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 El servicio doméstico en España: una realidad feminizada e invisibilizada

En España, las funciones de las trabajadoras del sector del servicio doméstico continúan invisibilizadas y su situación es precaria. A pesar de las mejoras legales en las condiciones laborales del sector, España sigue sin ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce y desarrolla condiciones laborales dignas para las empleadas domésticas

 

 

Nerea García Llorente — Feminicidio.net — 17/09/2015  

 

España, Madrid - El servicio doméstico es un sector que ha experimentado un amplio crecimiento en los últimos 20 añosSe calcula que al menos 53 millones de personas trabajan en el servicio doméstico a nivel mundial, de las cuales 83% son mujeres. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que en España un 14,4% de los más de 17 millones de hogares cuentan con una trabajadora regular que presta algún tipo de servicio doméstico (ver PDF adjunto).

 

A pesar de ello, y de ser tareas imprescindibles para que muchas personas puedan llevar una vida digna, se trata de funciones históricamente invisibilizadas. Son actividades asumidas mayoritariamente por mujeres, en la esfera privada o doméstica, que gestionan nuestra vida cotidiana en un mundo globalizado.

 

Las cadenas globales de cuidados han sido una de las temáticas más y mejor abordadas desde los movimientos feministas, lo que ha generado presiones sobre las instituciones para mejorar la situación legal de sus trabajadoras, si bien siguen existiendo obstáculos importantes en el desarrollo, reconocimiento y protección eficaz de las mismas.

 

 

En 2012 comenzaron a aplicarse mejoras legales en las condiciones laborales en España

Por un lado, debemos reconocer el avance jurídico que supuso la aprobación en 2011 de una nueva normativa para el servicio doméstico respecto a la anterior, que databa de 1985. Por el otro, no podemos obviar que a día de hoy sigue sin ratificarse el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que la realidad de las trabajadoras de este sector sigue siendo  precaria y de segunda categoría (en derechos, condiciones económicas, reconocimiento social, etc.). El 14 de noviembre de 2011 se aprobó el Real Decreto 1620/2011, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar y ese mismo año se realizaron modificaciones para este sector en materia de Seguridad Social

 

El servicio doméstico sigue teniendo en España un régimen especial y, en consecuencia, tiene una regulación específica y con peores condiciones que las de los trabajadores sujetos al Estatuto de los Trabajadores.

 

Actualmente, se garantiza por ley el cobro del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo global anual. Para el año 2015 la cuantía asciende a 9.080,40 euros (648,60 euros mensuales por 14 pagas). Superada esta cuantía mínima, en verano y navidades las pagas extras pueden ser la mitad del sueldo, y caben descuentos por manutención y alojamiento de hasta el 30% del salario. Es decir, la trabajadora debe recibir  9.080 euros cada año, o la parte proporcional que le corresponda por jornada realizada, además de los otros pagos en especie que se le puedan imputar. Asimismo, según la norma escrita,  los descansos entre jornadas deben ser de 12 horas (con la anterior normativa eran ocho para internas y 10 para externas) y de 36 horas continuadas semanales, con los domingos incluidos.

 

El nuevo Real Decreto también mejora la cuantía de la indemnización en caso de despido. Si bien la normativa ha permitido que continúe en vigor la figura del desistimiento (despido sin causa alguna), que no existe en el Estatuto de los Trabajadores, lo cierto es que se ha aumentado su indemnización de 7 a 12 días por año, y se ha establecido un preaviso mínimo de siete días, que debe ser de al menos 20 en caso de relaciones laborales de más de un año de duración. Esta previsión normativa supone una mejora sustancial, especialmente para las trabajadores internas, que perdían alojamiento y trabajo sin preaviso, y quedaban en una situación de exclusión y vulnerabilidad máximas. Al mismo tiempo que felicitamos la letra de la norma, debemos reconocer que no hay mecanismos reales y efectivos que garanticen este derecho ni un castigo ante su incumplimiento. De hecho, tampoco es de aplicación a este sector la ley de prevención de riesgos laborales (que se dirige únicamente a empresas).

 

En lo que respecta a la seguridad social, la mejora más importante fue el cobro de la baja por enfermedad común a partir del cuarto día en lugar de a partir del 29º día, como era hasta entonces. En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional se cobra el 75% de la base reguladora, lo que vuelve a demostrar la menor protección de este sector. Si bien desde el 1 de enero de 2012, cuando entró en vigor el citado RD, las condiciones por maternidad se equiparan al régimen general, no lo hacen las prestaciones por desempleo. Las trabajadoras del servicio doméstico en España no cotizan para tener acceso a esta prestación, con la consiguiente desprotección que esto supone.

 

Todos estos derechos son de aplicación, independientemente de que exista contrato escrito o de la situación administrativa de la trabajadora (aunque esté en situación irregular puede acudir a los juzgados o a Inspección de Trabajo para reclamar estas condiciones).

 

 

Las mejoras normativas no cumplen los parámetros mínimos a nivel internacional

Varias organizaciones, así como el director de la Oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto, han instado al Gobierno a ratificar el Convenio 189 sobre la equiparación de los trabajadores domésticos, que establece, entre otras cuestiones, su derecho a las prestaciones de desempleo. El Convenio 189 ofrece protección específica al sector del servicio doméstico, acuerda los derechos y principios básicos, y exige a los Estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos.

 

El representante de la OIT ha asegurado que la necesidad de reforzar los derechos de los empleados domésticos "no es menor", en tanto que se trata de un sector creciente que ha pasado en 20 años de 33 millones a 53 millones de trabajadores en todo el mundo, y que sólo en España ocupa a unas 700.000 personas.

 

Es preciso poner en valor el trabajo doméstico en sí mismo, ya que "no sólo implica la limpieza de las casas, sino también [el] cuidado de los seres más queridos". Se ha denunciado que “[e]ste trabajo no está suficientemente valorado en la sociedad, tal vez porque lo ejercen mayoritariamente las mujeres y los inmigrantes”, como reflexionan Nieto y Carolina Elías, presidenta de la organización SEDOAC–Servicio Doméstico Activo– y miembro del equipo técnico de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España.

 

La OIT es un organismo especializado de Naciones Unidas que tiene como objetivos la promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo, la creación de oportunidades de empleo y la mejora de las condiciones laborales en el mundo. Este organismo, fundado en 1919, cuenta con una composición en la que participan Gobiernos, empleadores y trabajadores. Sus funciones esenciales son: el establecimiento y supervisión de normas internacionales del trabajo que respeten principios laborales básicos, la prestación de asistencia técnica y la búsqueda y difusión de información.

 

España pertenece a la OIT de manera continuada desde 1956 (formó parte desde su fundación, aunque dejó de ser miembro entre 1941 y 1956), si bien inauguró sus actividades en 1986 y no ha suscrito todos sus convenios. También están pendientes de ratificar otros convenios sobre el trabajo a tiempo parcial, la maternidad o los trabajadores del sector pesquero.

 

El Convenio 189 se firmó en 2011 y ya ha sido ratificado por 17 países. La suscripción por España pondría las bases para "conseguir que el empleo doméstico sea un trabajo decente, valorado por su importancia y en igualdad de derechos que el resto", y, en consecuencia, un gran paso en la justicia social.

 

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