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“El Estado español trata a inmigrantes sin papeles como delincuentes”

A raíz de que las redadas racistas contra personas extranjeras sin papeles se hicieran frecuentes en Madrid, hace tres años surgió una iniciativa ciudadana, las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (BVODH), integradas por vecinos y activistas de derechos humanos que se encargan de vigilar y denunciar los abusos policíacos e institucionales cometidos contra inmigrantes. Entrevistamos a Nerea García, abogada, feminista y miembra del colectivo

Graciela Atencio -- Feminicidio.net -- 10/12/2012

España, Madrid - “Ningún ser humano es ilegal”. Sin embargo, en la Unión Europea, la que hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos recibe el premio Nobel de la Paz, existen ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda clase. Las personas irregulares o “sin papeles” son ciudadanos de segunda clase, muchos de ellos, perseguidos y detenidos en cárceles a las que se las denomina eufemísticamente como Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), antes de ser deportados a sus países de origen. En España existen 10 CIEs y algunas de las personas que acaban allí, resultan detenidas en las llamadas “redadas” policiales, que efectúan en la vía pública, metro, estaciones de autobuses, en barrios habitados y/o transitados por inmigrantes. A raíz de que se convirtieron en una práctica cotidiana y frecuente en Madrid, hace tres años, también un 10 de diciembre, surgió una iniciativa ciudadana, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH), integradas por vecinos y activistas de derechos humanos que se encargan de vigilar y denunciar los abusos policíacos y el hostigamiento xenófobo del que son víctimas las y los inmigrantes sin papeles. Entrevistamos a Nerea García, abogada, feminista y activista de los derechos humanos y miembra de Brigadas, en víspera de la presentación del segundo informe sobre Controles de Identidad Racistas en Madrid (martes 11 de diciembre, a las 11.30, librería Traficantes de Sueños, calle Embajadores, 35 -local 6-, Madrid).

- En los últimos meses han salido varias noticias en la prensa sobre los controles de identidad por perfil étnico y también sobre la respuesta que contra ellos da vuestro colectivo, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH). ¿Podrías explicarnos quiénes son y cuándo nacen?

- Las BVODH somos un grupo de personas, vecinas de distintos barrios de Madrid, que tratamos de dar una respuesta colectiva y organizada a los controles policiales conocidos como “redadas” dirigidos a personas por su “apariencia de extranjeros”.

- Nacemos de la rabia y de la ilusión, con la confianza en que la sociedad civil organizada puede hacer algo junta. Surgimos en 2009, en respuesta a estas redadas racistas que hace la policía y que presenciábamos a diario. Gente que a menudo era parada, identificada y retenida – e incluso a veces detenida- tan sólo por sus rasgos físicos. La primera acción de calle la realizamos el día 10 de diciembre de 2009, hace ya tres años, celebrando el día de la Declaración de Derechos Humanos. En el proceso (de preparación y organización) aprendemos y nos enriquecemos de otras experiencias, como las Brigadas Civiles de Observación de los Derechos Humanos en Chiapas y Guatemala que hacen de la solidaridad un camino cotidiano, las Cop Watch que registran y difunden la represión policial en Estados Unidos, o las prácticas de desobediencia civil del Movimiento de Objeción de Conciencia en el Estado español.

- Dices que nacen y se organizan en torno a las redadas, ¿A qué denominas “redada”, cuáles son sus características y dónde se producen?

- Llamamos “redadas” a los controles de identidad realizados por el Cuerpo Nacional de Policía, de forma planificada, donde el espacio se limita y se controla la movilidad de las personas que allí se encuentran para proceder a su identificación. Las identificaciones se realizan casi siempre a personas que parecen ser migrantes.

- Estos operativos policiales se dan en nuestra ciudad todos los días y en lugares diversos (vía publica, estaciones de metro, en sitios a los que acude la población migrante como locutorios o servicios jurídicos) y van dirigidos principalmente (por no decir exclusivamente) contra personas que parecen “extranjeras”. Por ejemplo, en la estación de autobuses de Moncloa de Madrid, hay controles de identidad prácticamente a diario, entre las 20.00 y las 22.00 horas en los autobuses que vienen de Majadahonda, Las Rozas o Aravaca (zona de clase acomodada de la ciudad) contra las personas que desde allí se trasladan: generalmente mujeres extranjeras, trabajadoras de servicio doméstico. Por eso consideramos las redadas discriminatorias, racistas, clasistas e injustas.

- Son ilegales. Según la legislación vigente, sólo se pueden hacer identificaciones masivas en condiciones de excepción y alarma. Así mismo, que estos controles sean dirigidos exclusivamente a extranjeros suponen un objetivo claramente discriminatorio, prohibido por la Unión Europea y las normas y pactos internacionales que el Estado español ha suscrito.

- ¿Cómo plantean sus acciones y cuáles son los objetivos del colectivo?

- Nuestro objetivo es visibilizar estas prácticas discriminatorias y expresar nuestro rechazo a las redadas. Nos parece importante actuar en contra de la impunidad de quienes las ordenan y las ejecutan, que al menos no sientan que pueden continuar con estas actuaciones ilegales e injustas sin siquiera ser observados o cuestionados. Estas prácticas suponen una violación de los Derechos Humanos. Ni la Policía ni las instituciones están respondiendo (ni política ni judicialmente) de la existencia de las redadas, ni cuando han sido denunciadas por colectivos sociales, ni por Instituciones como la ONU, Amnistía Internacional o distintas organizaciones de la sociedad civil.

- Dado que han sido habitualmente negadas por el Estado español, apostamos por recopilar datos que permitan denunciar el racismo institucional. Creemos importante sistematizar datos, reales, desde abajo, para exponerlos públicamente y contraponerlos a la opacidad y falta de transparencia de nuestras instituciones. Para ello lo que hacemos son “brigadas”, que son salidas a la calle de al menos cuatro personas, identificadas con chalecos naranjas en los que consta “Observadores de Derechos Humanos, vigilando a los vigilantes”. En nuestras salidas hablamos con vecinos y anotamos los datos (lugar, fecha, contexto, papeles presentados) de los controles policiales, si los encontramos. Estos datos son una forma de denunciar su existencia, porque desde las instituciones se siguen negando los controles por perfil racial, a pesar de que los vemos a diario.

- Queremos, ante todo, acabar con los controles y redadas a personas migrantes, luchar contra el racismo institucional, recuperar los espacios públicos para la convivencia y denunciar que las redadas son una forma mas de control social. También hablamos con los vecinos para intercambiar opiniones, escuchar sus experiencias y transmitir la idea de que estos controles son una forma de violencia, criminalización y hostigamiento.

- Nos parece fundamental acabar con la indiferencia, el miedo y la impunidad. Por eso transmitimos un mensaje a favor de la solidaridad y el apoyo mutuo, desde la creencia de que la violación de los Derechos Humanos, aunque aparentemente parezca dirigida solo contra un sector de la población, en realidad nos afecta a todas y todos.

- ¿Cómo participan las personas que integran las Brigadas anti-redadas y cómo se organizan para denunciar los abusos de la Policía?

- Somos, ante todo, un colectivo de acción de calle, un grupo de confrontación directa, legítima y no violenta, que actúa principalmente en los espacios públicos, a través de las brigadas o salidas. Con este trabajo de calle, de vecineo y de nuestras salidas como brigadistas, cuando presenciamos un control, permanecemos en el lugar documentando esa situación e informando a las vecinas de lo que realmente está ocurriendo, para que de esa manera, al menos no pasen desapercibidos. Apostamos por formas de participación horizontales, asamblearias y autónomas en las que pueda intervenir cualquier vecina o vecino del barrio. Estamos convencidas de la fuerza de la acción colectiva y la necesidad de elaborar respuestas desde nuestro entorno más cercano.

- Hay otras formas de participación. Se puede colaborar enviando avisos de los controles que se vean por Twitter , email o web . También se puede participar entrando a formar parte del colectivo, para lo cual es imprescindible hacer un taller de formación.

- Comentabas que llevan funcionando tres años ¿Qué han comprobado del funcionamiento del Estado español en este periodo?

- En primer lugar, hemos comprobado que la Policía, por orden del Ministerio del Interior, realiza controles sistemáticos de identificación determinados por la apariencia de las personas. En segundo lugar, hablando con vecinos y recogiendo testimonios, hemos podido comprobar las nefastas consecuencias que estos controles tienen sobre las personas que pueden ser identificadas, desatando auténticos “ciclos de privación de libertad”. Las personas que no tienen papeles se ven limitadas en sus actividades diarias, ante el miedo de sufrir un control, poder ser retenidos por la Policía y encarcelados en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su deportación.

- Nosotras entendemos que estos controles tienen también horrorosas consecuencias para todos los ciudadanos de un barrio o vecinos. Aceptar el recorte de derechos es siempre un paso atrás, y permitir la segregación social y criminalización de un sector de la población, dificulta la convivencia y nos afecta a todas. Además, la actuación de la Policía esta generando la creencia, entre algunos vecinos, de que los inmigrantes son delincuentes. Que si hay un extranjero junto a la Policía es porque “algo habrá hecho”, cuando casi siempre se trata de un control para comprobar que la persona tiene “papeles”. Tenemos que recordar que no tener papeles es una mera falta administrativa, como aparcar en doble fila y no un delito. Permitir que la Policía actúe de forma arbitraria e impune es perjudicial para todas y una forma mas de dejarles avanzar en mecanismos de control y represión social.

- Y durante estos tres años, ¿ha habido cambios en el discurso de las instituciones?

- Cuando comenzamos, podemos decir que las redadas eran un fenómeno casi invisible. Ni la prensa ni muchas personas conocían su existencia. Posteriormente, desde el gobierno socialista se negaban la existencia de redadas, a pesar de ser una practica habitual, diaria y cotidiana en nuestra ciudad. En la actualidad, la Delegada del Gobierno del Partido Popular dice que ya no existen, que ya no se hacen. Cada vez más se esconden estos dispositivos racistas en justificaciones de “mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana”, lo cual potencia a la vinculación entre migración y delincuencia en el imaginario social.

- ¿Cómo ha afectado el surgimiento del movimiento 15M a la labor de ustedes? ¿Consideran que hay una relación entre la visualización de las redadas y este proceso vivido en tantas plazas?

- Sin duda, en Madrid, el 15M ha afectado muy favorablemente a la denuncia de las redadas. Desde el segundo día de la Acampada en Sol, se creó una comisión de “Migración y Convivencia”, en la que participábamos mucha gente de Brigadas y otros colectivos , donde la sensibilización y denuncia de las redadas y los Centros de Internamiento de Extranjeros fue fundamental. De hecho, fueron dos líneas de trabajo que se trasladaron a los barrios y que las Asambleas asumieron, llegando a frenar algunas de estas prácticas policiales en barrios como Oporto o Lavapiés.

- En ese sentido, en la recopilación de datos que realizamos desde BVODH, una fuente esencial es la de los avisos que nos envían desde los barrios a través de Twitter. Entre nuestro primer informe, publicado en julio de 2011 y el que vamos a presentar este 11 de diciembre, la riqueza y cantidad de los datos ha aumentado gracias a la participación de gente que conoció esta situación a través del 15M.

- Imaginamos que como defensores de derechos humanos tienen bastantes apoyos, pero al criticar una realidad que se dirige desde las máximas instituciones del Estado y se ejecuta por la Policía se habrán encontrado obstáculos. ¿Cuál ha sido la reacción institucional al activismo de Brigadas?

- Las reacciones han sido muy diversas. Por un lado, hay instituciones como el Defensor del Pueblo que nos ha recibido y escuchado, pero por otro estamos sufriendo también duras críticas y sanciones. Es habitual que durante las Brigadas, la Policía requiera la documentación de las personas participantes en las BVODH, amenazándolos y coaccionándolos para que dejen de realizar la observación y el reparto de información. Además, hemos sido también criticados por la actual Delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

- Entre diciembre de 2010 y mayo de 2011 trece personas del colectivo han sido identificadas por la Policía y sancionadas por la Delegación de Gobierno. Se nos acusa de “provocar reacciones en el público que alteren o pueden alterar la seguridad ciudadana”, que es un falta de la Ley de Seguridad Ciudadana, sancionada con multas de entre 300 y 500 euros cada una. En la actualidad, tenemos pendientes ocho procedimientos sancionadores, por valor de 3.408 euros. En estos procedimientos nos acusan de que “estamos orientados a obstaculizar la labor policial, que ejercemos presión sobre ellos y creamos un clima hostil hacia la Policía”.

Después de las sanciones administrativas, comenzaron las acusaciones penales. En noviembre de 2011 cuatro personas fueron denunciadas por “ofensa a los agentes de la autoridad”, aunque afortunadamente, fueron absueltas por el Juzgado. En los últimos meses varias personas que han reaccionado contra las redadas racistas han sido acusadas por la Policía de cometer delitos penales y juzgadas por ello. Con todo esto lo que intentan es asustarnos para que detengamos nuestra actividad de observadores ciudadanos, además de ponernos en problemas para conseguir recurrir y pagar las multas.

- Cuando salen de recorrer las calles y se paran a mantener conversaciones con los vecinos: ¿cuál es la reacción en los barrios, cómo contestan y qué transmite la gente?

- Las reacciones son muy variadas, encontramos de todo: gente que nos apoya y nos anima, gente que no se había fijado en las redadas, gente que está a favor de los controles y la expulsión de los extranjeros sin papeles….buf, de todo. Hay gente indignada y gente indiferente. Al principio era más habitual que los vecinos no hubieran reparado en las redadas, pero después de que el tema saliera en prensa, prácticamente todo el mundo nos dice que las ve. Ahora nos avisan incluso de controles dentro de los trenes de metro y también nos comentan que en los últimos meses hay muchos policías no uniformados pidiendo papeles.

- ¿De qué manera sistematizan el trabajo de Brigadas?

- Al mismo tiempo, que trabajamos en la denuncia de las redadas y la coacción a los brigadistas, documentamos estos abusos. Publicaremos un informe con todos los datos obtenidos en el último año y además estamos planteando recursos judiciales por las sanciones y una demanda de vulneración de derechos fundamentales. Hemos denunciado a la Delegación de Gobierno de Madrid porque entendemos que con la imposición de sanciones a defensores de derechos humanos lo que en realidad se está produciendo es una vulneración de la libertad de expresión, el derecho de asociación y nuestro derecho a la tutela judicial efectiva. Lo cierto es que en el procedimiento se nos han negado pruebas importantes, como son las grabaciones de las cámaras de video de la plaza donde ocurrieron los hechos y se nos acusa sin pruebas, de tener objetivos que no constan en ningún lugar.

- Por último, pero no menos importante, intentamos trabajar en red con otros colectivos. Se mantienen reuniones en el tema de sanidad y se participa en la Plataforma de Desobediencia Civil, para pensar juntas formas de resistencia pacífica y creativa. Os invitamos a seguir de cerca y participar de nuestras acciones, así como a difundir nuestro último informe. Toda acción de visibilización es fundamental en este momento de graves recortes de derechos humanos y sociales.

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