un balazo en la barbilla.

Su padrastro manifestaba a los medios de comunicación que había sido una venganza de alguien a quien denunció por intentar robarle un caballo. Su tía Elisabet aseguraba que la niña ocultaba algo y no quería vivir en casa de su madre. El crimen también permanece impune.

PROTECCION EFECTIVA

Las expectativas para el 2012 no son mejores. A punto de finalizar el año, las últimas cifras oficiales facilitadas por la Fiscalía correspondientes al  primer semestre contabilizan siete feminicidios reconocidos como tales por la ley, mientras que para el mismo periodo, el Departamento de Inteligencia Policial del Ministerio de Seguridad Pública reconocía atender 222 casos diarios de violencia doméstica en el país, de los que un doce por ciento corresponden a infracciones de la Ley de Violencia Doméstica y Penalización de la Violencia Contra las Mujeres.

Cinco años después de la aprobación de la Ley  asociaciones y activistas reconocen que si bien es “una buena herramienta legal” que supuso un hito en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres (Costa Rica fue el segundo país en el mundo en aprobar una normativa específica para la violencia de género y el feminicidio), es restrictiva y genera una alta desestimación de los casos registrados por falta de pruebas.

En un artículo publicado en el diario La Nación, Maureen Clarke, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), indica que los delitos más frecuentes en el ámbito de la violencia de género son el incumplimiento de las medidas de protección y las amenazas contra las mujeres. En el primer trimestre de 2011 se dieron 74 detenciones por estos motivos, pero sólo cinco casos culminaron en sentencias condenatorias.

Para Clarke, la solución podría encontrarse en la aplicación de penas alternativas que prevé la propia Ley: detención de fin de semana, prestación de servicios de utilidad pública o lo que se denomina cumplimiento de instrucciones y extrañamiento, que se enmarca dentro de lo que podría estimarse una política de prevención efectiva.

“Llama la atención”, destaca, “que aún no se ha ordenado la aplicación de la pena de cumplimiento de instrucciones, es decir, no se ha remitido a ningún agresor a un programa especializado para ofensores, orientado al control de conductas violentas y a tratamientos completos, psicológicos y psiquiátricos”.

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